Imprecisiones, incongruencias, preocupación por el intencionado avance de Cristina Fernández sobre la independencia e imparcialidad de los jueces de Argentina, son los principales ejes sobre los que giró la dura crítica que le hizo esta tarde, Daniel Ostropolsky, uno de los consejeros que posee el Consejo de la Magistratura a nivel nacional.
Ostropolsky, quien representa a los abogados del país, menos a los de Capital Federal, esta tarde en el programa "Hacete Caego" que conduce Marcelo Siso por MDZ Radio, explicó su preocupación entendiendo que los seis proyectos de ley que ingresó la Presidenta al Congreso de la Nación, serán aprobados por la mayoría que posee el Ejecutivo nacional en el Parlamento.
“En términos generales los proyectos de ley que se han empezado a conocer hoy a la tarde, que han ingresado, algunos por el Senado y otros por la Cámara de Diputados establecen lo que la presidenta fue anticipando a partir de sus declaraciones públicas y en su discurso en la Asamblea Legislativa del primero de marzo donde se estableció que algunas situaciones que por novedosas y por las características que tiene es necesario reflexionar con mucha prudencia para poder emitir una opinión”, inició su consideración cuidando puntillosamente sus dichos.
Si bien estimó prudente hacer una lectura minuciosa del articulado –de los proyectos de Cristina Fernández- estimó posible “hacer algunas apreciaciones de entrada lo que significa esto”, dijo.
En ese sentido afirmó que “…y lo que significa es, de acuerdo con los propios términos de lo que dijo la Presidenta en la Asamblea Legislativa, que ella fue convencional constituyente en Santa Fe de cuyo resultado surgió que la Constitución y dentro de ella la creación del Consejo de la Magistratura anticipando que ella estaba en desacuerdo con la creación del Consejo de la Magistratura. Y si bien vemos que las acciones instadas por la propia Presidenta, cuando era senadora nacional, de modificación a la ley que reglamenta el Consejo de la Magistratura cambió la composición y dentro de ella las facultades para integrar las comisiones después con éste proyecto vuelve atrás ampliando el número de miembros con lo cual demuestra que su primera reforma no ha producido los resultados que ella misma esperaba”, marcó.
En tanto, Ostropolsky, interpretó que “esos resultados que buscó en su momento, de acuerdo a lo que yo entiendo, esto está en consonancia con el descreimiento de las bondades que puede tener en la vida institucional del país el Consejo de la Magistratura. Y entonces ahora que aumenta el número de miembros pero dando preponderancia la creación de una categoría que en la Constitución está mencionada como quienes además de los tres estamentos básicos que establece la Constitución que son aquellos que surgen de la representación política con representación popular, o sea, con el voto de los ciudadanos, que son los diputados y los senadores, los representantes de los jueces de todas las instancias y también los representantes de los abogados”, apuntó.
Y agregó: “Esto en la interpretación del artículo constitucional lo que hay que determinar en primer lugar es quiénes son los representados. En el caso de los políticos no caben dudas que es la ciudadanía. Pero la representación de los jueces y de los abogados sin lugar a dudas son los jueces y los abogados. Sino no se comprende por qué son tres estamentos distintos y elevar la elección a través de un sufragio de la ciudadanía en general no dejan de ser representantes de los jueces y los abogados para constituirse en representantes populares. Esto no es lo que dice la constitución y rompe el equilibrio que se persigue con esto”, añadió.
Argumentó que “en esta oportunidad crea un mayor número de representantes del sector científico y académico que no necesariamente tienen que ser abogados lo cual importa una novedad muy significativa pero no dice qué significa ser académico o científico. ¿Tienen que tener título universitario? ¿Tienen que ser profesores? No hay una precisión y habla de reconocidas personalidades del sector científico y académico con lo cual hay una imprecisión que no deja de llamar la atención”, señaló.
También puso Ostropolsky puso el acento en que “por otro lado la forma de elección en esta oportunidad determina el proyecto de ley que se tiene que hacer por las PASO, que son las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, y que los resultados de esta votación se van a incorporar junto a los miembros ya existentes en el consejo con lo cual en esta oportunidad va a haber un consejo que puede llegar a tener hasta 25 miembros guante un año y medio que es hasta donde llegan los mandatos de los actuales consejeros. Después las nuevas elecciones se tienen que hacer cuando se elijan los nuevos cargos para presidente y vicepresidente de la Nación”, contó.
Destacando su personal reflexión sobre estos caros asuntos que hoy mantienen atentos a la ciudadanía, el hombre dijo que “de acuerdo a mi criterio esto es inconducente a la letra y el espíritu de la Constitución Nacional. Esto lo digo como primer punto de aproximación al tema de las reformas en el consejo”.
Requerido sobre la posible intención del Ejecutivo Nacional de derribar al Poder Judicial, Ostropolsky admitió que “es evidente que –con los proyectos- gana influencia la política sobre el Consejo de la Magistratura. Es evidente que esto es así porque para la elección de los representantes de los jueces y de los abogados, como también de los académicos y de los científicos, se tienen que presentar junto con las boletas de los partidos políticos que participan en las PASO. Eso es a lo que hace alusión la Presidenta cuando habla del artículo 38”.
Criticó que “esto conspira contra la naturaleza propia de la elección de quienes tienen que ser los miembros del Consejo de la Magistratura que tienen una muy delicada función que se puede enunciar en dos temas que son muy sensibles a la opinión pública, que es la designación de las ternas para que el Poder Ejecutivo seleccione un nombre y que vaya al Senado para la designación de jueces como también producir acusaciones en el eventual caso del mal desempeño de las funciones y que sea sometido a un jury de enjuiciamiento. También en este sentido el proyecto de ley contempla que la forma de producir las resoluciones, tanto para la selección de ternas como para la acusación se hace por mayoría absoluta de los miembros del consejo”.
Contemplando el nuevo número propuesto por Cristina Fernández, el letrado reflexionó: “Ahora no se hará por la mayoría calificada. Recuerdo que estamos hablando que en la reforma que estableció la propia Presidenta cuando fue senadora eran dos tercios. Pero dos tercios significa que hay un equilibrio con los tres estamentos. Esto quiere decir que para poder designar un juez o para acusar a un juez se necesitaba un consenso de por lo menos de dos de los estamentos. Ahora esto no será necesario. Porque consensuar significa armonizar las diferencias para encontrar un punto de equilibrio que tenga una legitimidad propia de quien cuenta consenso general. Esto se pierde con la propuesta presidencial”, analizó.
“Hoy dos tercios son nueve miembros. Además el proyecto habla de que el quórum son 10 pero hay que recordar que excepcionalmente durante estos dos años van a ser 25 los miembros pero el quórum va con 10. Porque el proyecto de ley a diferencia de la ley vigente establecía que la mitad más uno de los miembros del consejo acá son 10. Por que está tomando como base lo que va a quedar después de que se terminen los mandatos de los actuales consejeros”, manifestó.
En esa dirección de pensamiento cerró que “…o sea, que en este terreno, con solamente 10, pueden resolver cualquier situación a pesar de no tener los consensos necesarios. Y esto es muy importante a los efectos prácticos de lo que va significar en la actuación del consejo este tipo de decisiones. Por otro lado veo con mucha preocupación que sectores del oficialismo que estos proyectos no piensan modificarlos. O sea que teniendo la mayoría en las cámaras sin ninguna posibilidad de que se acepte ningún tipo de mejoramiento o aporte que se pueda hacer”.