El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, informó ayer que el Poder Ejecutivo tiene la intención de convocar a sesiones extraordinarias para que el Congreso trate en febrero una reforma del Código Aduanero.
Esta no sería la única norma que espera tratar la Casa Rosada, pero el decreto de convocatoria aún no fue publicado, por lo que no se conoce el temario.
La Constitución establece, que el período ordinario de sesiones se extiende desde el 1º de marzo hasta el 30 de noviembre y, fuera de ese plazo, se puede sesionar sobre lo que requiera el Poder Ejecutivo.
En conferencia de prensa, Capitanich dijo que la actualización de la ley se hará para "potenciar el aprovechamiento de los puertos" y mejorar la logística para "reducir costos", según publicó diario La Nación.
"Estamos trabajando todo un paquete de reformas que se pretende enviar para el tratamiento de sesiones extraordinarias a partir del 1° de febrero, que tiene que ver con una reforma en el Código Aduanero y también un sistema regulatorio desde el punto de vista legal", dijo Capitanich.
A principio de este mes, la Casa Rosada buscó aprobar la unificación de los códigos Civil y Comercial; el ascenso del jefe del Ejército, César Milani, y el aumento de los impuestos internos para los bienes considerados "suntuarios", en su llamado a sesiones extraordinarias.
En un decreto ampliatorio, el gobierno incluyó otros proyectos de ley, pero los tiempos legislativos, particularmente en el Senado no permitieron que se trataran. Particularmente por los plazos reglamentarios que fueron cumplidos respetuosamente por el bloque oficialista que conduce el rionegrino Miguel Pichetto.
Sobre las protestas policiales
Entre lo que no llegó a discutirse en el Senado, se encuentra la iniciativa impulsada por el ultraoficialista, Aníbal Fernández, que busca modificar el artículo 252 del Código Penal para castigar a los efectivos policiales que abandonen su puesto de trabajo.
"Será reprimido con multa de 750 pesos a 12.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año el funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público", dice parte del texto de la iniciativa.