El fallo de juez Pablo G. Cayssials, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Número 9, en referencia a la suspensión de las elecciones primarias para elegir a los consejeros de la Magistratura, despertó muchas dudas y suspicacias, ya que varios interpretaron la medida como un freno a las elecciones primarias (PASO) del 11 de agosto.
Las dudas surgieron en base a la redacción del texto: "Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada, y en consecuencia, ordenar al Poder Ejecutivo Nacional, suspenda la aplicación y puesta en práctica de la Ley 26.855 y el llamado a elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias previstas para el 11 de agosto de 2013, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión que en estos autos se debate", ordenó.
Por ello, surgieron rumores de que ese fallo ordenaba suspender todas las elecciones primarias. Sin embargo, uno de los demandantes aclaró ese mismo día a Infobae el alcance de la sentencia. "Quieren usar el fallo para generar una confusión innecesaria. La parte resolutiva tiene redacción confusa, pero un fallo es integral, hay que leer todos los considerandos", dijo Horacio Minotti, presidente de la Asamblea Permanente en Defensa de la Constitución.
"No se habla de otra cosa que de la ley del Consejo de la Magistratura y de las cautelares. La resolución es exclusiva de las elecciones primarias sólo respecto de la categoría de consejeros", aclaró.
A raíz de la controversia, Cayssials explicó hoy que su sentencia "dispone la suspensión del llamado a elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias de consejeros del Consejo de la Magistratura dispuesta por el Decreto 577/13 de conformidad a lo prescrito por la Ley 26855 por considerar que la ley citada vulnera el equilibrio exigido por el Art 114 de la Constitución Nacional".
"Obliga a los abogados de la matrícula y a los académicos a abandonar el ámbito de sus estamentos para incorporarse a un determinado partido político a los fines de poder aspirar a ser electos", concluyó.
Por su parte, el diputado Daniel Lipovetzky, quien también era demandante en este pedido, mencionó la posibilidad de que esta sea una nueva jugada del oficialismo para causar confusión: "La mezquindad con que el kirchnerismo trata las cuestiones públicas e institucionales es tal, que es necesario que un juez aclare su fallo para evitar las suspicacias de un Gobierno que no acepta los únicos límites en los que los argentino consensuamos vivir, los límites del sistema democrático".
Lipovetzky destacó, además, "la celeridad de la justicia para expedirse en un caso tan sensible como este" que representa "una firme señal de coto hacia el pretendido avasallamiento institucional del Gobierno".