La cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García, será la encargada de llevar adelante la investigación impositiva sobre el empresario santacruceño Lázaro Báez que anunció anteayer el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
García es la titular de la Dirección Regional de la AFIP en Río Gallegos. Militante de La Cámpora, crítica del gobernador Daniel Peralta y candidata perdidosa a senadora nacional en 2011, la cuñada del hijo presidencial también debería investigar a la esencia misma del kirchnerismo en Santa Cruz, según reveló La Nación en agosto de 2010. Es decir, desde a la presidenta Cristina Fernández, hasta Báez y Rudy Ulloa, entre otros, según sus domicilios fiscales declarados.
Echegaray anticipó el lunes que la AFIP revisaría los números del empresario involucrado en la denuncia de PPT, el programa de Jorge Lanata en Canal 13. "Lo que nos corresponde a nosotros lo vamos a investigar", afirmó, aunque obvió precisar quiénes se abocarían a esa pesquisa tributaria.
Según publica hoy Hugo Alconada Mon en La Nación, Virginia es hermana de María Rocío García, la nuera de la Presidenta. Asumió como jefa regional de Río Gallegos con apenas 32 años y sólo 4 meses dentro de la AFIP, según consta en los registros oficiales, aunque sus allegados remarcan que la periodista y luego abogada se especializó en derecho tributario.
El otro funcionario de la AFIP clave para, llegado el caso, investigar a Báez sería el titular de la Región Sur Metropolitana, Andrés Vázquez, el mismo que durante 2009 afrontó un sumario interno y una investigación penal por el controvertido operativo con 200 inspectores contra el Grupo Clarín, y que, según reveló la nacion, operó más de medio millón de dólares en cuentas bancarias secretas en el Caribe y Europa durante años. Algunas empresas vinculadas a Báez cambiaron su domicilio fiscal para quedar bajo la órbita y supervisión directa de Vázquez.
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, en tanto, informó ayer que la unidad antilavado ya impulsaba "investigaciones" sobre algunos hechos o personajes del escándalo -que no precisó-, las que de todos modos indicó que mostraban "un alto grado de avance".
"Al tomar estado público y judicial la identidad de las personas autoimputadas en la comisión de delitos de lavado de activos, la UIF necesariamente debe elevar las investigaciones administrativas que venía realizando de dichos sujetos, quedando a disposición como colaboradores de la Justicia", indicó Sbattella mediante un comunicado, en el que precisó que giró todo ese material a la unidad fiscal antilavado (Procelac).