El diario Crónica, del mendocino Raúl Olmos, apunta hoy en tapa contra Julio Cobos por el sistema de transporte público provincial que creó durante su gestión como gobernador mendocino.
Bajo el título: "Escándalo. Por culpa de Cobos, Mendoza podría llegar a perder más de $300 millones", el matutino recuerda hoy una adjudicación directa en el sistema público de Transporte en el año 2005.
Lo curioso es que lo hace a partir de un fallo que la Suprema Corte de Mendoza dictó hace casi cinco meses. Justamente el 18 de octubre de 2012, hace exactamente cuatro meses, MDZ Online reveló el contenido del fallo.
Un fallo reciente de la Suprema Corte provincial declaró ilegal la adjudicación de la concesión del grupo 7 del servicio público a la empresa El Cacique S.A. en perjuicio de la compañía Transporte Colectivos del Oeste y anuló el decreto de la licitación.
En 2005, se concursaron diez recorridos de transporte y se contrató a uno de manera directa.
El Cacique pertenece al empresario Sergio Pensalfine.
Los argumentos del fallo, que hoy recoge Crónica, son del 9 de octubre de 2012. Según la Corte Suprema, el gobierno de Julio Cobos actuó de manera irregular, ya que ilegítimamente le otorgó la concesión a una empresa que no estaba en condiciones de participar en la licitación por tres razones: había excedido la cantidad de líneas a cargo, tenía más deuda de la permitida con el estado provincial y había presentado una oferta más cara que sus competidores.
La compañía beneficiada presentó una tarifa de 2,8645 pesos por kilometro recorrido mientas la empresa demandante, Transporte Colectivos del Oeste, había ofertado 2,3917 pesos. Además, El Cacique no cumplía con la exigencia de contar con un millón de pesos de patrimonio neto por cada grupo.
Según dice hoy Crónica, a partir del fallo de la Corte provincial, Transporte Colectivos del Oeste podría reclamar una cifra cercana a 300 millones de pesos. “El presente fallo podrá ser suficiente fundamento y servir de sustento para reclamar el resarcimiento por la actividad irregular de la administración”, dice.
La nota destaca que en el actual esquema el Estado recauda y le paga a los empresarios de transporte por kilómetro recorrido y no por boletos cortados. Esto le asegura un ingreso a las empresas de transporte con riesgo cero, ya que les alcanza con cumplir las frecuencias para poder facturar.
Por último, afirma que llamativamente el expediente administrativo donde se tramitó la irregular adjudicación se perdió en 2005, cuando se realizó el trámite. El último lugar donde se encontraba radicado el expediente era la Asesoría de Gobierno de Mendoza.