Más allá de las “expresiones de deseo” del gobernador Francisco Paco Pérez en relación a la puesta en marcha de la Policía Judicial bajo la órbita del Poder Judicial, el procurador de la Suprema Corte de Justicia, Rodolfo González fue escéptico, reclamó la asignación “real y efectiva” de partidas presupuestarias y sostuvo que no se obtienen efectivos profesionalizados “de un día para el otro”.
Pedro Llorente (SCJ), Francisco Pérez (Gobernador), Carlos Ciurca (Vicegobernador) y Carlos Aranda (Ministro de Seguridad).
A días del acuerdo del traspaso de la Policía Científica de la órbita del Ministerio de Seguridad al Poder Judicial, Paco firmó junto con las máximas autoridades de la Suprema Corte de Justicia el convenio de puesta en marcha de la Policía Judicial.
A pesar del tono celebratorio que utilizó el Ejecutivo para anunciar este acuerdo “histórico” que tiene lugar luego de 62 años de creada la Policía Judicial en el marco de la ley 6.730; el jefe de los fiscales, Rodolfo González, se mostró más crítico e incrédulo al indicar que la efectiva ejecución de esta policía dependerá, pura y exclusivamente, de la asignación de partidas presupuestarias; además de, claro está, la preparación correspondiente que deba brindarse a los efectivos de la Policía Científica que pasarán a desempeñar otras funciones.
“Hace 60 años que se creó el Código Procesal Penal en la provincia donde venía incluida la creación de la Policía Judicial. Por ello, para nosotros es un paso muy importante y, sobre todo, desde lo conceptual porque implica la articulación de los tres poderes del Estado en la definición de políticas públicas”, celebró el mandatario provincial tras la firma del convenio.
Añadió, en ese sentido, que durante años el enfrentamiento edilicio de los poderes Judicial y Ejecutivo se vio reflejado en el modo de gestionar desarticulada y desagregadamente.
“Primero que nada, hay que decir que desde el Ejecutivo se entendió, durante mucho tiempo, que se podía deslindar y obtener rédito político y ello no nos condujo a nada sino a, en concreto, no poder articular políticas públicas entre los tres poderes”, señaló Paco jactándose del logro.
En ese orden, aseguró que una Policía Judicial será una herramienta para garantizar “mayor celeridad no sólo en la resolución de casos sino, también, al momento de tener que allanar un domicilio o de actuar rápidamente cuando tengamos indicios sospechoso de conductas delictivas”.
La puesta en marcha entre dudas
El convenio firmado no indica plazos concretos de ejecución de la Policía Judicial y, de hecho, a través de la última cláusula señala que “entrará en vigencia a partir de su ratificación por parte de el Gobierno mediante el decreto correspondiente y por la Corte a través de Acordada de estilo”.
A pesar que desde el Ejecutivo hayan planteado que “antes de fin de año” podría ser un hecho la Policía Científica devenida en Policía Judicial, el procurador calificó a tales palabras como “expresiones de deseo” y dejó entrever que sin partidas presupuestarias concretas y sin la preparación correspondiente de los uniformados lo único en concreto es el traspaso de una institución de un poder a otro.
“Son expresiones de deseo que espero las incorporen al presupuesto y se asignen las partidas correspondientes. Esto no se hace de un día para el otro; de hecho, para la policía investigativa hay que preparar a los efectivos. A lo mejor lleve dos años capacitar a los efectivos, tienen que estudiar criminología, ver que sepan manejar armas en caso de que se requiera un equipo armado”, reparó González en conversación con MDZ Online.
“¡¿Cómo vamos a hacer una policía profesionalizada en dos días?!”, apuntó el procurador dejando entrever que la ejecución de la Policía Judicial no será inmediata y que lo único que hay en el horizonte es, sí, una decisión política histórica.
Rodolfo González, procurador de la Suprema Corte de Justicia.
Asimismo, la máxima autoridad del Ministerio Público hizo hincapié en la necesidad de que se asignen partidas presupuestarias “reales y efectivas”. Amplió, en esa línea, que durante dos años consecutivos la Procuración pidió al Ejecutivo recursos económicos y humanos para poder aplicar el CPP en el sur y en el Valle de Uco pero nunca llegaron.
Según González si bien se indicó en las leyes de presupuesto 2009 y 2010 la asignación de recursos correspondientes se agregó un artículo que indicaba que se cumplimentaría con tales partidas siempre que “la recaudación lo permitiese”.
Bajo ese temor, el jefe de los fiscales enfatizó: “Siempre pedí presupuesto para la Policía Judicial y jamás se asignó. De hecho, nunca he manejado ni un peso ni he tendido nada. Al contrario en la ley del Ministerio Público se habló que el ministerio debía tener sus recurso y ello jamás se llevó a la práctica”.
Pérez aseguró a propósito de lo que dijo González que, como autoridad máxima del Gobierno provincial, movilizará los recursos que sean necesarios para la proclamada puesta en marcha.
Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Llorente, se mostró más moderado y tras valorar la “articulación de los tres poderes” dijo que si bien por el momento, sólo, se ha transferido peritos a la Policía Judicial falta un segundo paso, una segunda etapa, que tendrá que ver con la “faz investigativa”.
“La idea del Gobierno y de nosotros es transformarlo y llevarlo lo más rápidamente posible para que funcione como debe corresponder”, dijo el jefe del máximo tribunal sin ofrecer fechas concretas.
Pedro Llorente, presidente de la Suprema Corte de Justicia.
¿Por qué esperar 62 años?
Mientras que el Ejecutivo cargó contra la falta de voluntad y decisión política de pasadas gestiones y el Judicial -a través de González- puso énfasis en la falta de recursos económicos y humanos para cumplir con una Policía Judicial que duerme desde hace 62 años en la figura legal; Carlos Ciurca, vicegobernador y presidente del Senado, se refirió a una histórica puja y tensión entre poderes.
Los máximos referentes de los poderes Judicial y Ejecutivo juntos.
En diálogo con MDZ Online, el líder de la Corriente Peronista negó que los años perdidos para ejecutar la Policía Judicial tuvieran relación con falta de recursos o de reasignación de los mismos y postuló que, en realidad, siempre hubo temor desde el Ejecutivo a perder poder y, desde el Judicial, nunca se garantizó poder hacerse cargo de tal cuerpo policial.
“Creo que esto es un mensaje muy fuerte para los delincuentes que verán achicado el margen de impunidad. Los recursos ya existen en la provincia pero nunca hubo una decisión política a este respecto. La resistencia tuvo que ver con el temor a perder poder de parte del Ejecutivo y la nula garantía, desde el Judicial, de poder hacerse cargo de un área como la Policía Judicial”, señaló el vicegobernador tras la firma del convenio.