Se nota entre los minsitros de la Corte Suprema una cierta inquietud ante el avance de las reformas porque sospechan que las reformas que el Gobierno quiere introducir apuntan a "vaciar el poder" del máximo tribunal.
Esto pudo observarse ayer cuando se realizó una reunión entre los miembros del máximo tribunal, que estaba fuera de agenda. En la misma se analizó el impacto que las medidas podían llegar a tener.
No se informó de la reunión, pero diario La Nación publicó hoy que ese fue el tema excluyente en la conversación. Además otro dato interesante fue que estuvieron todos presentes: Ricardo Lorenzetti; Elena Highton; Carlos Fayt; Juan Carlos Maqueda; Enrique Petracchi; Carmen Argibay, y Raúl Zaffaroni- debatieron durante una hora, y todos, incluido Zaffaroni, coincidieron en el análisis que hacen de los proyectos.
Aunque no lo dijeron, todos los magistrados están preocupados.
Ya hubo un intento en 1989, durante el gobierno de Carlos Menem, de ampliar la Corte, la medida fue resistida y no avanzó, pero sí se está haciendo un pormenorizado análisis de los proyectos que parecen estar teñidos de exceos y objetivos políticos.
En otras palabras, la Corte está corriendo el riesgo de quedar reducida, simplemente, a un tribunal de justicia. Seguirá siendo el tribunal más alto y el que tiene la última palabra a la hora de dictar fallos -como ocurre hasta ahora-, pero no tendrá las facultades de manejar a todo el poder que encabeza.
El proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura es bastante amplio y contiene modificaciones que afectarán tanto a los jueces inferiores como a la Corte.
Por un lado, los jueces de primera instancia y los integrantes de las cámaras de apelaciones sienten temor porque el nuevo Consejo, que estará en manos del oficialismo, podrá conformar ternas de jueces y removerlos por mayoría absoluta, sin el requisito de una mayoría agravada que, todavía actualmente, obliga al Gobierno a buscar consenso con la oposición a la hora de decidir sobre el destino de un magistrado.
En otros términos, los jueces y su estabilidad estarán en el puño de un Consejo dominado por el oficialismo, que de ahora en más tendrá menos límites para tomar decisiones. Por eso ayer jueces en todas las instancias y fueros también realizaban decenas de reuniones, para hacer catarsis y analizar qué hacer.
Pero lo que preocupa a la Corte, más allá de las observaciones que pueden surgir sobre los distintos proyectos de reforma, tiene que ver fundamentalmente con el poder que el nuevo Consejo le sacará a la Corte.
En efecto, la Corte perderá las facultades de administración del Poder Judicial; no podrá fijar la política salarial; no tendrá injerencia sobre el manejo del presupuesto, y tampoco decidirá sobre el personal. Además, los empleados de la Corte en el Consejo no tendrán estabilidad.