El ministro de Comunicación de Entre Ríos, Pedro Báez, confirmó que finalmente la provincia dio marcha atrás con el proyecto para monitorear las redes sociales por saqueos.
A través de un comuncado, Báez explicó: "El Ministro de Comunicación de la Provincia de Entre Ríos, Pedro Báez, quiere expresar que reconoce su equivocación y su error de juicio al valorar el proyecto de resolución presentado con el objetivo de regular el uso de internet y de las redes sociales en casos de conmoción social ya que el mismo colisiona con políticas públicas en materia de Derechos Humanos y de libertad de expresión que han sido y son ejes centrales de nuestro gobierno.
"En tal sentido, sugerirá al Poder Ejecutivo no dar curso en ningún caso a la iniciativa y solicita las disculpas del caso a los usuarios de la red que debido a las múltiples interpretaciones que sobre la iniciativa se volcaron pudieron haberse sentido con razón incordiados", agrega el texto.
"El gobierno de Entre Ríos siempre ha sido respetuoso de las libertades y de la institucionalidad de tal manera que esta circunstancia –que nunca estuvo ni cerca de concretarse por cierto- en modo alguno podría empañar toda una historia provincial en ese sentido", añadió Báez.
El comunicado concluye solicitando a los ciudadanos "responsabilidad en el uso de las mismas sobre todo en momentos de convulsión, y en caso de detectarse conductas que inciten a alterar el orden público, a la violencia, al robo o al desconocimiento del orden democrático, documenten dichas intervenciones para voluntariamente ponerlas luego a disposición de la Justicia".
"¿Y si a través de las redes sociales se puede voltear un gobierno constitucional? Pido que legislemos sobre la materia. Hay un vacío legal", había esgrimido por legislador provincial Rubén Oscar Almará, quien impulsó y luego justificó el proyecto para restringir el uso de las redes sociales en momentos de “conmoción social”, el cual también contó con el respaldo del gobernador Sergio Urribarri.
El proyecto fue aprobado el martes por la Cámara de Diputados de esa provincia e ingresó a la Legislatura una semana después de que en Entre Ríos, como en otras provincias se registraran saqueos posteriores a las protestas salariales de la policía, y que dejaron dos muertos.
Los hechos, como cualquier acontecimiento que llega a las redes sociales, fueron promovidos, festejados, condenados, denunciados e informados, a través Facebook y Twitter principalmente.
El miércoles, Almará expresó en declaraciones radiales que a las redes sociales las maneja "un señor desde los Estados Unidos".
Uno de los párrafos del proyecto, que asombró por su liviandad y que tenía tan solo tres artículos, reclamaba “solicitar al Estado provincial para que inste a los organismos nacionales competentes a establecer, en casos de conmoción interior, políticas de regulación y restricción de medios electrónicos, Internet y redes sociales tendientes a bloquear comentarios, expresiones e información de carácter delictivo que fomenten la apología del delito y la violencia, que lesionen la paz ciudadana, que promuevan el odio y la intolerancia, generen zozobra o desconozcan las autoridades legalmente constituidas”.
La idea era que, eventualmente, la Secretaría de Comunicaciones intime a “las empresas proveedoras de servicios el bloqueo de las redes sociales, en toda la provincia de Entre Ríos”.
En diálogo con diario El Cronista, Almará explicó que el proyecto se basa en el artículo 13 de la Constitución Provincial, que establece que el derecho al acceso a la información “puede restringirse (…) mediante una ley, en resguardo de otros derechos que al tiempo de la solicitud prevalezcan sobre éste”.
El hecho no resultó sorpresivo, ya que en los últimos días el Ministro de Justicia Julio Alak pidió investigar a responsables que a través de las redes sociales convocan a saqueos.
"Tenemos identificados seis sitios de Internet que tienen relación entre sí. Nos hemos comunicado con Facebook Argentina para identificar a los que convocan a los saqueos", había dicho el viceministro Julián Álvarez. “Deben ser investigadas las redes sociales y los vínculos de estos grupos con distintos sectores de la política”, añadió.
Así las cosas, Almará confirmó que el proyecto buscaba sentar un precedente nacional. De hecho, el texto tiene una breve fundamentación en la que se señala que existe un vacío legal en la normativa argentina, por lo “que se debe sentar un precedente que sea propulsor de legislación que regule en este sentido”.
Decía el texto además que “se deben adoptar medidas especiales que permitan enfrentar y regularizar los comportamientos grupales que pueden derivarse en delitos contra el Orden Constitucional y la Seguridad del Estado, dejando a los ciudadanos expuestos y vulnerados ante hechos delictivos”.
Y se agregaba que: “sabemos que grupos fuera de la legalidad que intentan desestabilizar el orden democrático, días atrás se vincularon y organizaron a través del uso de las redes sociales, tales como: facebook, twitter y otras, para incitar a cometer los hechos delictivos, disturbios y hechos de conmoción acontecidos recientemente”.
Finalmente, ante el escándalo que provocó la inicitativa, Entre Ríos dio marcha atrás.