Con la dura sanción impuesta por el FMI al país por el relevamiento de sus estadísticas, el Gobierno nacional anunció que hará cambios en la forma de medir la inflación, entre otros índices. Y, por lo que parece, Mendoza seguirá en íntima sintonía con las mediciones oficiales, a raíz de lo indicado por el gobernador Francisco Pérez.
En primera instancia, Pérez se mostró contrario a la moción de censura del organismo financiero internacional. "Si algo se ha recuperado la Argentina del 2003 a la fecha, es en la independencia política y la soberanía económica. Y esto a partir de los compromisos con los organismos internacionales, fundamentalmente de crédito", recordó el mandatario provincial, apegado al guión político que lo deja firme junto a Cristina (quien ayer refrescó un discurso duro pronunciado en su momento por Néstor Kirchner a modo de respuesta a la sanción).
En este tren de acontecimientos sobre el fin de semana, el ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, anunció que se va a conformar un nuevo IPC nacional, para remplazar el índice que mide actualmente los costos del Gran Buenos Aires.
Este nuevo gesto de alineación con el Gobierno nacional sirvió también a Pérez para justificar la necesidad de cambios que ayuden a medir los índices económicos de la provincia. Y, de esta manera, evitar las constantes polémicas que las últimas gestiones justicialistas han tenido para justificar las diferencias entre un polémico Indec y una DEIE -Dirección de Estadísticas- cada vez más sujeta a los órdenes políticos instrumentados por la Nación.
Así, Pérez consideró: "Siempre dijimos que el organismo técnico que evalúa los distintos datos en la provincia [por la DEIE] no nos servía para planificar estratégicamente los distintos programas de gobierno, como el Producto Bruto Geográfico".
Para Pérez, uno organismo como la DEIE no servía para la planificación estratégica.
Y recalcó: "A ciencia cierta, hoy todavía no podemos determinar cuál es el Producto Bruto Geográfico ni cómo está disgregado".
Lo cierto es que, al igual que Jaque, Pérez también se ha mostrado condicionado por está lógica entre los índices locales y los elaborados por la Nación, aunque hubiera gestos para atenuar las diferencias, y que se refleja en la decisión de no medir la inflación desde abril de 2012. Recientemente, el ministro Marcelo Barg -de quien depende el organismo dirigido por María Inés Crisafully- justificó esta decisión al señalar en Los Andes que recabar la información sobre el ritmo inflacionario "tampoco está en armonía con el sistema a nivel nacional, como recomienda el FMI".
Lógica que queda en evidencia ante las mediciones efectuadas por la UNCuyo, las consultoras privadas o las reunidas por la oposición y que son difundidas en el ámbito del Congreso. Así como cada vez que se reanuda la discusión paritaria con los gremios por los aumentos salariales, tal como sucede ahora, cuando los más combativos -como ATE y Ampros- solicitarán un incremento del 50 por ciento.
Por eso, el gobernador desestimó estos intentos extraoficiales de calcular lo que cuesta vivir en Argentina y, particularmente, en Mendoza. Sin precisar en la sanción impuesta por el FMI, pero en concordancia con lo dispuesto por el Gobierno nacional, aunque dejando ver que la dependencia de las mediciones realizadas por el Indec se estrechará más a partir de esos cambios anunciados.
El gobernador desestimó los intentos extraoficiales de calcular lo que cuesta vivir en Argentina.
"Nos parece interesante que cualquier tipo de análisis estadístico contenga este tipo de información, y a eso vamos apuntando y no a datos que sirven para la tapa de un diario. Un proyecto o un organismo técnico mucho más profundo y que nos sirva para la planificación estratégica de la provincia", definió.