Este lunes a las 17 hs, Cristina Kirchner dará a conocer los lineamientos de una serie de reformas vinculadas al “área de justicia”. Es parte de su ambicioso plan de “democratización” de ese poder que introdujo en diciembre del año pasado, en el marco de un discurso en el cual deslizó fuertes críticas a fallos judiciales que no eran del agrado del Gobierno, principalmente referidos al grupo Clarín.
A principios de febrero, la Presidenta dio más precisiones: “Ya tenemos varios proyectos en mente y lo vamos a dar a conocer oportunamente”. En esa misma diatriba, mencionó al pasar “la designación y elección de jueces”, así como el “enjuiciamiento” de magistrados como eventuales rubros objetos de cambio.
Luego, en la apertura del 131° período de sesiones ordinarias del Congreso, el primero de marzo pasado, la mandataria confirmó que impulsará por ley una amplia reforma que incluirá la elección por el voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano que propone a los jueces y evalúa sus acciones.
La anunciada "democratización" del Poder Judicial se plasmará en un paquete de proyectos que enviará el Poder Ejecutivo al Parlamento. Contemplará la creación de tres nuevas cámaras de Casación para los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Laboral, que actuarán como una tercera instancia previa a la Corte Suprema. Además, se buscará regular las medidas cautelares.
En realidad, el anuncio de Cristina no debería sorprender a nadie: el plan de avanzar contra la Justicia no paró un solo segundo desde diciembre hasta ahora. Aparte de la presión que impusieron algunos medios vinculados al oficialismo —Página/12, por caso, publica no menos de 10 columnas por semana tratando de instalar el tema—, en el Congreso Nacional se avanza en una serie de reformas que ya mismo han provocado la crítica feroz por parte de diversos legisladores de la oposición.
Por caso, en las últimas horas dirigentes del radicalismo, la Colación Cívica, el PRO y del peronismo disidente anticiparon que no concurrirán a la ceremonia de Cristina. Mientras tanto, el Partido Socialista de Hermes Binner también se manifestó contra el proyecto.
"Si quieren que opinemos, que convoquen antes. No nos vamos a prestar a ser aplaudidores", manifestó el jefe del bloque macrista en Diputados, Federico Pinedo.
En tanto, la líder de la CC, Elisa Carrió, envió una carta al secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, en la que anticipó que no se prestará a "avalar proyectos cuya intención es la destrucción de la poca justicia independiente que queda en el país y el avance hacia la perpetración de una dictadura en manos de una mayoría circunstancial".
El mendocino Enrique Thomas denunció que desde la Casa Rosada "buscan controlar a la Justicia". El legislador, jefe del bloque que representa en la Cámara baja, confirmó que los dirigentes de su espacio no concurrirán al evento.
Otro mendocino, en este caso el senador de la UCR Ernesto Sanz reiteró desde el partido respaldan que los jueces paguen ganancias, tal como lo reclaman desde el oficialismo, pero aclaró que eso es lo "único" que comparten con las iniciativas que promueven en el kirchnerismo para modificar áreas de la Justicia.
Según dijo el legislador, el radicalismo considera que es "inconstitucional" la intención del kirchnerismo de establecer que los miembros no políticos del Consejo de la Magistratura se elijan por voto popular.
El legislador denervaísta Gustavo Ferrari también le respondió con una carta a Parrili. “Me resultaría sumamente frustrante presenciar y acompañar la presentación de proyectos de ley que -habida cuenta de los antecedentes obrantes en los últimos dos años cuando provienen del Ejecutivo- luego se cierran a cualquier posibilidad de modificación”, dijo.
Punto por punto
Los anuncios que hará Cristina mañana, serían los siguientes según diario Perfil:
1- Consejo de la Magistratura. La elección a través del voto popular de sus miembros será el proyecto que generará mayores resistencias. El texto todavía es desconocido, incluso para diputados oficialistas, que prevén que mañana o el martes va a estar ingresando en el Congreso.
En la actualidad, el Consejo, que es el órgano encargado de designar y destituir a los jueces, tiene 13 miembros. Por lo que dijo la Presidenta, se puede deducir que es posible que se extienda el número de consejeros, ampliando la representación de académicos y científicos, agregando gente que no provenga del Derecho.
Por otra parte, la elección popular estará reducida a los jueces, abogados y académicos, ya que destacó que tanto los legisladores como el Ejecutivo tienen representación popular.
El debate más fuerte será respecto a cómo será la nueva elección.Desde la oposición ya anticiparon que no aceptarán que esté atada a las elecciones generales, ya que le podría dar el poder absoluto a la fuerza ganadora.
Pero una fuente del oficialismo rechazó que se incorpore una fecha más a los calendarios electorales para votar a los consejeros solamente. También hay dudas respecto a cuándo se prevé que comience a implementarse el cambio.
2- Cautelares. El objetivo es reducir el impacto de las medidas cautelares cuando frenan la actuación del Estado. Dos casos recientes despertaron el enojo oficialista: la implementación de la ley de medios y la expropiación de la Rural.
El proyecto prevé que ya no se podrán dictar esas medidas contra el Estado cuando se trate de cuestiones patrimoniales. La Presidenta aclaró que en casos con daños irreparables, como cuestiones ambientales, sí se podrán aplicar.
3 Cámaras de Casación. Se busca crear tres nuevas cámaras de Casación (en lo contencioso administrativo, lo civil y comercial, y lo previsional y laboral), que se sumarán a la Penal, ya existente. Cristina anunció que así se buscaría aligerar las causas que llegan a la Corte, pero ya surgieron voces críticas que aseguran que en los hechos es una instancia más para ralentizar la Justicia. Una fuente oficialista dejó claro cuál es el verdadero objetivo: “Son nuevas vacantes que se abren”, explicó.
4 Transparencia. Son dos proyectos que ningún bloque rechazará. El primero establece que se podrá acceder por internet a las declaraciones juradas de los integrantes de los tres poderes. El otro proyecto es para crear un Registro de Causas y Publicidad, a través del cual se pueda hacer un seguimiento de todas las causas. Hay quienes recordaron que también se debería aprobar en el Congreso la ley de acceso a la información pública.
5 Empleados. Los nuevos empleados del Poder Judicial deberán ingresar por mérito, luego de rendir un examen y ganar un sorteo. Así busca reducir los privilegios. En este punto, también hubo opositores que cuestionaron que los mismos privilegios se dan en los otros dos poderes.
6 Responsabilidad del Estado. Se buscará aprobar una ley para que se pueda restringir las demandas en contra del Estado. Fue un reclamo que surgió durante el debate por la reforma del Código Civil y Comercial, que también seguirá siendo tratado en los próximos meses.
El encuentro pareciera ser una suerte de respuesta al pronunciamiento que hizo a principios de diciembre pasado la Comisión Nacional por la Independencia Judicial coordinada por las ministras de la Corte Suprema de Justicia Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay. En esa oportunidad, la entidad dirigida por las juezas de la Corte le había reclamado al Gobierno que dejara de lado el "uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia".