La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concluyó que la IGJ (Inspección General de Justicia) no puede imponer ninguna condición para entregar información sobre las sociedades registradas bajo su órbita ni mucho menos exigir un "interés legítimo" para acceder a estos datos, según publicó hoy Hugo Alconada Mon en su columna para diario La Nación.
"No se necesita ningún requisito especial para que una persona, sea cual fuere su calidad, pueda solicitar, acceder y recibir información, como así tampoco existe impedimento alguno para ello", concluyeron, en un fallo unánime, los camaristas Jorge Alemany, Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani.
"Cada ciudadano -sin importar su condición- tiene derecho a estar informado y obtener la información contenida en los documentos y registros públicos", añadieron los camaristas, que le dieron 10 días a la IGJ para que le entregue la documentación que había solicitado, dos veces, el diputado nacional (UCR) Ricardo Gil Lavedra.
La Justicia admitió así el amparo presentado por el titular del bloque de diputados radicales, luego de que las autoridades de la IGJ, que responden a La Cámpora, rechazaran sus pedidos de información pública por carecer de "interés legítimo".
"Es un mensaje claro de que no puede tolerarse este funcionamiento de la IGJ, un organismo que el Gobierno usó y sigue usando a su antojo para borrar las huellas de la corrupción de sus funcionarios más representativos", afirmó Gil Lavedra.
La Justicia admitió así el amparo presentado por el titular del bloque de diputados radicales, luego de que las autoridades de la IGJ, que responden a La Cámpora, rechazaran sus pedidos de información pública por carecer de "interés legítimo".
"Es un mensaje claro de que no puede tolerarse este funcionamiento de la IGJ, un organismo que el Gobierno usó y sigue usando a su antojo para borrar las huellas de la corrupción de sus funcionarios más representativos", afirmó Gil Lavedra.
Tras el estallido del escándalo, en febrero de 2012, el diputado presentó dos pedidos ante la IGJ. Pidió que le informara si investigaba irregularidades en la creación y funcionamiento de Ciccone Calcográfica y otras sociedades vinculadas a la operatoria bajo sospecha. También requirió copias de la documentación disponible sobre todas esas firmas.