La ola de furia que desató el memorándum con la República Islámica de Irán parece desproporcionado pero no lo es.
En primer lugar, es necesario advertir que el principal indignado es el Estado de Israel. Haciendo un poco de historia, diremos que desde antes del primer atentado en la Argentina, el 17 de marzo de 1992 contra la embajada israelí, nuestro país fue introducido en un conflicto ajeno, el de Medio Oriente, de manera inopinada, secreta y escondiendo intereses particulares del entonces presidente, Carlos Menem. El grado de irresponsabilidad de Menem en este asunto es similar al que demostró en el caso del proyecto misilístico Cóndor II, en el que pasó casi sin escalas de querer vendérselo a todo el mundo árabe a desactivarlo por completo a pedido de Washington, todo en apenas 30 meses.
El segundo atentado, el cometido contra la AMIA el 18 de julio de 1994, cumplió las mismas condiciones del primero aunque con una variante no menor: de asesinar diplomáticos israelíes y empleados argentinos se pasó a masacrar a miembros de la colectividad judía local (y también a varios que no lo eran y que trabajaban allí o pasaban por la puerta).
Durante dos décadas, la tesis que aceptaron los sucesivos gobiernos democráticos fue que en ambos casos se trataba de una conspiración internacional dirigida y financiada por Teherán. Más allá de si se consiguieron pruebas concluyentes al respeto o no (no en sede judicial, que es lo que importa), todos los que advirtieron sobre la evidente conexión local, que vinculaba al entorno del propio Menem, fueron acallados con parvas de papeles y pseudodocumentos que nunca sirvieron para probar nada.
Más allá de las teorías conspirativas, en dos causas separadas se investiga lo que ocurrió en la AMIA y el encubrimiento de quienes intervinieron en la pesquisa amañada que impulsaron Menem y su jefe de Inteligencia, Jorge Anzorregui. Paradójicamente, o no tanto, aunque lejos se está más cerca de probar algo en este segundo expediente que en el primero.
Veinte años más tarde, en un giro que algunos consideran copernicano, la presidente Cristina Kirchner le dio instrucciones a su canciller, Héctor Timerman, para que desandara el camino que su esposo y ella misma habían abonado en dos períodos presidenciales consecutivos. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué significa este paso diplomático?
La lectura de dos declaraciones emitidas en las últimas semanas podría arrojar algo de luz, pero, como se verá, todo es opaco en las convulsionadas relaciones internacionales. Y mucho más en el conflicto en Oriente Medio.
El presidente Barack Obama, en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso de su país, el pasado día 12, advirtió a Irán que debía entender que había llegado el momento de una "solución diplomática" para su programa nuclear, que en Occidente es considerado con fines militares, lo que ha sido negado sistemáticamente por Teherán. La frase disparó las alarmas de los republicanos y de Israel. Tel Aviv reaccionó con dureza y envió de urgencia al saliente ministro de Defensa, Ehud Barak, a Washington. El lobby israelí en la capital de EEUU se movió rápido y colaboró con sus contactos en los medios. De inmediato comenzaron a aparecer decenas de notas en las que se advertía que el elegido por el Presidente para conducir el Pentágono, el ex senador Chuck Hagel, tenía antecedentes "antiisraelíes". En un hecho sin precedentes en la historia parlamentaria estadounidense, los republicanos bloquearon al menos por dos semanas la designación de Hagel, que por otra parte dio una pálida imagen en las audiencias y cayó en una serie de contradicciones.
Paralelamente, el líder religioso de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, declaró que su religión obliga a los iraníes a estar en contra de las armas nucleares. Desde Tel Aviv se lo trató de cínico, pero tampoco hay precedentes de una declaración semejante de parte de un dirigente iraní. En la misma semana en que Obama convocaba a llegar a una "solución diplomática".
Estas declaraciones estuvieron presentes en la presentación que Timerman realizó ante el Senado. "Si Estados Unidos se sienta a negociar con Irán, por qué nosotros no", planteó, palabra más, palabra menos, el jefe de la diplomacia argentina. También cometió una serie de exabruptos, nada inusual en él, pero su defensa del acuerdo para avanzar en el interrogatorio de los iraníes implicados en la causa judicial en Argentina se centró en esto, en que habría un cambio en la situación internacional que movería a los iraníes a ceder en algo para conseguir oxígeno político. En un gesto de pragmatismo extremo, Buenos Aires estaría aprovechando el momento para destrabar una causa que está inerte hace mucho.
Quien mejor representa la postura conjunta de EEUU e Israel en este tema, en la Justicia argentina, es el fiscal federal Alberto Nisman, quien ya se curó en salud y ante la eventualidad de que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral le pida que lo acompañe a Teherán, denunció que fue amenazado de muerte. Lo importante es que el magistrado ya anticipó que no tendría ningún problema en trasladarse allí si el memorándum, como se descuenta, es aprobado por el Parlamento argentino en la primera semana de marzo.
Nisman es el marido de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. Legalmente lo sigue siendo, pero ya no conviven. La jueza tuvo una participación descollante en la causa por la filiación de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. En Tribunales se afirma que la pareja contaba con fuertes valedores dentro de la Administración Kirchner, lo que permitió que a Nisman se le entregaran importantes recursos, y durante varios años, para llevar adelante una muy pobre investigación; y que Arroyo Salgado fuera designada juez federal.
El más reciente ramalazo producido por la nueva postura del Gobierno argentino en relación al espinoso tema Irán fue la publicación, el pasado domingo, de una extraña nota en el diario "La Nación". Se afirma en ella que el Gobierno argentino habría firmado un acuerdo con una empresa venezolana para producir misiles (también usa indistintamente la palabra "cohetes"). Según la nota, naturalmente, esa compañía sería a su vez socia en proyectos del régimen iraní. Uno más uno, aquí, rápidamente es tres. Añade "La Nación" que nuestro país estaría aprovechando conocimientos y materiales del defenestrado proyecto Cóndor II, desactivado definitivamente en 1992, y que habían sido conservados en unas instalaciones de la cordobesa localidad de Falda del Carmen.
En primer lugar, las tecnologías de hace dos décadas han caído en desuso. Los galpones de Falda del Carmen fueron completamente vaciados hace veinte años y subidos a un barco, primero con destino a España y luego a EEUU, como pudo comprobar el autor entonces (Ver "Relaciones carnales. La verdadera historia de la construcción y destrucción del misil Cóndor II". Eduardo Barcelona y Julio Villalonga – Editorial Planeta, 1992). Y, por último, las actividades de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) están dirigidas enteramente a su rubro y avanzan en acuerdos con Brasil, en particular, y con otra decena de países, incluidos los Estados Unidos y Venezuela, pero con fines pacíficos.
En fin, no hay duda de que la Presidente metió el dedo en el ventilador y, como habitualmente, sin fijarse demasiado en las consecuencias. Pero es probable que en este caso su viraje haya enderezado el barco. Que habrá interesados en hundirlo, no nos cabe ninguna duda.
*Director de gacetamercantil.com