Que el proyecto Potasio Río Colorado haya suspendido sus trabajos deja con mucha preocupación a la gente que trabajaba en la empresa y viven en Malargüe.
Preocupados por esto y por la falta de respuestas claras desde las autoridades, un grupo de personas permanece en las afueras del Concejo Deliberante del departamento en donde está el intendente, Juan Agulles, inaugurando el período de sesiones ordinarias.
La zona está fuertemente custodiada por policías debido a la presencia de los trabajadores. Desde Malargüe el periodista Gustavo Yáñez informó de esta situación.
El grupo cuenta con alrededor de 30 personas, y esperan al intendente Juan Agulles en la puerta del Concejo Deliberante de Malargüe para dialogar.
La situación
Agulles llegó a las 11 de la mañana de hoy al recinto para realizar el informe de gestión anual correspondiente, y fue interceptado por algunos hombres que le profirieron insultos y reclamos.
Además de los improperios, los manifestantes clamaban que querían una solución porque “sabemos que ha negociado con la UOCRA”.
El intendente entró al Concejo sin dirigirles la palabra, y hasta el momento no ha salido, permaneciendo allí la custodia policial.
En un momento de la mañana, los trabajadores intentaron entrar al recinto y la policía no se los permitió, generándose la mayor tensión.
Sin identificarse, algunos de los allí presentes aseguraron que “nosotros ya tenemos la gente. Depende de la respuesta que Agulles brinde, veremos si se arma algún tipo de movida”.
“El mismo intendente alimentó a la bestia. Agulles usó lo referente a Vale para hacer campaña, y por eso ahora tiene que responder”, explicaron.
Debe recordarse que, más temprano, se dio a conocer un comunicado por parte del gobierno nacional donde se asegura que se "arbitrarán todos los medios conducentes a la continuidad del proyecto y a recuperar la dinámica de trabajo prevista, teniendo en cuenta el fuerte impacto económico y social que produce el abandono del emprendimiento".
En el mismo documento, el oficialismo refiere que las concesiones mineras "competen a las autoridades provinciales de Mendoza, dueña del recurso" y solo deja al Gobierno Nacional el papel de "lamentar la decisión unilateral de la empresa Vale".