Duro revés para Gils Carbó de la Corte

La decisión de la Corte es sobre la designación de la Procuradora Adjunta Alejandra Cordone Rosello, la cual había sido defendido por la Procuradora General de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia declaró hoy inválido el nombramiento que hizo la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó de una fiscal subrogante en el organismo.

La decisión de la Corte es sobre la designación de la Procuradora Adjunta Alejandra Cordone Rosello, el cual había sido defendido por la Procuradora Gils Carbó luego de un cruce verbal que mantuvo esta última con el Tribunal. 

Las fuentes judiciales consultadas por Noticias Argentinas explicaron que sólo refiere la invalidez respecto a esta Procuradora Adjunta, más allá que a Gils Carbó se le cuestiona la designación de unas 40 fiscales subrogantes por lo que afronta una causa penal en su contra.

Un grupo de organizaciones cercanas a la política judicial del Gobierno se habían presentado ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar su intervención en el expediente que involucra a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, por supuestas designaciones irregulares de fiscales sin acuerdo del Senado. La resolución de la causa había sido considerada inminente y el resultado será una señal para los sectores que pujan por el protagonismo en los tribunales. Detalles que, junto a otros vericuetos políticos, fueron conversados en el acuerdo que los ministros mantuvieron hoy, había publicado, antes de conocerse el revés que recibió la Procuradora, Ámbito Financiero.

Con el CELS, que preside el periodista asesor Horacio Verbitsky, como principal ariete, el grupo de entidades solicita recurrir a la institución del "Amicus Curiae", o "Amigos del Tribunal", con el fin de brindar su opinión ante los ministros como antesala de la resolución final. Se trata de un escenario similar a la disputa por la ley de medios que también espera el fallo del máximo tribunal.

Cuestiones tácticas: la habilitación de las opiniones demoraría una resolución que la propia Gils Carbó que ya había sido anticipada como adversa. La causa llegó a la Corte luego de una presentación por la actuación de la procuradora fiscal subrogante Alejandra Cordone Rosello, recurso que fue impulsado por el senador de la UCR, Mario Cimadevilla .

Estas entidades defienden las designaciones ya que entienden que son inevitables desde un punto de vista operativo y que sin fiscales es inviable que las investigaciones progresen. Existe otro punto en común con la procuradora: la convicción de que es necesaria una reforma del Código Procesal Penal que dé paso a un sistema acusatorio en el cual el peso de la instrucción de las causas quede a cargo de fiscal y no del juez, como sucede actualmente.

Si bien la Corte tiene jurisprudencia favorable al "Amicus Curiae", este escenario suele tener mejores chances cuando los que buscan expresarse representan distintos puntos de vista (como sucede con la causa de la ley de medios). Una pluralidad necesaria que hasta anoche no se veía en las peticiones elevadas al tribunal.

En la Corte prevalece la idea de que las designaciones de Gils Carbó son contrarias a lo dispuesto en el fallo Rosza de 2007, en el cual se da prioridad a las suplencias de jueces jubilados (que tengan el acuerdo) por sobre funcionarios en actividad que no hayan pasado por el Congreso. Ese tecnicismo favorece posibles vendettas contra la principal referente de la corriente Justicia Legítima, grupo cercano al oficialismo cuya última aparición al aire libre incluyó una manifestación contra la Corte Suprema por el fallo que declaró inconstitucional la reforma judicial.

En el cuarto piso de la calle Talcahuano no dejaron de registrar que tanto Esteban Righi como Nicolás Becerra también nombraron fiscales sin acuerdo del Senado. Sin embargo, también anotaron, hay una diferencia: Gils Carbó nombró 40 fiscales en menos de 18 meses de gestión y además desplazaría a hombres históricos del ministerio público por secretarios con menos experiencia en la investigación de delitos complejos.

El primer cruce entre el máximo tribunal y Gils Carbó llegó a principio de año, cuando la procuradora recomendó a los ministros firmar una acordada que habilite el pago del Impuesto a las Ganancias. Le respondieron que el tema estaba en agenda en la Corte y le recomendaron leer los reglamentos. Contundente.