Después del anuncio de la reforma judicial que hizo la Presidenta ante Asamblea Legislativa, la Corte decidió no asumir el rol de oposición, porque tal vez es lo que quiere el Gobierno, pero no es el rol propio del alto tribunal.
Por eso, fuentes cercanas a Ricardo Lorenzetti -el presidente de la Corte que el viernes lució visiblemente desconcertado mientras la Presidenta anunciaba las controvertidas reformas- salieron a dar señales de clara distensión.
"Estamos totalmente de acuerdo con las reformas que propuso la Presidenta para la Justicia", fue el mensaje contemporizador que ayer deslizaron en la Corte Suprema. La lectura íntima que hacían los jueces era algo más compleja: "La Presidenta está en guerra con la Corte, pero la Corte no está en guerra con ella".
En el acuerdo de ayer en la Corte, el primero después del discurso de la Presidenta, estaban los siete supremos, algo infrecuente. La habitual reunión de los martes tuvo un desarrollo normal, pero sobre el final todos los magistrados, durante una media hora, intercambiaron opiniones sobre el discurso presidencial.
Momentos antes también habían dedicado unos minutos a hablar sobre la necesidad de establecer que los jueces paguen impuesto a las ganancias, uno de los reproches que hizo Cristina Kirchner y que ella misma dejó en manos de la propia Corte.
Según publica hoy el columnista Adrián Ventura en La Nación, los jueces intuyeron que levantar la cabeza para contestarle a Cristina Kirchner sólo los llevaría a un enfrentamiento desgastante, donde la política no tiene los límites, más prudentes, que sí tienen los jueces. Y, además, si se analizan los anuncios uno por uno, "no se ve un ataque frontal contra la propia Corte", agregaron cerca de otro juez.
En Pagina 12, en tanto, la periodista Irina Hauser agrega un dato desconocido: la visita de Lorenzetti y Zaffaroni a la Casa Rosada. La noche previa al discurso de Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa, Ricardo Lorenzetti y Raúl Zaffaroni llegaron juntos a la Casa Rosada cuando ya no quedaba casi nadie. Habían pedido una reunión, anticipándose a las palabras presidenciales. Visitaron al secretario Legal y Técnico, Carlos Zaninni, con la intención de evitar una declaración de guerra expresa entre poderes, mostrar apertura al diálogo y ahorrarse un mal momento en el Senado. La misión, evaluarían al final, fue parcialmente exitosa, ya que si bien hubo críticas a la Corte, nada desató una silbatina.
La decisión de la Corte de recoger el reclamo de la Presidenta fue quizá parte de los frutos de la reunión de Lorenzetti y Zaffaroni con Zaninni el día previo a la apertura de sesiones. Zaffaroni funcionó en esa ocasión como un nexo, preocupado por el cada vez más evidente enfrentamiento creciente entre la Casa Rosada y el tribunal supremo, en especial su presidente. La relación transitaba por un precario equilibrio y se desestabilizó por completo después del fallo de la Corte que admitió sobre el final del 2012 prolongar la medida cautelar a favor del Grupo Clarín para seguir eximido de la aplicación de la ley de medios, y con eso la difusión de un comunicado alentado por integrantes supremos, con denuncias de presiones del Gobierno, en defensa de la Cámara en lo Civil y Comercial. En son de paz, el jueves a la noche Lorenzetti le dijo al secretario Legal y Técnico que más allá de las diferencias “la Corte nunca sacó una sentencia que pusiera en crisis la gobernabilidad”.
Ayer los jueces buscaron mostrarse en sintonía con la Presidenta en casi todos los temas: "La Presidenta quiere declaraciones juradas, pero esto se aplica en la Justicia desde 2005", afirmó una de las fuentes.
El punto más complejo de la discusión sigue siendo el del pago del impuesto a las ganancias de los jueces que Cristina dejó en manos de la propia Corte. “El Congreso no tiene nada que decir –señaló– porque la ley existe”. La ley, en efecto, data de 1996 y dice que todo el mundo, jueces y legisladores incluidos, tiene que pagar Impuesto a las Ganancias. Pero el máximo tribunal, cuando mandaba Julio Nazareno, lo declaró inaplicable para quienes trabajan en tribunales.
Tocar el bolsillo resulta tan espinoso que ni siquiera el movimiento “Justicia legítima” logró consensuarlo como una de sus reivindicaciones. En la propia Corte divide aguas. Sus cuatro integrantes más nuevos (Lorenzetti, Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay) dijeron estar a favor de pagar como cualquier hijo de vecino, cuando fueron a la audiencia pública previa a su nombramiento, pero esa postura no es mayoría puertas adentro del tribunal.
Incluso, la jefa de Estado, que casi no hizo nombres en su discurso del viernes, sí mencionó a Argibay, quien al momento de resolver un caso votó para que no se le descontara el impuesto a un juez sanjuanino después de jubilado.
Entre las discrepancias reinantes, en la Corte tienen algo claro: “No vamos a derogar sin más la acordada” de la época de Nazareno, según coincidieron dos de
los jueces del alto tribunal. Hacerlo implicaría empezar a descontar sin anestesia una porción de lo que hoy perciben como salario no sólo los jueces, sino todos los empleados judiciales. “No podemos arriesgarnos agravar la parálisis que ya arrastra el Poder Judicial”, razonan en despachos cortesanos. Según las estimaciones, para los jueces implicaría una deducción cercana al 25 por ciento de
su sueldo.
La fórmula que contempla que tributen Ganancias sólo las nuevas generaciones de tribunales sigue en pie, como salida posible. Otra habla de descontar el impuesto sólo en determinados rubros, como sucede con los sueldos de senadores y diputados, que no pagan Ganancias sobre los gastos de representación. Otra opción que se analiza es la de ir realizando un descuento progresivo, en un lapso –por ejemplo– de cinco años. Siempre está como telón de fondo el planteo de las asociaciones tradicionales de jueces, según el cual si les descuentan impuestos se viola la Constitución nacional, que establece la “intangibilidad” de los salarios.
Es bien controvertida la conclusión de que el pago de un impuesto afecta el salario. De todos modos, por lo pronto, la Corte no se meterá en esa discusión, a menos que un día le toque volver a tener que resolver un caso concreto. Por lo pronto, dispondrá cuestiones de reglamentación.
“La intención es buscar una solución para que no haya un descuento grande y repentino, que además desataría cientos de juicios”, dijo un vocero supremo. Anticipó que buscarán un acuerdo con el gremio, con las asociaciones y con la AFIP. En la práctica, es la administración de la Corte la que tendría que deducir
el impuesto. Con todo, dicen en el tribunal, “nadie prohíbe pagar, cualquiera que
quiera tributar Ganancias puede inscribirse y hacerlo, pero nadie lo hace”.