Las últimas medidas anunciadas por el Gobierno provincial en materia de seguridad están apuntadas a resolver las demandas que la sociedad mendocina reclama para detener la ola de inseguridad en un corto y razonable lapso de tiempo.
En su generalidad, el paquete de acciones contra la inseguridad que Francisco Pérez quiere llevar a cabo podría aplicarse en el corto plazo y comenzaría a tener resultados casi inmediatos. De todas formas, existen algunos puntos que requerirían más tiempo para su correcto funcionamiento. Este es el caso de la mentada Policía Judicial.
Para dilucidar estas cuestiones, MDZ Online consultó con el diputado radical Luís Petri, uno de los legisladores que más está involucrado en los asuntos referidos a la política de seguridad. Para el legislador, quien presentó varios proyectos que actualmente Pérez quiere llevar a la práctica, muchas de las medidas pueden aplicarse en un corto plazo de tiempo, aunque dependerá principalmente de las partidas presupuestarias y la decisión política de mantenerlas en el tiempo.
Por otro lado Petri sostuvo que hay otras medidas, como la Policía Judicial, que requerirán más tiempo y tendrían que ser implementadas de manera gradual y escalonada.
De la Científica a la Judicial. Tanto el gobernador Pérez como su vice Carlos Ciurca explicaron que este viernes se firmará el convenio para concretar el traspaso de los 170 miembros de Policía Científica al ámbito del Poder Judicial y mañana ingresaría a la Legislatura el proyecto para la creación de la Policía Judicial. Petri recordó que presentó un proyecto similar el año pasado, el cual no prosperó por desinterés del oficialismo. De hecho indicó que "no se las metas ni tengo muchas precisiones" de la iniciativa oficialista.
Más allá de ello, el legislador consideró que con un simple traspaso no alcanza, ya que la Policía Judicial debería completarse con un equipo de investigadores civiles que respondan al Procurador y a los fiscales. De todas formas, consideró posible que el traspaso inicial de los 170 al ámbito judicial en 30 días (como desea el Gobierno) es posible, pero la conformación de la Policía Judicial "debe ser gradual" y eso lleva más tiempo.
En su proyecto, Petri proponía que la Policía Judicial comenzara a funcionar en la 3ra Circunscripción (San Rafael, Malargüe y General Alvear) en el año 2014, un año después debería estar funcionando en la 1º Circunscripción (Gran Mendoza y Lavalle) y de forma plena en toda la provincia para el año 2017.
Mayor presencia de policías en la calle. Este anuncio fue realizado directamente desde el Ministerio de Seguridad por el nuevo Secretario de Seguridad, Sergio Rocamora, y el jefe de la Policía, Ángel Fozatti. Para Petri, esta es una medida que requiere un tiempo más prolongado que otras anunciadas, principalmente por la incorporación de más efectivos a la fuerza.
Si se mantiene el actual número de policías y no se producen renovaciones, esta medida produciría un desgaste en las fuerzas de seguridad y puede hacerla insostenible en el tiempo. Por ello, para Petri "es necesario incorporar nuevos efectivos todos los años", y no solamente para cubrir las bajas que se presentan por jubilaciones y demás motivos (hay efectivos que se retiran a los 45 años), sino que también deben seguirse incorporando más efectivos.
Esto lo convierte, para el legislador radical, en una medida de mediano plazo necesariamente para garantizar la presencia policial en las calles y que ello pueda sostenerse en el tiempo.
Tres nuevas Oficinas Fiscales en el Gran Mendoza. las mismas estarían ubicadas en los barrios La Favorita (Capital) y La Gloria (Godoy Cruz), y en la Comisaría nº 35 de Rodeo de la Cruz (Guaymallén), llevando la numeración 19, 20 y 21. En este caso, Petri consideró que la creación de estas unidades puede ser en el corto plazo, aunque ello está sujeto, como en la mayoría de los casos, al incremento de las partidas presupuestarias tanto al Poder judicial y al Procurador General, sobre todo por los recursos humanos que insumirían.
Ampliaciones y modificaciones de los Juzgados Correccionales, de Garantías y de Flagrancia / Creación de Unidades Fiscales por delitos de robo de autos y delitos penales económicos. Ambas ideas fueron anunciadas por el Gobierno tras la reunión entre el Gobernador y representantes de la Suprema Corte y preven tanto la agilización como la profesionalización de ciertos tratamientos de delitos.
Tal como expresó en otras oportunidades, Petri se mostró favorable a estos cambios y consideró que son posibles ponerlos a la práctica en el corto plazo, aunque al igual que en el caso anterior, está sujeto al incremento de partidas presupuestarias para lograr la operatividad.
También consideró como muy importante que se amplíen los Juzgados de Flagrancia, los cuales permitirían una mayor fluidez en los trámites judiciales. Ya había presentado un proyecto similar por el año 2010, aunque en su momento fue cajoneado en la Legislatura.
Profundizar la oralidad en algunas instancias judiciales. Lo anticipó Ciurca luego de la reunión con el Poder Judicial y será tratado próximamente en el ámbito legislativo. Petri indicó que este tipo de medidas pueden aplicarse con inmediatez, ya que solo requieren de retoques en el sistema procesal que no requieren insumos extras.
Creación del Banco Genético de ADN. Junto con la Policía Judicial, es uno de los anuncios más importantes para el Gobierno. Permitiría poseer los registros de material genético extraído de los delincuentes para lograr la detención de aquellos reincidentes, los cuales representan un elevado porcentaje entre los autores del delito.
En este caso, el Ejecutivo provincial sí tomara el proyecto que Petri presentó en el año 2010 y que logró media sanción en la Cámara de Diputados. El autor de esta legislación consideró que el Régimen Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas "es una vieja deuda de los mendocinos" para combatir la reincidencia.
Petri aseguró que en la provincia "tenemos los suficientes recursos humanos y técnicos para implementar el Registro en el corto plazo".
En resumen, Luis Petri aseguró que desde el Estado "se deben tomar paquetes de medidas en simultáneo y sostenerlas en el tiempo, ya que implementarlas por sí solas y que luego sean desestimadas al poco tiempo por fines electorales no resolverán la problemática de la inseguridad".