El futuro en su cargo de la ministra de Industria, Débora Giorgi, pende de un hilo. Y la tijera que podría cortar ese hilo la tiene en sus manos su pard e Economía, Axel Kicillof. Resta saber si se la pasará a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que haga el resto, o bien la ventilación mediática puede ponerle un efecto retardo a la decisión, par ano ceder ante lo publicado por La Nación.
El periodista de La Nación, Francisco Olivera, revela hoy que un grupo de funcionarios de Industria por una "incompatibilidad con el ejercicio de la función pública".
Empresarios que se sienten "ninguneados" o cuyas iniciativas fueron relegadas por la gestión de Giorgi abonan la teoría de que "vive sus últimos minutos", según confiaron, en estricto off the récord, a Mdz.
Al presentar el "lado oscuro" del régimen de reintegros a la producción de bienes de capital La Nación explica en que consiste el beneficio: "Esos bonos, que el Estado ofrece desde 2001 para saldar la desventaja que supone haber sacado los aranceles de importación, son reintegros de 14% en las ventas de lo que fabrican las empresas. Pero obtenerlos implica un trámite: se debe iniciar un expediente en la Secretaría de Industria y cumplir con requisitos específicos (como mantener el personal y no tener deudas con la AFIP). Después de seis meses y auditorías a través de convenios con universidades, si no hay imprevistos las compañías reciben los bonos".
Y luego señala, con nombre y apellido, a los que funcionarios que están bajo sospecha: "El sector neurálgico para el pago de subsidios es la Subsecretaría de Coordinación, que conduce el contador Marcos Ricardo Coy, área que debe aprobar a qué empresas entregárselos y en la que proliferan asesores o colaboradores sin cargo específico. Entre ellos, los hermanos Sergio Gastón Ricardo y Dante Fabián Ricardo y Alejandro Luis Favaratto. También está involucrado el director de Compras y Contrataciones de la cartera, Juan Cruz Arce. Allí aparece el primer punto sensible: algunos de estos gestores son, a su vez, profesores de la UBA (o mantienen vínculos con ella), que aporta el conocimiento para las auditorías que definen la entrega de esos bonos".
Una vez presentados los protagonistas, relata los pormenores de la "compleja" trama. Las empresas Indecar Maquinarias SA e Intertec SA, en la mira. El rol del Sergio Gastón Ricardo, el gestor externo que tiene "acceso irrestricto y autorizado a las instalaciones" del Ministerio de Industria. Las sospechas que recaen sobre Arce.
La Nación afirma que "la presencia de Arce es la prueba de que el ministerio ha decidido acudir a la UBA como auditora de la mayoría de estas operaciones. Profesor adjunto de Sistemas Administrativos de la Facultad de Ciencias Económicas, tiene vínculos políticos con Emiliano Benjamín Yacobitti, líder de la UCR porteña, actual secretario de Hacienda y Administración de la UBA, histórico dirigente de Franja Morada y ahora militante de Nuevo Espacio. Arce es contador y se presenta en Linkedin con dos cargos relevantes que lo convierten en uno de los pocos kirchnermacristas del país: es director de Compras y Contrataciones del Ministerio de Industria y, al mismo tiempo, consultor de Recursos Humanos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires".
La denuncia
La diputada nacional Elisa Carrió (Frente Amplio-UNEN) denunció penalmente a la ministra de Industria, Débora Giorgi, por la supuesta entrega de subsidios a empresas que presuntamente pertenecen a funcionarios de esa cartera. La denuncia, basada en una nota publicada este miércoles por el matutino La Nación, recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello.
Carrió pidió que, además de a Giorgi, se investigue si otros funcionarios del Ministerio de Industria pudiesen estar involucrados en las supuestas maniobras.
"Allí aparece el primer punto sensible: algunos de estos gestores son, a su vez, profesores de la UBA (o mantienen vínculos con ella), que aporta el conocimiento para las auditorías que definen la entrega de esos bonos", acotó la legisladora.
La dirigente de la Coalición Cívica consideró que los supuestos hechos "podrían configurar" la comisión del delito de "negociaciones incompatibles con la función pública y/u otros posibles actos ilícitos".
Por último, la diputada reconoció que en el Ministerio, según público el diario, "negaron que haya funcionarios dueños de empresas que cobren subsidios de esa cartera".