El fiscal Maximiliano Hairabedián, que entiende en una causa en la que el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime está acusado de sustracción de pruebas, pidió hoy una pena de un año de prisión condicional para el exfuncionario.
En el marco del juicio oral contra Jaime, que empezó ayer y podría terminar hoy, el fiscal Hairabedián señaló que hubo "discordancias" en los testimonios acerca de "aspectos secundarios del hecho, no sobre el principal" y que "la fiscalía está segura de que los hechos existieron", en relación con el supuesto ocultamiento de pruebas en que habría incurrido Jaime.
El exsecretario de Transporte kirchnerista, sobre quien pesan más de veinte denuncias de corrupción repartidas en distintos tribunales del país, empezó el martes a ser juzgado por el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba, acusado de sustracción de pruebas en grado de tentativa.
Jaime afirmó que los hechos que se le imputan "nunca existieron" y señaló: "No entiendo por qué me acusan".
"No intenté ocultar nada. No entiendo por qué me acusan ya que esos hechos que se me atribuyen no ocurrieron", aseguró Jaime en alusión al supuesto ocultamiento de unas tarjetas personales durante un allanamiento dispuesto por el juez federal Norberto Oyarbide en 2010, en la casa de una hija del exfuncionario, en Carlos Paz.
De ser encontrado culpable, Jaime igualmente no corre peligro de ir a prisión por tratarse de un delito menor, cometido en el marco de otra causa por presunto enriquecimiento ilícito, que se investiga en Buenos Aires.
Durante el procedimiento realizado en 2010, en el cual se secuestró abundante documentación, el exsecretario de Transporte habría intentado esconder en su bolsillo una tarjetas personales que decían "Ricardo Jaime, director ejecutivo, Cerro Motos".
Siempre según la Fiscalía, uno de los policías que intervenían en el allanamiento detectó la maniobra y le advirtió a que si no devolvía el tarjetero sería registrado en su persona y detenido, por lo cual Jaime lo puso en su lugar.
Esas tarjetas podrían haber conectado a Jaime con uno de los hijos del ministro de Planificación, Julio de Vido, Santiago, quien se desempeñó como ejecutivo de Cerro Motos, aunque tras el allanamiento esas tarjetas se extraviaron y nunca llegaron al juzgado de Oyarbide.