Un grupo de militantes de la organización Túpac Amaru fue a cobrarse las promesas incumplida al edificio de la Municipalidad de Guaymallén. Allí, de acuerdo con el relato de una y de otra parte, habrían sido reprimidos por los preventores municipales y ellos, habrían destruido instalaciones de la comuna. De hecho, entraron encapuchados y paralizaron la actividad, cambiaron la agenda no solo del intendente, sino del resto de los empleados del edificio y de cientos de personas que habían concurrido a realizar sus trámites. Un día perdido.
El motivo esgrimido fue que les debían la certificación de las cloacas en los barrios que la entidad construye, en virtud de su relación con el gobierno nacional, que les deriva en todo el país más dinero que a los municipios para cubrir el tema y les permite decidir a quién otorgárselas, con quiénes y en dónde construirlas. En este punto, lo que se hace es ignorar el rol institucional del Estado a través de las municipalidades: vaciar esa instancia para otorgarle poder a una organización de carácter político que adquiere relevancia partidaria cada vez que hay elecciones y deciden a quién apoyar.
En medio de su reclamo, exigieron que no haya testigos. Insultaron y acompañaron hasta la salida al equipo periodístico de MDZ que había llegado hasta el lugar para informar sobre la parálisis de la actividad municipal y la toma del edificio público. Decidieron todo: con quién hablar y con quién no; quiénes podían escucharlos y en qué momento la Municipalidad puede funcionar y cuándo no.
Pero lo peor del caso no es sólo esto: el Gobierno sucumbió rápidamente ante su reclamo y decidió liquidarles, desde el Instituto Provincial de la Vivienda, lo adeudado. En vano, el intendente protestó por los daños y las formas en que desarrollaron el reclamo.
Un Gobierno que en muchas de sus instancias está en cesación de pagos, pagó. Una señal peligrosa para cientos, sino miles, de otros acreedores del Estado que están esperando que se reactive la cadena de pagos para sostener sus proyectos, sus familias y evitar un efecto dominó con consecuencias impredecibles.
El mensaje de la Túpac Amaru y sus protectores es nefasto: el que patotea, gana.
La titular de la agrupación en Mendoza, Nélida Rojas, se dio el placer de agredir a los periodistas de MDZ en vivo y en directo, pero también por teléfono, cuando fue entrevistada por MDZ Radio, que le dio el derecho a expresar su punto de vista.
La simplificación es ridícula: quien no piensa como ellos, no se suma a sus métodos y no se calla ante sus gritos, es “de derecha”, “un maricón” o “un niño bien”, como le dijo la dirigente a los conductores de la emisora que le estaban consultando acerca de lo sucedido en Guaymallén.
Los militantes de Túpac Amaru se quisieron mostrar como los “desplazados” del sistema, pero la verdad es que han logrado una situación de privilegio que los muestra más como el núcleo, que como las márgenes de las decisiones políticas: se les dan los recursos que piden para que hagan lo que quieran y, cuando se enojan, todos corren a solucionarles sus problemas. Meten miedo y los funcionarios se asustan.
Este “Frankestein” generado en la última década no representa en absoluto a los sectores postergados: reciben más fondos que los intendentes a los que el pueblo elige, y a ellos no los vota nadie; toman decisiones en supuestas asambleas populares en donde sus integrantes están encapuchados y no en los ámbitos que la Constitución define como los correctos y tampoco han logrado modificar la Carta Magna como para que se les dé la razón a sus métodos.
Lo sucedido en Guaymallén es un dato mayor al que la dirigencia de Mendoza tiene que prestarle atención para que no se convierta en una norma no escrita. Es la cosecha de lo que se sembró y ahora la sociedad termina como rehén de una disputa de sectores internos del partido del Gobierno.