Avanza la herramienta legal para que Mendoza intervenga en Potasio Río Colorado, el proyecto truncio de Vale. El Senado provincial aprobó un proyecto para que la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) pueda asociarse a la explotación de emprendimientos mineros no metalíferos.
Por 23 votos a favor y 6 en contra, se dio visto bueno a la iniciativa de Gustavo Cairo (PRO) que Francisco Paco Pérez allanó para que pudiera ser tratado antes del 1 de mayo. Ahora debe discutirlo la Cámara de Diputados.
“Esta es una herramienta que tiene Mendoza para poder participar en un porcentaje mayor de las ganancias del emprendimiento Potasio Río Colorado y de esa manera obtener mayores beneficios. Hoy la provincia recibiría solamente el 3% de regalías y este emprendimiento va a permitir ampliar la participación de la provincia de la explotación del potasio en Malargüe, indicó Cairo.
El senador además se encargó de aclarar que "no soy soldado de Cristina, ni de Macri, soy soldado de Mendoza".
La idea de Cairo fue aprobada por todo el PJ, Nuevo Encuentro, Unidad Popular y buena parte de la UCR. El PD y algunos radicales le bajaron el pulgar.
Concretamente establece modificar el inciso a del artículo 4 de la ley 8.517 del Estatuto de la Empresa Mendocina de Energía para permitirle a la misma asociarse con proyectos no metalíferos.
Fernando Simón (PJ) que preside la comisión de Hidrocarburos celebró el proyecto y lo consideró “un aporte valioso para enfrentar un problema importante como el que tenemos”, en referencia a Vale.
Desde la UCR, César Biffi mostró su disidencia y explicó que “es una ingenuidad creer que esto resuelve lo de Vale”.
El legislador indicó además que “en Mendoza no tenemos políticas en minerías. Hay promineros y antimineros.",
Biffi además leyó una parte de una entrevista realizada a Alejandro Neme, presidente de Emesa en donde planteaba que no tenía muy claro cuál era el papel que iba a cumplir la empresa de energía.
Daniel Vilches del bloque radical Arturo Illia explicó por su parte que el tema en discusión no ayuda a resolver los inconvenientes en la matriz productiva de la provincia ni tampoco lo hace en la minería.
Carlos Aguinaga (PD) también se mostró en contra del proyecto. “No está claro lo que va a hacer el Gobierno con esta herramienta. Sería muy peligroso si se utiliza para disponer la caducidad de la concesión actual. Esto es un cachetazo jurídico”.