Si bien existe un fuerte rechazo del arco opositor, el Frente para la Victoria tiene garantizada la aprobación de la Ley de Hidrocarburos en el Senado con al menos 39 votos, entre propios y aliados tradicionales, en la sesión que se llevará a cabo el miércoles.
En la Cámara alta, el bloque kirchnerista cuenta con 32 miembros propios y 7 aliados tradicionales, que lo acompañan en todas las votaciones. Con esos votos, al oficialismo le bastaría para aprobar el proyecto y girarlo a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
Por esta horas, la oposición no cuenta con el número suficiente para rechazar la propuesta, aunque ya se expresaron en contra la UCR, el interbloque FAP-UNEN-CCARI, el Pro y el Peronismo Federal, durante el plenario de comisiones de esta semana.
En ese marco, los senadores opositores insistieron en que existe un avance de la Nación sobre las provincias petroleras, que verían afectadas las regalías que perciben por la actividad y que –sostienen- fueron “presionadas” para acordar el proyecto con el Ejecutivo.
Además, advierten que esas provincias verán recortadas sus facultades para negociar sus áreas hidrocarburíferas y que la Nación busca alzarse con la recaudación de la renegociación de los contratos de los yacimientos concesionados.
El gremialista petrolero y presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, Guillermo Pereyra (MPN) adelantó su rechazo al sostener que “no va a votar a libro cerrado”.
El senador explicó que no acompañó el dictamen de mayoría en comisión porque el oficialismo se negó a realizarle cambios al proyecto y que merece un debate con todas las provincias afectadas.
“No firmé el dictamen de comisión porque no estoy de acuerdo. Es una violación a la Constitución Nacional y a la Ley Corta”, sostuvo el senador, en diálogo con MDZ. Además sostuvo que “uno no puedo votar esto, que es un espanto y hecha a medida de YPF”.
No se pueden hipotecar los bienes que son de las provincias.
“La ley actual permite cinco bloques de exploración y cinco de explotación, e YPF tiene más de 100. Entonces, esto es blanquear una situación irregular que se venía dando”, aseguró Pereyra.
Además, aseveró que, en cuanto a las las renovaciones automáticas, “si bien es cierto que está bajo autoridad de las provincias, que es la autoridad de aplicación, estas renovaciones no pueden ir en el tiempo, sobre todo si hay una mejor oferta. Pedí modificarlo y no se pudo tampoco, porque llevan por delante con la mayoría que tienen en el Senado”.
Esta ley debe ser debatida con la sociedad, no puede salir con tanto apuro.
Hay que recordar que el proyecto obtuvo dictamen favorable este miércoles en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y de Minería, Energía y Combustibles, donde fue defendido por funcionarios del Ejecutivo y gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).
Qué dice la propuesta oficial
El objetivo que el Gobierno se propuso con la actualización de la ley petrolera actual es atraer nuevas inversiones para explotar el potencial no convencional del país y así poder subsanar los gastos en importación de combustibles por lo no producido.
Entre otros aspectos, el proyecto establece nuevos plazos para las concesiones, ampliados y diferenciados según el tipo de explotación.
La nueva norma habilitaría 25 años para los yacimientos convencionales, 35 años para los no convencionales y 30 años para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina. Las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones.
Además, acorta los plazos de los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración. Estas no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares, en todos los casos.
Para adjudicar las concesiones, el texto establece un mecanismo de licitación competitiva, de modo de otorgarlas a las empresas que ofrezcan la mayor inversión.
Para las nuevas licitaciones, en tanto, el proyecto suprime las reservas de áreas, mientras que las empresas provinciales “podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión”.
También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un "pliego modelo" a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.
El proyecto establece que el concesionario de explotación pagará mensualmente al concedente en concepto de regalía un 12 por ciento.
Por cada prórroga otorgada, las provincias podrán incrementar en un 3 por ciento las regalías, pero con un tope del 18 por ciento.