Sólo un funcionario fue condenado por corrupción en la década K: la ex ministra de Economía Felisa Micheli. Pero el caso que la llevó al banquillo nada tiene que ver, en su envergadura, con otros casos que sí son mayores y en la que parece que tiene un destino incierto: los casos Skanska, Schoclender, Antonini Wilson, Ciccone y ahora, el de supuesto lavado de dinero K.
El 27 de diciembre de 2012, Miceli fue condenada a cuatro años de prisión e inhabilitada por ocho años para ejercer cargos públicos por el delito de "encubrimiento agravado" de una operación financiera ilícita y por "sustracción de documento público", tras la desaparición del acta policial en la que se dejó constancia del bolso con dinero encontrado (100 000 pesos y 31 670 dólares).
Una de las primeras causas que salpicó al kirchnerismo fue el caso Skanska, una investigación por supuesto pago de sobreprecios en la construcción de gasoductos en el país y sospechas de sobornos que habrían recibido algunos funcionarios.
En la causa estuvieron investigados el secretario de Energía, Daniel Cameron, y procesados Néstor Ulloa y Fulvio Madaro, ex titular de Enargas y ex titular de Nación Fideicomisos, respectivamente.
Pero toda la causa quedó en foja cero cuando la Sala I, luego de un peritaje que arrojó que no hubo sobreprecios, revocó los procesamientos dictados por el juez federal Norberto Oyarbide.
Este mismo magistrado, quien fue reprochado como proclive a favorecer al Gobierno en esta década en distintas causas, investigó a uno de los funcionarios que tuvo el kirchnerismo con más causas por corrupción: Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte.
Jaime tiene en su haber varias causas penales: se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito tanto suyo como de su familia: además de cuentas y varias propiedades se le endilga un barco y un avión.
Oyarbide también tiene a cargo uno de los casos de corrupción que complicó al Gobierno en la segunda etapa y a raíz de sus estrechos vínculos con los organismos de derechos humanos: se trata de la causa por el desvío de fondos públicos, más de 700 millones de pesos, que recibía la Fundación Madres de Plaza de Mayo, dirigida por Hebe de Bonafini, y que hasta el momento tiene como principal imputado al exapoderado Sergio Schoklender y su hermano Pablo.
El desvío -según la investigación- era desde la Fundación hacia empresas, una de ellas atribuida a Sergio Schoklender, que prestaban servicios a la entidad para la construcción de viviendas sociales en el marco del programa "Sueños Compartidos".
Uno de los mayores escándalos que atravesó el kirchnerismo fue el de la valija de 800 mil dólares que el venezolano Guido Antonini Wilson intentó ingresar en agosto de 2007 al país, y con la sospecha que el dinero iba a ser utilizado en la campaña política de Cristina Kirchner.
Otros hechos son la causa Ciccone en la que se supone el Vicepresidente, Amado Boudou, habría tenido injerencia para condonar una quiebra; el enriquecimiento ilícito del que resultó sobreseído el matrimonio Kirchner por resolución del juez Julián Ercolini; y la "mafia de los medicamentos" que investigó Oyarbide: parte del sindicalismo acusado de vender fármacos vencidos o adulterados y en el medio fondos con procedencia dudosa aportados en fondos de campaña.
En las últimas semanas se sumó el caso que tiene como principal implicado a Lázaro Báez, un empresario muy cercano a la familia presidencial. Es por un supuesto lavado de unos 55 millones de euros, que según la denuncia partieron de Río Gallegos, pasaron por San Fernando (Buenos Aires), siguieron la ruta por Uruguay y terminaron en paraísos fiscales en Panamá, Belize y otros, con cuentas bancarias en Suiza incluidas. A raíz de este escándalo se fueron sumando otros, como el sobreprecio en la compra de propiedades en Uruguay y las supuestas bóvedas para guardar dinero en propiedades de Lázaro Báez y hasta en una casa de Río Gallegos donde vivieron Néstor y Cristina.
De los hechos de corrupción el único que cuenta con una condena, no firme hasta el momento, es el hallazgo de una bolsa con dinero en el despacho del Ministerio de Economía que ocupaba su titular Felisa Miceli: por ese episodio recibió una pena de 4 años de prisión.