Pocas veces un acto democrático es visto como un hecho no querido. En este caso son el real inicio de las paritarias de los gremios estatales. Las discusiones salariales se motorizan con los docentes que deberán mostrarle al gobierno su propuesta de salario para 2013. El Sute y el Gobierno se sentaron en enero donde los representantes de los maestros recibieron una información de la estructura del personal que integra la Dirección General de Escuelas (DGE).
Pero pronto, la semana próxima, los otros sindicatos estatales también comenzarán con sus discusiones salariales donde hay en el medio otros aditamentos que le meten picante a esta etapa donde todos los sectores, incluyendo al poder administrador, se prepararan para un arduo debate condicionado.
Lo dicho, hay un par de factores externos que hacen de estas paritarias un episodio especial para este año 2013 que recién está arrancando.
1- La definición de la suba (insuficiente) del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.
2- El llamado “factor Blas”, aludiendo a Raquel, la líder de ATE que mañana será enjuiciada por amenazas coactivas durante la discusión de los salarios con el Gobierno en 2010.
Estos dos condicionantes han marcado el clima previo a las paritarias. Tanto es así que el inicio del juicio a Raquel Blas de mañana aparece como más relevante a la reunión que los representantes de docentes tendrán con los miembros paritarios oficiales. Tanto es así que el Sute, cuya dirigencia está enfrentada con Blas puede terminar apoyando solidariamente a la dirigente.
Está claro que semejante escenario político hace que el debate judicial en torno a la dirigente de ATE se transforme en un hecho determinante y que se presume será a favor de Blas. Hasta en el mismo Ejecutivo provincial creen que es vergonzante la forma en que se ha manejado el caso de esa denuncia contra Blas donde ni siquiera hay testigos directos que aseguren que Blas amenazó a un funcionario del entonces gobierno de Celso Jaque.
También está claro que el 20 por ciento de la suba del mínimo no imponible del IG es una bisagra a esta historia salarial que recién comienza. Además hay un mandato tácito del gobierno nacional de que el techo de aumento es justamente del 20 por ciento.
También esta condición impuesta desde afuera pende sobre la cabeza del gobernador Paco Pérez que debe impostar una posición rígida ante los gremios estatales cuando era el mismo gobierno provincial que esperaba que el mínimo no imponible fuera más elevado para tener más margen de negociación.
Aunque en los ámbitos oficiales más reducidos aceptan que lo que se presentará como un techo terminará siendo un piso de negociación. O sea, que por la misma presión sindical sea el 20 por ciento el inicio de la discusión de sueldos.
Pero en esos mismos círculos entienden que el tope, no escrito, es el 25 por ciento de aumento. Justamente lo que los gremios toman como dato de base para comenzar a negociar.
Las consecuencias
Tanto gobierno como los gremios saben que han comenzado un camino largo y áspero donde hay dos hitos demostrarán la situación de emergencia que muestra el aparato estatal y que de alguna forma se convierte en un termómetro para el resto de las actividades en Mendoza.
Estos dos puntos en el calendario son: el inicio de clases en la última semana de febrero y los festejos vendimiales en la primera semana de marzo.
Es decir que esa quincena será virulenta dado que el mismo Sute da por sentado que si no hay arreglo antes del 25 de febrero entonces no habrá inicio de las clases normales con un gremio docente movilizando en las calles y no asistiendo a las escuelas. También los otros sindicatos y en especial ATE ya adelantan que será el Carrusel, el primer sábado de marzo el espacio adecuado para protestar y amplificar el reclamo salarial.
La protesta durante los actos centrales de la Vendimia es un fantasma que ronda al Gobierno aunque a esta altura la tienen asumida porque consideran que todos los condicionamientos han sido impuestos por las circunstancias y no por sus actos directos.
Para colmo en ese tránsito el gobierno no se esperaba el caso de la minera Vale que paró sus actividades en la obra del yacimiento de sal de potasio que ha generado una reacción de parte de las empresas locales y de los sindicatos afectados. Esta situación también será reflejada en el Carrusel de este año si la minera no reactiva su obra antes de esa fecha.
En especial porque el entorno nacional no ayuda y el clima de tensión es proporcional entre sindicatos y gobierno. Todo esto tiene su réplica en cada distrito.
En Mendoza ya sacaron el cálculo de cuánto representa cada punto de aumento para los agentes públicos, según una estimación oficial que esgrimirá el gobernador y Mauricio Guzmán su representante en la mesa paritaria es que el gobierno debe destinar 100 millones de pesos del presupuesto por cada punto de aumento de salarial.
El mismo argumento es el que utiliza Daniel Scioli frente a sus empleados públicos anticipando que no tiene plata para responder a la demanda. Según el gobernador bonaerense por cada punto porcentual de aumento representa en el presupuesto de Scioli unos 600 millones de pesos. Así estamos.