El pasado lunes, la Presidente Cristina Kirchner promulgó una de las pocas leyes que logró sortear con éxito, aunque no exenta de polémicas, la hasta ahora frustrada "democratización de la Justicia". A través del Decreto 895/13, se reglamentó la Ley 26857 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, referida a las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos.
Dicha norma establece algunas polémicas modificaciones a la vieja ley que regulaba las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado. Según la oposición y especialistas en temas jurídicos, la nueva ley hará mucho más difícil y menos exigente dichos documentos, entre otras cosas.
Por ello, y como uno de los principales detractores de la ley, el diputado nacional y ex fiscal de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido (UCR-Ciudad de Buenos Aires) dialogó con MDZ Radio y aseguró que la reciente norma promulgada es un "retroceso contradictorio con los deseos de la sociedad" y vio detrás de ello intereses políticos y electorales.
En primer lugar, Garrido acusó al oficialismo de que dijo "que la ley iba a ampliar la publicidad de las declaraciones porque se iban a publicar en Internet, pero la trampa estaba en que un artículo establecía que iba a ver un cambio de formulario y éste tiene mucha menos información pública que los anteriores".
Otro de los cambios resistidos por la oposición se refiere a la información en las declaraciones juradas sobre cónyuges y convivientes. En ese sentido, Garrido indicó que "la declaración jurada pública que se llenaba hasta ahora establecía la necesidad de detallar todos los bienes del cónyuge, conviviente o grupo familiar. Ahora esa información se va a colocar en un sobre cerrado y se exige mucho menos que antes".
Con respecto a la eliminación de la Comisión Nacional de Ética Pública, creada en 1999 para reforzar el seguimiento de la conducta patrimonial de los funcionarios. Sin embargo, ésta nunca se constituyó. Pero, según explicó el político en la nueva ley "no va a haber ningún reemplazo".
"Es cierto que la Comisión nunca se constituyó en sus doce años de vigencia, pero por resistencia de los funcionarios a ser controlados. Con Margarita Stolbizer habíamos presentado un proyecto, proponiendo una oficina de control con autonomía en cada uno de los poderes, que no fue considerado", aseveró. Y agregó: "Ese es otro de los retrocesos de la reforma de la Justicia".
Por último, Garrido hizo un balance final sobre la nueva ley y su promulgación: "Más que lástima es un retroceso y contradictorio con las expectativa de la sociedad en medio de los cuestionamientos por corrupción. Habría que explicarle al ciudadano común que el Gobierno está limitando y siendo menos exigente con las declaraciones juradas de los funcionarios".
Escuchá la entrevista completa.
Hacete Cargo, lunes a viernes de 17 a 20, MDZ Radio FM 105.5