Luego de las elecciones internas, abiertas y simultáneas del 11 de agosto último, el Gobierno nacional sumó ocho fallos en contra, lo que indica una tendencia que puede interpretarse como equilibrio de poderes, o bien, que la Casa Rosada dejó de tener un interlocutor válido con Comodoro Py, que condicione la efectividad de ciertas decisiones del oficialismo transformada en medidas.
La primera de ellas se produjo en julio último, cuando la Corte Suprema firmó una resolución intimando a la provincia de Formosa y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a reformular el cronograma de actividades para la realización del censo que permita interceder en el conflicto entre el Gobierno y la comunidad Qom La Primavera.
La segunda ocurrió la semana última, cuando la Corte Suprema declaró inaplicables varios artículos de la Reforma Judicial impulsada por Cristina Fernández. El máximo tribunal de justicia concretamente impugnó las leyes sobre la declaración jurada de bienes de los jueces, el ingreso al Poder Judicial y la publicación de sentencias de los tribunales, según reveló un artículo publicado por Infobae.
La tercera corresponde a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que dictó una cautelar que suspendió de manera provisional la aplicación de un artículo de la ley de Mercado de Capitales que prevé la intervención de la Comisión Nacional de Valores en una empresa si se considera que pudo haber "vulneración" a los intereses de accionistas minoritarios.
Esta medida se puede interpretar como una pieza importante en la embestida de la Casa Rosada contra el grupo Clarín, ya que la sala A de ese tribunal falló en base a un planteo de ese periódico, pero la medida queda vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo acerca de la validez de esa norma, por lo que dejó sin efecto la aplicación del inciso A, segunda parte, en los apartados I y II del artículo 20 de la Ley 26.831.
El cuarto revés llegó de la Corte Suprema, cuando ratificó la medida cautelar de la Cámara Civil y Comercial, que había frenado la expropiación del predio ferial de Palermo, adquirido por la Sociedad Rural en 1991. Se trató de una embestida que no prosperó de La Cámpora, que intentó de esa manera retomar el conflicto con entidades rurales iniciado en 2008. En este caso, la Corte consideró que el recurso presentado por el Estado nacional estuvo fuera de los términos procesales establecidos por la ley.
El quinto caso incide directamente en el polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno y fue cuando, a principios de agosto, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó un planteo del Gobierno para que la Corte Suprema de Justicia intervenga en una de las causas que se iniciaron por las multas que la Secretaría de Comercio Interior les aplicó a consultoras privadas por difundir índices alternativos de precios. La Sala II de la Cámara no hizo lugar al recurso extraordinario que presentó Comercio Interior para llegar al máximo tribunal y ahora el Estado tiene la posibilidad de recurrir directamente ante la Corte a través de un recurso de queja.
La sexta caída se produjo a inicios de esta semana, cuando la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario del que el Estado nacional pretendía llegar a la Corte Suprema de Justicia para que ésta resolviera su pedido de ser parte querellante en la investigación por la tragedia ferroviaria de Once. A partir de ahora y desde el Ministerio de Transporte de la Nación, al Gobierno sólo le queda recurrir en queja, cuyo recurso no tiene efectos suspensivos y cuenta con menos chances que con el recurso extraordinario que ya fue rechazado.
Y llegamos al séptimo revés, ocurrida hace pocas horas: luego de que la Justicia Federal frenara el desalojo de hangares en el aeroparque Jorge Newbery de las empresas de taxis aéreos: Mac Air y Tango, esto se convirtió en un antecedente para que LAN siga el mismo camino. De este modo, el juez federal en lo Civil y Comercial N 11, Carlos Héctor Álvarez, dictó las medidas cautelares en una decisión que "deja sin efecto el desalojo del hangar y todas las consecuencias".
El octavo revés llegó cuando la jueza Claudia Rodríguez Vidal frenó el desalojo LAN del hangar de Aeroparque hasta que se defina la legalidad de la decisión tomada por el Gobierno a través del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), a pocas horas de cumplirse el plazo máximo de 10 días, indicó el artículo de Infobae.