Más allá de las especulaciones, los deseos y los globos de ensayo, el kirchnerismo admite que este año no podrá convocar a elegir por el voto popular a los nuevos consejeros de la Magistratura en las elecciones primarias abiertas y simultáneas (PASO) del 11 de agosto próximo. De esa forma, caerá uno de sus caballitos de batalla en su plan de avance sobre el Poder Judicial.
En realidad, el gobierno descuenta que el paquete de leyes con el que pretende controlar la Justicia se sancionará el miércoles próximo en el Congreso . Pero también presupone que quedará suspendido y sin aplicarse porque, ante varios planteos judiciales inminentes de inconstitucionalidad, uno o varios jueces dictarán medidas cautelares que frenarán la "democratización" y, de ese modo, podrían sucumbir transitoriamene la reforma del Consejo de la Magistratura y la regulación de las cautelares, ejes centrales de la reforma.
Se derrumbaría así la elección popular de jueces, abogados, académicos y científicos que integrarían el nuevo Consejo, el órgano que Cristina Kirchner pretende controlar para designar y remover jueces.
Según publica hoy el periodista Mariano Obarrio en La Nación, ministros y funcionarios razonan de la siguiente manera a grabador apagado: "Las asociaciones de jueces y abogados presentarán un arsenal de planteos de inconstitucionalidad ante la Justicia y los jueces se frotan las manos: interpondrán varias cautelares".
"El Gobierno nunca desoyó una medida cautelar, tendrá que aceptarla: no habrá elecciones este año de consejeros de la Magistratura". "La Presidenta denunciará políticamente que la Justicia no quiere democratizarse, que no acepta pagar impuesto a las ganancias, y la responsabilizará de la inseguridad y de casos de corrupción, lavado de dinero y de evasión impositiva de las grandes corporaciones".
"La apuesta del Gobierno es decir: «Quisimos democratizar la Justicia». Y generar una opinión negativa sobre el Poder Judicial". Todo se inscribirá en la campaña con miras a las elecciones del 27 de octubre en las que Cristina Kirchner quiere lograr aval para una reforma de la Constitución y su segunda reelección.
Las asociaciones de abogados y jueces interpondrán planteos de inconstitucionalidad, en principio, ante los fueros contencioso administrativo
y ante la justicia electoral de las diversas provincias.
Las impugnaciones recaerían sobre la mayoría de las leyes que componen el paquete de "democratización" de la Justicia.
Ellas son la reforma del Consejo de la Magistratura, la restricción a las medidas cautelares, la creación de tres nuevas cámaras de casación, la publicidad de las declaraciones juradas de los jueces, el nuevo régimen de ingreso a la carrera judicial y la publicidad de las causas de los juzgados.
Según fuentes legislativas, es posible que algunas leyes no se sancionen el miércoles próximo. Alguno de los proyectos podría sufrir cambios -se podría revisar la eliminación del manejo presupuestario a la Corte Suprema-, y debería volver al Senado, que sólo sesionaría el miércoles 8 de mayo próximo, porque el 1° es feriado.
Los tiempos juegan contra el Gobierno: el plazo para convocar a las elecciones legislativas vence el 14 de mayo. Sin embargo, apenas se sancione la ley de elección popular de consejeros, algún juez podría suspenderla mediante una medida cautelar y así la convocatoria a las PASO no podría incluir esa elección de consejeros.
Paradójicamente, la reforma judicial que busca limitar las medidas cautelares en contra del Estado podría ser frenada, precisamente, por una medida cautelar.