En el Partido Demócrata estaban intranquilos. Justo en el momento menos indicado la Justicia vuelve a darles una mala noticia. Según trascendió, la Corte Suprema habría rechazado los últimos recursos presentados para apelar el fallo que obliga a ese partido y a la Municipalidad de Luján a pagarle más de un millón de pesos a un ex empleado municipal que fue usado para hacer campaña y quedó postrado por tener un accidente mientras colgaba pasacalles.
Fuentes del propio PD aseguraban ayer que el camino parecía irreversible. Al mismo tiempo la Justicia Civil de la provincia rechazó la apelación que habían presentado al embargo del edificio de calle Emilio Civit. Justamente los abogados de Javier Torres, la víctima, embargaron el edificio del comité del PD de calle Sarmiento para garantizar el pago. La justicia trabó el embargo, pero intentaron apelar.
La medida fue rechazada por una cámara civil y ahora el principal bien del PD está embargado. “Esta Cámara entiende que tratándose de un embargo ejecutivo, el mismo es inapelable, por no estar expresamente previsto tal remedio, sin perjuicio de que el mismo sea incidentable …Ahora bien, el Art. 117 y 230 del C.P.C. no tienen previsto expresamente el recurso de apelación, sin perjuicio que el demandado podrá solicitar una vez trabado el mismo la limitación, sustitución o el levantamiento de la medida”, dice la resolución judicial.
Un dirigente del PD dijo que ya dan por perdido el juicio definitivamente, y que sólo faltaría la notificación oficial. “Tenemos información de que la Corte Suprema ha ratificado el fallo de la Corte local y que habría que hacer efectivo el pago”, explicó.
La Justicia ya había rechazado en abril un recurso extraordinario presentado por el PD, una de las últimas puertas que le quedaban para no pagar la sentencia. El rechazo del recurso extraordinario federal libra el pedido de ejecución de la sentencia, que es lo que hicieron los abogados de Torres. “No conceder los recursos extraordinarios federales”, resuelve la Corte luego de una larga argumentación y, para mal del PD, le suma más costas a pagar a los abogados.
La noticia llega en pleno inicio del proceso electoral en un partido que arrastra
problemas financieros por éste y otros problemas, como las multas aplicadas por
la justicia electoral. Pero además analizan los impactos políticos del hecho.
Es que la sanción tiene un fuerte impacto fuera de lo económico, pues se lo
culpa al PD de haber usado un empleado municipal para hacer campaña de manera obligada y además de haberlo abandonado luego de un accidente.
Todo comenzó en 2005 cuando Omar De Marchi era candidato a diputado nacional mientras ejercía como intendente.
Javier Torres era empleado municipal y era obligado a trabajar en la campaña de De Marchi realizando tareas proselitistas.
Pero una noche, mientras colgaba un pasacalles en Las Heras, tuvo un accidente que lo dejó discapacitado de por vida. Por ello luego de un largo litigio judicial, condenaron al PD y a la Municipalidad de Luján a pagarle a Torres más de 1,25 millones de pesos, más las costas del juicio, como indemnización y para cubrir los gastos médicos. El caso fue tomado como paradigmático, pues la Corte resaltó el hecho de que un empleado haya sido obligado a hacer campaña por quienes eran sus jefes.