El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, había sido procesado por el juez Claudio Bonadio por haber hecho un negociado a partir de obras públicas en el ferrocarril Belgrano Cargas.
Se habían abonado 10 millones de pesos para una obra pública cuyo costo era de ocho millones.
En el fallo los magistrados plantearon que "existen suficientes indicios como para presumir que una porción de los fondos públicos entregados por la Secretaría de Transporte de la Nación al Belgrano cargas para financiar la obra investigada resultó desapoderada. En tal sentido pudo acreditarse que Belgrano Cargas retenía parte de las sumas dinerarias que recibía del Estado Nacional para cubrir cada una de las etapas adjudicadas e Zonis, a punto tal que, luego de ser apartada de la operación de la red ferroviaria...se contabilizó a se favor el remanente de $2.524.065,24 cuyo destino no pudo ser determinado técnicamente".
Debido a una carta firmada por Jaime en 2007 y dirigida al presidente de la empresa SOESA que administraba el ferrocarril Belgrano Cargas, se pagaron dos millones de pesos de más por una obra pública. La empresa Luis Carlos Zonis hizo una obra en el tendido de vías entre Tucumán y Concepción. El costo fue de ocho millones de pesos y, a partir de la misiva que envió Jaime, el monto que finalmente pagó el Estado fue de más de diez millones de pesos. Por eso fue procesado Jaime junto al sindicalista José Pedraza, la esposa de éste Graciela Coria, Ángel Stafforini, el presidente de SOESA Luigi Capelli, y el ex interventor en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Pedro Ochoa Romero.
La Sala I de la Cámara Federal porteña fue la que otorgó la eximición de prisión de Jaime cuando estuvo prófugo y la que hoy confirmó el procesamiento. Con la firma de los camaristas Jorge Luis Ballestero y Eduardo Freiler, quedaron firmes los procesamientos de Jaime, de Coria, de Stafforini, de Capelli y de Ochoa Romero. Los jueces entendieron que Pedraza no formó parte de la maniobra y le dictaron una falta de mérito.
En su fallo los jueces señalaron que"existen suficientes indicios como para presumir que una porción de los fondos públicos entregados por la Secretaría de Transporte de la Nación al Belgrano cargas para financiar la obra investigada resultó desapoderada. En tal sentido pudo acreditarse que Belgrano Cargas retenía parte de las sumas dinerarias que recibía del Estado Nacional para cubrir cada una de las etapas adjudicadas de Zonis, a punto tal que, luego de ser apartada de la operación de la red ferroviaria...se contabilizó a su favor el remanente de $2.524.065,24 cuyo destino no pudo ser determinado técnicamente".
Con la decisión de la Cámara queda confirmado otro procesamiento para uno de los kirchneristas más investigados por casos en los que se cuestiona la oscuridad con la que se manejó el área de Transporte desde 2003 a 2009. Jaime fue procesado por el delito de defraudación por administración fraudulenta cometida en perjuicio de la administración pública. La forma elegante que en el Código Penal se le llama a alguno de los delitos de corrupción.