"Necesitamos un Estado inteligente, que controle"; bajo esa especie de mea culpa, Guillermo Elizalde, ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, anunció su pretensión de crear una Agencia de Protección Ambiental (APA) que reemplazaría a la actual Dirección de Protección Ambiental.
Justo cuando el debate minero se recalienta en la agenda pública y bajo el pretexto de "profundizar los controles", Elizalde salió a marcar la cancha.
Esta mañana, cerca de las 10.30, golpeó la puerta del despacho de Jorge Tanús, presidente de la Cámara de Diputados, y le dejó unas someras líneas de -lo que será- un proyecto de ley para poner en marcha una Agencia de Protección Ambiental de Mendoza.
El objetivo de la iniciativa se presenta ambicioso y, por el momento, carece de ciertos fundamentos prácticos.
En las palabras del ex ministro de Desarrollo Social con la agencia en cuestión se pretende conseguir "un Estado inteligente y que controle todo lo que pueda generar algún tipo de impacto ambiental".
Tras llevarle el borrador a los legisladores del bloque del Frente para la Victoria (FPV), comentó a la prensa que se basó en un modelo de una Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y que las metas fundamentales serán: "Que controle fuertemente, que regule y que sea la policía ambiental de manera tal que el Estado esté por delante y, no como a veces pasa, que en términos de control y regulación no puede acompañar la generación y la atracción de inversiones".
Esquivó situar su anuncio en la discusión "minería, sí; minería, no" e insistió: "Tenemos que controlar cualquier tipo de actividad que genera impacto ambiental y lo debemos hacer en forma profesional".
Sucede que hay que contextualizar la avanzada de Elizalde en una semana en la que los máximos directivos de las empresas rusas Solway y Aterra Capital llegaron de Moscú a la provincia con el objetivo de reactivar el proyecto minero San Jorge en Uspallata.
De hecho las firmas se aprestan a inaugurar formalmente en el microcentro de Mendoza para atender "todo tipo de consultas", según lo adelantaron ejecutivos del proyecto a MDZ.
Al hacerle referencia a la visita de los directivos rusos, el Ministro sostuvo: "El Gobierno necesita generar inversiones y que se generen puestos de trabajo así como necesita un control que se profundice; un control transparente, descentralizado y autárquico", según definió el rol de la APA.
Al preguntarle sobre el Presupuesto que manejará esta nueva dependencia, comentó: "Con tasas de fiscalización; es decir, cada actividad que se realiza (minería- petróleo) se paga una tasa que va a ir exclusivamente para la Agencia de Protección Ambiental".
En ese orden, se lo consultó por la actual Dirección de Protección Ambiental y, de manera contundente, aclaró: "La DPA desaparece. Tal y cual la conocemos fue creada en 1989 cuando era gobernador José Octavio Bordón. Hoy necesitamos modernizar esa dependencia, darle más competencia, mayor capacidad y jerarquizar a los profesionales para que junto con las universidades puedan brindar un control riguroso para todas las actividades".
Al repreguntarle sobre si la decisión de "desaparecer la DPA" tiene que ver con un dudoso funcionamiento, deslizó: "La DPA ha funcionado y responde a un paradigma de 1989; hoy ha pasado mucho tiempo y se necesita profundizar el control".
Elizalde le llevó un borrador a Tanús quien, previo a su correspondiente tratamiento legislativo, le dio su aval: "Queremos que Mendoza crezca, se desarrolle y tenga inversiones y trabajo para la gente" y dijo que el control se aplicará a cualquier actividad: "Sea por el petróleo, por las inversiones mineras sustentables y sea por toda la otra serie de actividades que está generando nuestro Gobierno".
El proyecto, en sí, todavía no fue escrito aunque estiman que la semana próxima ingresará formalmente a la Cámara de Diputados para su tratamiento. "A fin de año, si el tratamiento legislativo así lo permite, podremos tener en marcha esta agencia", se mostró confiado Elizalde.