La Policía Científica devendrá en Policía Judicial, habrá nuevas unidades fiscales, se reubicará a la Policía Vial y se tratarán tres proyectos de ley en la Legislatura. Todo ello, constituye el arsenal de anuncios con el que el gobernador, Francisco Pérez, busca armarse contra la inseguridad.
Carlos Ciurca, vicegobernador; Francisco Pérez, gobernador y Jorge Tanús, presidente de la Cámara de Diputados.
Luego de una reunión de casi dos horas que mantuvo Pérez con autoridades del Poder Judicial y Legislativo, anunció, entre otras cuestiones, el traspaso de la Policía Científica a la órbita de la Suprema Corte de Justicia y a la Procuración General del Ministerio Público.
De este modo, el total de los recursos humanos -los 170 efectivos que integran la Unidad de la Policía Científica- será transferido al Poder Judicial. Así este cuerpo de efectivos dejará de estar bajo el control del ministro de Seguridad, Carlos Aranda y pasará a ser gobernado por el procurador de la Suprema Corte, Rodolfo González.
Carlos Aranda, ministro de Seguridad y Félix González, ministro de Gobierno; participaron de la cumbre pero no dieron declaraciones a la prensa.
En tanto el Ejecutivo fue optimista en señalar que la transferencia de tal organismo dependerá -sólo- de un convenio y un decreto; el procurador planteó sus dudas y dijo que habría que modificar la ley 6.722, norma que dispone las reglas generales del funcionamiento y la organización de los policías de la provincia.
“Si no hay recursos, supongo que no va a haber Policía Judicial. Además hay que ver si esto sale por ley o decreto. Hay que ver si es suficiente con sólo un acuerdo o decreto. Yo entiendo que hace falta una ley o una modificación de la 6.722. Recién se han dado los primeros pasos para, después de unos 63 años, lograr la policía judicial”, dijo, con reservas, González.
Concentrado en responder –rápidamente- al clamor de la comunidad tras los sucesivos hechos de violencia registrados –Marcos Derpich (45), Sebastián Prado (37); algunos de los homicidios más visibles- el mandatario sumó al anuncio de la Policía Judicial, dos más: nuevas unidades fiscales y la reubicación de la Policía Vial al barrio Unimev en Guaymallén.
Romina Ronda, subsecretaria de Justicia junto a Ciurca.
Pérez detalló que habrá nuevas unidades fiscales en la Comisaría del barrio La Favorita para descomprimir las unidades fiscales de Capital; otra en el barrio La Gloria en Godoy Cruz y otra en la Comisaría 35 en Guaymallén. Asimismo, prometió unidades fiscales por materia delictiva.
“Las primeras que pondremos en marcha serán la de robo y sustracción de automotores y la de delito penal económico; con esto lograremos mayor especificación y profesionalidad en el tratamiento de estos delitos”, aseveró el Gobernador.
Al ser consultado por los recursos que se necesitarán para lograr tales modificaciones apuntó que es prioritario atender los reclamos de la inseguridad y que, en base a ello, podrán derivarse partidas presupuestarias, de ser necesario.
El Vicegobernador en calidad de presidente del Senado provincial, Carlos Ciurca, participó de la cumbre entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y dijo que se presentarán tres proyectos de ley para su tratamiento en la Casa de las Leyes:
1) Profundizar la oralidad en algunas instancias judiciales para acelerar y hacer más eficientes los procedimientos. 2) Crear un banco de ADN que permita contar con mayor tecnología y facilite las investigaciones. 3) Ampliar los juzgados correccionales en Juzgados de Garantía y Correccionales, por una parte, y Juzgados de Flagrancia, por otra.
Luego del despacho exprés que tanto gobernador y vicegobernador ofrecieron a la prensa, Pedro Llorente, ministro de la Suprema Corte de Justicia, elogió el encuentro y deslizó que en problemáticas de Justicia y Seguridad los poderes del Estado no pueden trabajar de modo aislado y prometió: “Trataremos de llevar adelante estas modificaciones lo más rápido posible porque la sociedad nos está exigiendo respuestas”.
En otro orden de cosas, el procurador González, quien se mostró más escéptico con los plazos de aplicación de estas modificaciones, aseguró que el Poder Judicial ya ha hecho su parte para la aplicación del Código Procesal Penal en toda la provincia y especificó que en el Valle de Uco, por ejemplo, harán falta 4 fiscales.
“Todas las cosas llevan su tiempo. Con el tema del Código Procesal Penal, nosotros tenemos todo hecho para hacer la licitación y nos está faltando el tema principal que es la Comisaría 15 de Tunuyán. Es decir, si se hacen los arreglos necesarios y el Consejo de la Magistratura asigna los fiscales y los recursos necesarios lo cumplimentaremos”, refirió el jefe de los fiscales.
Finalmente, Romina Ronda, subsecretaria de Justicia y candidata para ocupar una banca en el Congreso de la Nación por el Frente Para la Victoria (FPV), reforzó el optimismo del gobernador respecto a la puesta en marcha de la Policía Judicial y, tras enfatizar que está creada desde hace más de 50 años, postuló que
"En menos de un mes la Policía Científica podría pasar a la órbita del Poder Judicial. Se está definiendo cuál será el instrumento legal apropiado; hemos propuesto un proyecto de convenio para ser ratificado por la Corte vía acordada y por el Poder Ejecutivo vía decreto que, a su vez, podría ser ratificado vía legislativa"
"Estando la voluntad política que es lo que nunca hubo se resolverá muy rápido", aseveró.