Antonio Maderna (62) trabaja desde hace años en el área de maestranza de la vieja casona de la Avenida Peltier. Cada lunes por la mañana, cuando enciende las luces de la Casa de Gobierno a las 6:00 AM, pone en marcha una gruesa maquinaria. Un engranaje aparatoso que moviliza a más de cien mil empleados entre directos, contratados en locaciones de servicios, horas cátedras, prestaciones varias y diversas formas de empleo informal que tiene el Estado en todas sus reparticiones y dependencias, más los empleados de entes autárquicos y otros 15.000 asalariados –aproximadamente- de cada una de las 18 municipalidades. Al encender la luz y prender la cocina para los primeros cafés de la mañana, habrá disparado el gasto corriente de 53.819 pesos por minuto, que corresponde a un Estado que multiplicó sus gastos 9,2 veces en diez años, la mayor parte en los últimos seis y que en el último año aceleró el crecimiento de sus gastos por encima del de su recaudación. Y que mutiplicó por diez el gasto en sueldos públicos.
Los empleados estatales mendocinos podrían ocupar toda la Ciudad de Mendoza aun conviviendo en dos por cada casa. Pero semejante magnitud no es equitativa con la calidad de los servicios a la población. Salud en crisis, educación en retroceso con alumnos menos preparados, seguridad en rojo, por citar tres áreas de relación directa con la gente, pertenecen a un Estado del pasado que se ha empobrecido en trabajo, ideas, productividad; generando el ambiente ideal para una población mendocina que sabe menos, se cura mal, tiene peor calidad de vida y está más insegura.
Han sido generosos los gestores del dinero público. El ministerio de Salud engrosó su planta un 51 % desde 2006 –promediando el gobierno de Cobos hasta la gestión de Pérez y pasando por los cuatro años de Jaque- sólo en funcionarios que no atienden pacientes. El movimiento del personal hospitalario dedicado a la atención concreta de la salud fue -según cada hospital- desde el retroceso llano, hasta un promedio del 20 % aproximadamente de crecimiento en su plantilla profesional.
Los ejemplos son groseros. De los 26.492 empleados más que sumó el Estado mendocino en siete años, unos 17.529 pertenecen a la Dirección General de Escuelas, según datos obtenidos en las ejecuciones presupuestarias. Pero a no hacerse ilusiones, no son maestros. De los 63.574 cargos que dependen de la DGE, poco más de 30.000 son maestros y de estos –a su vez- apenas 18.594 son titulares y no todos están frente a las aulas. El gobierno reconoce sólo 38.374 cargos. Se llega a más de 63.000 promediando unas 15 horas cátedra por persona, de las 377.491 mensuales presupuestas y ejecutadas este año. Es un criterio aceptable aunque el gobierno escolar debería presentar esta información con exactitud. De los 18.594 maestros al aula, por 11.254 se pagan sueldos dobles de reemplazos permanentes, de acuerdo a datos aportados por la misma Dirección General de Escuelas a principios de este año. Sus representantes gremiales, en tanto, pulsearán por jugosas licencias y viáticos que se pagan mejor que los salarios de los maestros.
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Una escuela promedio necesita aproximadamente 50 cargos docentes para funcionar. Para aprovechar la marea humana que ingresó a la educación deberían haberse inaugurado en estos años 350 escuelas. Pero sólo se habilitaron 51. Ese 29 % de maestros que son la masa crítica de la DGE mientras el resto está en otra cosa, deberán atender a 520.000 chicos poco interesados. Trescientos de ellos de distintas escuelas son alumnos de 15 años que participaron de la reciente evaluación PISA de calidad educativa internacional, y sumaron su granito de desmérito al resultado negativo de la educación argentina. Seis de cada diez chicos no llegan a un 7, tres de cada diez no llegan a un 4. Siete de cada diez no comprenden un texto con claridad.
Las capas geológicas son sólo una parte de los problemas del Estado. Algún día alguien pondrá en marcha un organismo seleccionando lo mejor de cada ministerio, para censar el empleo público: qué hacen, dónde están, qué horarios cumplen, qué plan de carrera tienen, qué espacio físico requieren, cuánto ganan, de dónde vienen, cuál es su reporte. Necesitamos que este Estado sea amigable, rápido, eficiente, seguro, moderno, tecnológico, móvil, y brinde servicios a la población. Que la burocracia útil venza a la inútil y corporativa. Tiene que haber un “mani pulite” del empleo público. Hay que reorganizar el Estado, porque con la cantidad de gente que hay los servicios deberían ser mucho mejores. ¿Cómo puede ser que sólo una de cada tres personas que dependen de la DGE esté frente al aula?
Hace varios años comenzó un compendio de buenas intenciones que el gobierno y los gremios llamaron Ley de Concursos. Se sancionó en el último año de gobierno de Julio Cobos, se reglamentó en el último año de gobierno de Celso Jaque, y no ha sido puesta en marcha todavía. La ley, básicamente, dice que nadie entra al Estado sin concurso, que las vacantes deben ser declaradas por cada ministerio según su necesidad y plenamente justificadas, y que luego debe hacerse un concurso de oposición y antecedentes; con ventajas de arranque para quienes ya son empleados públicos. Algo así como concursos cerrados entre quienes ya están, y que se pueden abrir al resto de la ciudadanía en caso de que se declarasen desiertos. Por supuesto, no se aplica. Los funcionarios políticos toman los “créditos” (las vacantes) de los empleados que se jubilan y los transforman en planta política que luego será planta permanente. Mientras, las vacantes reales siguen congeladas año a año por decreto, aunque por el costado entra gente a raudales por medio de los contratos de locación de servicios y las horas cátedra. Finalmente, la “planta política” muta su piel y se transforma en protegida de los gremios que dicen rechazar esta metodología, pero terminan adoptando como propios a los que entraron por la ventana y defendiéndolos como si fuesen empleados de carrera. Al final, que no se aplique la ley de concursos parecería que les conviene a todos. Las adscripciones son un festival aparte. Nadie sabe bien cuántos son los empleados públicos que “reservan” sus cargos mientras se dedican a la política por cuenta de los mendocinos. Son empleados de decenas de reparticiones pero se adscriben a funcionarios, intendentes y legisladores amigos. El día que los adscriptos vuelvan a su lugar de trabajo aunque sea por 24 horas, colapsan hasta los edificios. Hay organismos que son sintomáticos de las contrataciones abundantes. En la OSEP, por ejemplo, sólo hay asientos y oficinas para la mitad de los que cobran el sueldo de la obra social de los empleados públicos.
El Estado mendocino gasta 53.819 pesos por minuto. Lo que gasta crece más rápido que lo que recauda.
Ese mismo lunes a la mañana en que alguien prende la luz de la cocina en la Casa de Gobierno y arranca, los 23 hospitales públicos de la provincia y los centros de salud deberán prepararse a recibir a más de 80.000 personas por día que circularán desde las tres de la mañana para hacer cola una y otra vez. Para obtener un turno, para ser atendido, operado, o algún otro estudio. Eso, siempre que no le posterguen las prácticas por alguna protesta, o porque no hay recursos. Luego, cualquiera de esos pacientes perderá tiempo para relatar varias veces lo mismo a cualquiera de los 11.721 médicos del sistema público, que no cuentan con una historia clínica unificada porque ningún gobierno ha conseguido resolver algo tan simple que se hace con planificación, tecnología y dinero. Entre enfermeras, parteras y profesionales varios hay unos 7.400 empleados más en el sistema de Salud para atender a la gente. Pero el Hospital de La Paz cuenta con sólo un pediatra una vez por semana, el personal de las decenas de centros de salud no alcanza, y en el Valle de Uco hay sólo una asistente social para atender a toda la población. En el hospital Fleming, de la OSEP, este lunes a la mañana había sólo dos pacientes internados. Con los 280.000 pesos diarios que cuesta ese nosocomio, esos pacientes podrían ser atendidos en el Hospital de Harvard a cuerpo de rey. Como no consiguen médicos, las 200 cirugías en promedio que se hacían por semestre en ese hospital bajaron a sólo media docena en este semestre. Muchos de los centros de salud son atendidos sólo por enfermeros, a veces no hay ni ambulancias, y los remedios se vencen en los depósitos oficiales porque las gestiones hospitalarias –la mayoría- no se organizan para ir a retirarlos. Pero hay médicos que entre el salario, las prestaciones, y las guardias activas y pasivas le cobran unos 80.000 pesos por mes al Estado. Por ese precio, todos los mendocinos deberían atenderse con Claudio Burgos y Roberto Zaldívar.
Esa misma mañana cualquiera del Estado mendocino, los empleados de Rentas atenderán a miles de personas con distintos problemas de impuestos. Luego, lograrán cobrarles el 74 % de lo que deben pagar, por lo menos. El problema es la economía informal. Sólo en una actividad, el turismo, el 40 % de los alojamientos son absolutamente en negro. Y sólo unos 3.500 policías de los 9.400 registrados recorrerán las calles de Mendoza para prevenir y reprimir el delito. El balance entre los nuevos policías y los que se retiraron da sólo 1.486 policías más contado la gestión de Cobos. Es decir, sólo el 5 % de los más de 26.000 nuevos empleados del Estado están dedicados a la prevención y la represión del delito, el problema colocado al tope de las preocupaciones de los mendocinos junto con la inflación. Los policías no se enterarán del 50 % de lo que pasa porque la mitad de la gente no hace denuncias. Las fiscalías recibirán las denuncias de la otra mitad, y se habrá dado justicia a las víctimas en un plazo promedio de 4 años, con suerte y si las pruebas son muy favorables y el asesino es el mayordomo. De lo contrario, impunidad para (casi) todos.
El Estado mendocino se ha puesto en marcha, como aquel Leviatán marino, el monstruo creado en el quinto día del Génesis. El problema es que nadie cumple la profecía bíblica de servir su carne en un banquete. No hay tal banquete. Todos se sirven, es cierto, pero nada más.
Resulta interesante analizar los recursos con que se cuenta para gastar aquellos 53.819 pesos por minuto que se utilizan cada día. La mitad de ese dinero será de origen nacional. Todos los días el Banco Nación envía a las provincias el dinero de la Coparticipación Federal, más otros 20 fondos que se reparten según sendas leyes y decretos. Desde fondos fiduciarios, hasta aportes no reintegrables, pasando por compensaciones por traspaso de docentes, hay de todo. Las remesas se hacen cerca del mediodía y a las tres de la tarde la información es actualizada en una planilla de disposición pública. Al 30 de noviembre Mendoza habrá recibido 445 pesos por habitante, del gobierno federal. A los vecinos de San Luis les irá mejor porque habrán recibido la mitad de la plata pero para menos de un tercio de la población mendocina: con 905 pesos por habitante la pasarán mejor. Mendoza no tendría déficit con una proporción parecida. ¿Qué tal San Juan? Reciben nominalmente un tercio menos que Mendoza pero para menos de la mitad de la población. Es decir, 863 pesitos por cabeza. Podríamos hacer 23 ejemplos iguales. Sólo la provincia de Buenos Aires está peor que Mendoza entre las provincias, sin considerar la CABA, que tiene un régimen diferente.
Por estos días en que las fuerzas políticas discuten el presupuesto 2014, conviene analizar qué clase de Estado necesitamos. El gobierno y la oposición ya iniciaron la danza estéril de un presupuesto acogotado por los gastos corrientes y sin dinero para gobernar de verdad. Ni unos ni otros -ni los gremios- advierten que una buena ley de presupuesto sería la consecuencia lógica de un Estado eficaz, orientado a dar servicio a la población, capaz de asumir las nuevas tecnologías y de darle a cada puesto de trabajo un sentido y un rol en la cadena de valor de la salud, la educación, la seguridad, la atención de los productores, la acción social, y la administración central y los ministerios económicos y político como un gran tablero de comando de todo aquello. Atacamos y discutimos las consecuencias de un Estado desordenado, pero no las causas. Nadie se anima a dominar al monstruo: en 2007 el 86 % del presupuesto se iba en gastos corrientes. Esa proporción ya es cercana al 95 %. Es decir, no queda dinero para crecer. Es como si cuando gobernaba San Martín, el Ejército de Los Andes se hubiese quedado al pie de la montaña, sin cruzar hacia la gesta libertadora. Luego, el general más famoso pediría limosna en la Alameda mendocina. El fusil sin balas, las mochilas vacías, los soldados desanimados y burócratas, y Pueyrredón riéndose a mandíbula batiente desde Buenos Aires.
Aprendamos lo que sucede de verdad, por ejemplo, en un hospital. “Cuando se hacen los presupuestos se calcula menos plata de la que realmente se necesita. No se tiene en cuenta que los servicios quedan obsoletos frente al crecimiento poblacional de la comunidad. Como consecuencia, quienes tenemos que administrar hacemos malabares para entregarle “algo” a los proveedores y no quedarnos sin insumos y ni medicamentos”, dijo un empleado administrativo con 25 años de antigüedad en el Hospital Paroissen, de Maipú. “En el hospital todos los años quedan remanentes de deudas con proveedores y a nosotros nos pasa lo mismo con los aportes de las obras sociales. Han quedado saldos imposibles de cobrar. Frente a esa realidad, todo se hace menos eficaz”, dijo.
Sólo uno de cada tres cargos que paga la Dirección General de Escuelas está frente al aula o pensando en contenidos para los alumnos.
En la mayoría de los hospitales existen servicios tercerizados de limpieza, cocina y vigilancia. “Cuando surgieron las cooperativas de trabajo, el Estado empezó a contratarlos para darles una mano, aún con servicios funcionando. En el caso particular del Paroissen, el mismo hospital, después de tercerizar el servicio de limpieza, absorbió al personal porque la contratista los desvinculó” contó. Y ahora viene la frutilla del postre. “Yo me acuerdo que eran fortunas las que se desembolsaban para solventar la limpieza. Lo peor de todo es que nosotros teníamos un servicio de limpieza funcionando” relató. En los hospitales mendocinos, hay casi un contratado por cada empleado.
La tarea a realizar en Salud no depende sólo de incorporar presupuesto y gente: en los últimos 10 años, el personal aumentó más del 40%. Y la producción total de la salud pública (consultas, cirugías, prestaciones diversas) se mantuvo casi constante en algunos casos, o bien bajó en otros indicadores que miden la productividad. El desafío no es agrandar la salud pública, sino volverla eficiente. No aumentar tanto los recursos humanos sino distribuirlos racionalmente en el territorio. No abrir nuevos servicios sino volver eficientes a los actuales. Quizá aumentar el gasto, pero hacer crecer la productividad de la inversión en salud es una necesidad urgente.
Hoy se abren quirófanos en zonas periféricas y consultorios en los grandes hospitales. Debiera ser a la inversa. Es improductivo, malo para la gente porque le dificulta el acceso a la cura de su enfermedad. Y la crisis es cada día más irreversible. La ecuación del personal, además, está al revés. La Organización Mundial de la Salud recomienda tener 4 enfermeros por cada médico. Y en Mendoza –dentro del mal promedio del país- hay el doble de médicos que de enfermeros, según los registros oficiales del Ministerio de Salud de la Provincia.
La gravedad se advierte en indicadores que desfiguran a la salud pública. La relación entre médicos y profesionales dedicados a la atención primaria de la salud, debiera ser del 40% del total de los empleados del ministerio; en Mendoza ronda apenas el 7%. Esto genera un círculo vicioso difícil de romper. Ante la falta de servicios en los centros de atención primaria, las personas asisten a los hospitales para servicios que habitualmente son propios de los centros de salud, como patologías comunes, resfríos, lastimaduras, y varios etcéteras. La demanda hacia los grandes hospitales genera la concentración de profesionales, lo que sólo contribuye a este círculo vicioso. La cantidad de consultas ambulatorias de Hospitales como el Notti o el Central, debieran ser atendidas por centros periféricos, y sin embargo la demanda engrosa las plantas de personal de los grandes hospitales. El reino del revés.
El desafío para los próximos años, deberá ser el de descentralizar la salud, fortalecer la atención primaria, y complejizar los grandes hospitales. La atención primaria debe ser eficiente pero descentralizada.
EL DEBATE
¿Qué Estado necesita Mendoza? Acabamos de ver que el gobierno ha presentado un nuevo presupuesto deficitario que apenas si alcanza para mantener “lo que hay” de la misma manera en que se hacen las cosas hoy. Con la mano en el corazón… ¿Cuántas reparticiones públicas se ocupan de los problemas como si en ello les fuera la vida? ¿Cómo si de cada acción dependiera el trabajo de cada persona? ¿Cómo si entendieran que el rendimiento de cada uno redundará en un resultado final favorable a la gente? Son muy pocas.
El debate no es entre un Estado grande o chico, o público y privado. La pelea es por un Estado capaz de cumplir sus funciones de manera lógica y ordenada. Que debe revalorizar además la tarea central, fundamental, de conducir el crecimiento social y económico de la provincia, indicando el camino y fortaleciendo las estrategias económicas en cada actividad. El Estado debe liderar la reconversión hacia una Mendoza capaz de darles bienestar, trabajo, riqueza a los dos millones de habitantes, para a su vez beneficiarse con mejores sistemas de salud, seguridad y educación, por lo menos. El Estado no debe ser simplemente un administrador, sino un conductor del crecimiento.
Hay que confluir en un Estado útil y presente. Eficiente. Capaz. Confiable, y superavitario con capacidad de reinvertir en sí mismo para mejorar el servicio a la población. Por el contrario, nos encontramos ahora con un Estado que creció en gastos más de nueve veces en diez años, multiplicó el gasto en personal casi por diez, y que pasó de 64.000 empleados en 2003, a 74.300 en 2007 y a 100.800 este año sin contar municipalidades. Tengamos en cuenta que hubo mucho dinero y recursos hasta 2008 y luego empezaron los problemas, la crisis de 2009 y más tarde los presupuestos deficitarios, la inflación, el tipo de cambio atrasado, y así hasta nuestros días.
Y no hace falta que preguntemos a la población qué tanto ha mejorado el servicio. Nuestro Estado provincial hoy es torpe, lento, ineficiente, deficitario, elefantiásico, poco útil. Por si fuera poco, está dominado por decenas de corporaciones, casi podría decirse que una por repartición, donde empleados de carrera y funcionarios a veces aliados entre sí, pelean por porciones de poder pequeñas que hacen a la comodidad individual de cada uno. El Estado mendocino, para que nos hagamos una idea, tiene casi tantos acuerdos paritarios como oficinas, y no hay convenio colectivo que los contenga a la mayoría, por lo menos.
Vivimos en un Estado que es capaz de atender a 60 personas por minuto en una oficina de renovación de licencias de conducir, en el subsuelo de una municipalidad, y paralizar una hora esa misma oficina mientras los empleados, la gente de mantenimiento de la comuna, los de la provincia, el Ministerio de Seguridad; discuten sobre quién debe arreglar el aire acondicionado o quién poner un ventilador para que la gente no se cocine al calor del verano mendocino. Ese es el Estado. Una muestra muy pequeña que permite adivinar el resto.
El Leviatán tiene muchas cabezas y es esquizofrénico por sus múltiples personalidades. Los empresarios de la construcción suelen resaltar en sus discursos que una de las pocas operatorias que funciona bien en Mendoza es la de la construcción de viviendas. Veamos dos casos: el Instituto Provincial de la Vivienda, (IPV) afronta posibles irregularidades en la construcción de viviendas, a consecuencia de posibles incumplimientos por parte de la Asociación Civil de Amas de Casa Cuyana y del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Nacional de Cuyo (SPUNC), organizaciones con las que estableció acuerdos de cooperación. En ambos casos, hay cientos de familias que dicen haber pagado por su terreno, sin que se haya concretado la construcción de vivienda alguna. En el primer caso, el IPV presentó a la Legislatura una iniciativa de expropiación de tierras, como consecuencia de la falta de pago del crédito otorgado a los integrantes de la asociación civil. Esta deuda se acumuló en el transcurso de… ¡14 años! Una problemática similar viven aquellos trabajadores enmarcados en distintos gremios que se sumaron al proyecto habitacional de SPUNC. Esta iniciativa tenía por objeto dar respuesta a más de 1.000 familias, con la venta de terrenos diseminados en distintos departamentos de la provincia, el IPV colaboraría en la urbanización
Pero las casas no fueron edificadas, y los terrenos comercializados estarían “flojos” de papeles. El IPV fue parte de los acuerdos en el préstamo de dinero, o bien en el compromiso de urbanizar y edificar. No sucedió, el Estado no fue eficaz. ¿Quién controla en el Estado? ¿Y quién controla al Estado?
Hay mucho más fango repartido en los distintos estamentos del Estado provincial. Si imaginariamente metemos la mano en una urna gigante repleta de papelitos y los arrojamos hacia arriba cual sorteo de TV, nos vamos a encontrar con que:
-Hay adscripciones absurdas por todos lados.
-Sobran empleados por todos lados y no hay quienes estén pensando en las tareas estratégicas para el futuro.
-No existe una adecuada trazabilidad de los remedios, ni de los alimentos que se compran para el Estado. ¿Cuántos departamentos de compras tienen balanzas para pesar exactamente lo que se adquiere, si fuere el caso?
-En el transcurso de este trabajo nos encontramos con múltiples trabas y agujeros negros en la información. Muy pocos ministerios tienen paneles de control públicos para el adecuado control ciudadano. Y donde no hay información, es muy probable que alguien esté robando.
-Hay reparticiones que crecieron su planta de empleados de manera absurda. No hay justificaciones para que sólo un tercio del personal de la DGE sea maestro, salvo que haya una burocracia gigantesca, clientelar, y corrupta. En las internas de los partidos políticos, los “celadores” son casi una agrupación en sí. No importa del partido de que se trate.
¿QUÉ HACER?
Los ejemplos de mal funcionamiento del Estado, corrupción, ineficiencia, ineficacia, dobles esfuerzos, falta de compromiso, son por miles. Basta ir a una oficina pública y ver la contracción al trabajo de muchos –no de todos, los hay excelentes- de los empleados, y vamos a entender de qué se trata. Hay en Mendoza una burocracia deforme, clientelar, donde los puestos, el poder, los pequeños negocios, se compran y se venden cada día. La pregunta es qué hacer, por dónde conseguir que la calidad del gasto permita pensar en el futuro y solventar los sueños. ¿Cuál es el sueño mendocino? ¿Cuál es la gran utopía mendocina con la que cada gobierno debería entusiasmar a la población? ¿Pagar los sueldos y pedir plata para cerrar el año? Es muy poco para la provincia que venció al desierto e hizo de su crecimiento una lucha. La sociedad mendocina, las familias, los estudiantes, los trabajadores, las ONG, las organizaciones civiles, sociales, políticas, gremiales, deben –debemos- construir un sueño colectivo. ¿Es el corredor Bioceánico? Que lo sea… ¿Es industrializar el campo y ser los mejores proveedores de alimentos? Vamos por ello… ¿Es ganarle el desierto otra vez y transformar las zonas yermas de Mendoza en el nuevo Silicon Valley y la nueva sede de Google, Facebook, y los gigantes “tech” del mundo? Es posible. Pero las utopías requieren financiamiento, y para ello con el crédito no alcanza. Además, hay que encarar reformas profundas que nos permitan optimizar la calidad del gasto. Es decir, que cada peso que se invierta de aquellos más de 53.800 que se gastan por minuto, sirvan para algo y aporten en una solución o en mejorar la calidad de vida de la población. Educación, Salud y Seguridad requieren urgentes políticas de Estado y nuevos mecanismos de eficiencia. Educación ya no enseña y Salud no cura.
Nuestro aporte, humildísimo, apenas si alcanza a sugerir un camino.
1. Cuántos son
Es necesario crear un organismo independiente, del que participen miembros de los tres poderes, de universidades y consultoras, y de los gremios, que se dedique a hacer un verdadero censo del Estado mendocino. Uno por uno. Es el punto de partida necesario para aplicar después como corresponde la Ley de Concursos, que fue sancionada y que no está totalmente aplicada pero con modificaciones. Beneficia sólo a los que ya están e impide que el Estado salga a la calle a por los recursos humanos calificados que necesita. El Estado necesita recursos humanos más capaces, más formados, más comprometidos. Y necesitamos saber dónde está cada uno de esos recursos. En la era de la tecnología, la transparencia es barata. El censo de empleo público, control de espacio físico y ambiental, y redefinición de cada puesto en función de estrategias comunes, servirán para un Estado mejor.
2. Poner en marcha una ley de concursos abiertos
El Estado necesita recursos humanos más capaces, más formados, más comprometidos. Y necesitamos saber dónde está cada uno de esos recursos. En la era de la tecnología, la transparencia es barata. El censo de empleo público, control de espacio físico y ambiental, redefinición de cada puesto en función de estrategias comunes, servirán para un Estado mejor. Ello debe ser acompañado por la aplicación plena de la Ley de Concursos. Cada puesto que se genere en el Estado debe ser justificado en el servicio a la población, y los concursos deben ser abiertos y transparentes. Sin privilegios para nadie y privilegiando a los más capaces.
3. El “ombudsman” del Estado
Debería crearse un cargo que vigile las contrataciones y el cumplimiento de los concursos. Alguien que vele por el estricto apego a los planes de Recursos Humanos, las políticas en ese sentido y por sobre todo, las contrataciones. Ese ombudsman debería ser de la oposición, siempre.
4. Presupuesto por objetivos
Es necesario volver a un presupuesto por objetivos y metas claros y cuantificables, que vincule el gasto de cada repartición con los resultados y obligue a los funcionarios a rendir cuentas por lo que consiguieron realmente en su gestión y termine con le guitarreo interminable e incomprobable de los que dicen haber hecho.
5. Reordenamiento laboral
Se impone disminuir las decenas de convenios laborales distintos que hay en el estado y sus reparticiones, unificando en unos pocos estatutos básicos y una ley de sueldos para ordenar el caos actual.
6. Información transparente
Crear un sistema de información pública real y eficaz que obligue a cada ministerio y organismo a transparentar todos los números básicos de su gestión.
7. El estado motor del desarrollo
El Estado debe tener en su misión, como rol central, motorizar los planes de desarrollo provincial de manera de multiplicar la riqueza y generar más actividades que le den al pueblo de Mendoza mayor bienestar y servicios acordes, de calidad, dignos, apropiados. Para ello debe haber agencias de inversiones, estudios serios de qué se puede hacer y qué no, mostrar seriedad en el gasto y cuidado de los presupuestos, reducir los déficits, para reorientar cada peso al crecimiento. No hay que gastar sino invertir. El Estado debe ser el motor de la reconversión, el orientador y facilitador de empresas grandes y pequeñas, productores, trabajadores, cuentapropistas. Debe ser capaz de abrir Mendoza al mundo sin miedos, ni prejuicios, ni ataduras políticas.
8. Convocar a construir un sueño
Mendoza no sabe de qué va a vivir. No sabe cuál es el rumbo ni el norte. Ningún gobierno logra encabezar un sueño colectivo. El egoísmo siempre gana y no se construyen políticas de Estado siquiera en temas tan sensibles como educación, salud o seguridad. Mendoza necesita nuevos planes estratégicos a 20 años donde participen todos: empresas, Estado, gremios, universidades, ONG, profesionales, científicos, comerciantes. Todos. Sin egoísmos, para fijar las políticas generales que cada gobierno, en su propia ideología, estilo, procesos, deberá cumplir. Un sueño nos va a movilizar hacia adelante y en ese sueño el Estado tiene un rol central. No éste Estado, sino uno distinto que hay que animarse a transformar.
Hay que encarar redefiniciones de cada área del Estado. Misión y Visión y compromiso público. Basta de ñoquis. Lo que necesita el Estado es cerebro y músculo para funcionar bien, recaudar más, ayudar a multiplicar la riqueza. Mientras el Estado creció nueve veces en diez años se achicó la riqueza, el Producto Bruto Geográfico fue del 2,2 % en 2012, del 4,7 % en 2011, del 8,8 % en 2010, y en 2009 con la crisis fue negativo. No hay proporción entre la generación de riquezas y el crecimiento del gasto público, que además no redundó en mejores servicios a la población, sino lo contrario. Las pruebas PISA en educación son prueba de ello.
Semanas atrás, un funcionario importante le ofreció la dirección de uno de los hospitales más grandes de la provincia a un conocido profesional de una especialidad que escasea. Cuando el médico le preguntó por el plan estratégico, le dijeron “No hay”. Ése es el Estado. Ningún gobernador de Mendoza podrá hacer transformaciones sino no intenta domesticar al Leviatán. Porque el monstruo consume todo el oxígeno y no queda nada para gobernar. Sin dominar el Estado no hay mirada sobre el futuro.
Las instituciones del Estado y de la política funcionan mal. El que gana las elecciones debe conducir a estas instituciones pero debe escuchar a las minorías, al vencido, para ir generando las políticas de Estado que hacen falta. A ningún gobierno chileno de derecha o izquierda se le ocurriría enterrar la minería, por ejemplo. O bajar la calidad de la educación llenando de ñoquis las reparticiones públicas. Son los líderes políticos quienes deben conducir este proceso antes de que el monstruo nos devore a todos, nos deje sin aire para planificar estratégicamente la provincia que queremos. Hoy, es imposible siquiera determinar de qué queremos vivir o con qué vamos a alimentar, cuidar, educar, ayudar a dos millones de mendocinos en el futuro. Lo que hay es inercia y simulación de discusiones de asuntos pretendidamente importantes. Hay que ir al fondo de las cuestiones.
Con el diálogo constructivo y la participación responsable de los sectores políticos y la sociedad civil, sin corporativismos que atrasan; es posible el Estado sustentable, sano, eficiente y útil.
La sociedad civil debe comprometerse y pelear por el estado racional y motor de cambios. Pagar los impuestos, votar y quejarse no son los únicos caminos. Hay que aceptar los desafíos para aportar recursos de calidad, en un plan de innovación que debe ser completo, desafiante, y dirigido a curar, educar, ayudar, crecer, y cuidar. Hoy, no alcanza. La buena noticia es que se puede hacer. Sólo hay que animarse y empezar.
Epílogo. Esta nota es apenas un aporte. Sólo un halo muy estrecho de luz en un océano enorme y oscuro. Una linterna que busca a los sobrevivientes del Titanic gritando gritos mudos que pocos se animan a escuchar. Nos costó muchísimo acceder a la información. Hubo reparticiones que no colaboraron, ministerios que dijeron no tener la información que sin embargo publican en sus páginas de Internet… funcionarios que no saben lo que pasa en sus escritorios… Nos pasó de todo. Fueron casi dos semanas de meter la nariz en el Estado. No es mucho lo que hemos conseguido, y necesitamos de la ayuda de quienes se animen a contar lo que pasa. Si querés ayudar y contarnos dónde se malgasta el dinero, dónde hay amiguismo, clientelismo, robo descarado, ineficiencia, nos comprometemos a investigar el lado de abajo del iceberg, para tener un Estado mejor y no tener que pedir –cada año- la plata para llegar a fin de año. Sólo tenés que participar de los foros de discusión de este trabajo en el diario y en las redes sociales. Y decir lo que ves. Es más que suficiente.
Idea general: MDZ Online. Producción y texto: Ricardo Montacuto. Colaboraron: Melissa Stopansky y Mauricio Fernández.
Fuentes: Los datos duros recogidos en este informe fueron recabados de manera oficial o consultados en documentos públicos de la Dirección de Fiscalización de Relación con las Provincias del Ministerio de Economía de la Nación. Ministerio de Hacienda de Mendoza (ejecuciones presupuestarias), INDEC, Informes del CEM y de la Fundación Ideal, Ministerio de Salud, Dirección General de Escuelas, Banco Nación, Ministerio de Agroindustria y Tecnología. Instituto Provincial de la Vivienda. Primera medición de los indicadores para el cumplimiento de las Metas regionales de Recursos Humano para la Salud 2007-2015. Proyecto de Ley de Presupuesto Provincial 2014. DEIE. Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, OMS, Ministerio de Salud de la Nación, y otros.