A mediados de diciembre de este año, fue oficializada la designación del mendocino Juan Carlos Fábrega al frente del Banco Central (BCRA). Ocurrió sin mayores objeciones y en pleno Congreso Nacional.
Sin embargo, apareció en estas horas una nueva polémica por el decreto que lo ubicó en su cargo: mientras el primer decreto con que la presidenta Cristina Kirchner presentó el nombre de Fábrega en el Congreso (N° 1871) hablaba de designarlo "para completar un período de ley", el texto tras la aprobación de su pliego en el Senado (N° 2149) lo designó "para cumplir un período de ley".
La diferencia en el lenguaje no sería menor, no al menos según expertos consultados por diario La Nación, ya que significa que Fábrega no tendrá que completar el mandato que dejó trunco Mercedes Marcó Del Pont -que, en tres años, nunca logró el visto bueno del Congreso-, sino que asumió por un nuevo período de seis años.
El abogado Marcelo Griffi, que actuó como síndico del BCRA entre 2001 y 2005, opina que con este cambio el decreto no estaría respetando el espíritu de la Carta Orgánica de la entidad, que contempla una alternancia entre los miembros del directorio para garantizar su independencia de los ciclos políticos. Así como, por ejemplo, el Senado de la Nación se renueva por tercios cada dos años y los legisladores tienen un mandato de seis, en el BCRA la mitad del directorio se renueva cada tres años, con mandatos de seis años.
"Siempre que el anterior presidente no haya cumplido con los seis años, al nuevo se lo designa para completar un mandato, por más que el anterior presidente del Banco Central haya estado en comisión y no haya contado nunca con acuerdo del Senado, como el caso de Marcó Del Pont", dice Griffi. "Siempre se interpretó así. No tiene que ver con la calidad de la designación, sino que cuando la ley ordena esto es para desacompasar los ciclos políticos", explicó.
Retocaron el decreto que designó a Fábrega y hay polémica
El primer texto sugería que se lo designaba para completar el mandato de Marcó del Pont, pero, tras el paso por el Congreso, se insinúa un período de 6 años.