El Senado trataba esta noche el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, en el marco de un extenso debate en el que el oficialismo insistió con su proyecto y la oposición cuestionó los cambios alineados con la postura de la Iglesia.
La sesión comenzó a las 16.00, retrasada por la reunión del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, con los presidentes de todos los bloques, y se preveía que la votación se llevara a cabo alrededor de las 4.00.
El debate arrancó con una discusión acerca del modo de votación, luego de que el bloque de la UCR pidiera que llegado el momento fuera en general y en particular, pero esto fue rechazado por el oficialismo, con el argumento de que no era posible votar un código "artículo por artículo".
Durante la sesión, el miembro informante del bloque oficialista, Marcelo Fuentes, sostuvo que "esta reforma es el recupero del concepto de la libertad" y defendió especialmente la decisión de retirar del nuevo Código la responsabilidad civil del Estado.
"El derecho administrativo es un derecho público local, no se puede imponer una legislación común a los estados provinciales a través del Código Civil", afirmó Fuentes durante el discurso de apertura del debate.
El radical Ernesto Sanz, por su parte, sostuvo que con esa modificación "se rompió el concepto de la igualdad" porque "la reparación" para quien se vea afectado por una acción del Estado "no va a ser igual para el habitante de una provincia que de otra".
Sanz también cuestionó "el otorgamiento de concesiones inaceptables a sectores sociales que el oficialismo venía cuestionando", en referencia a la Iglesia y la modificación hecha al artículo 19, donde quedó establecido que "la existencia de la persona humana comienza con la concepción", algo que la UCR considera que va a contramano de la reproducción asistida.
También cuestionó que se eliminara del artículo 241 el "derecho humano al agua" y advirtió: "Hoy con este código estamos abriendo la puerta a la judicialización".
"¿Por qué el acceso al agua es un tema que tenga que estar codificado?", inquirió el oficialista Aníbal Fernández, mientras que el radical Luis Naidenoff sostuvo que "con la eliminación de este derecho, los más perjudicados son los más marginales".
Por su parte, la peronista federal Sonia Escudero calificó como "una gran decepción" la "renuncia a avanzar en el derecho indígena", en referencia al artículo 18 que fue modificado y dejó librado a una eventual ley especial el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunitaria del suelo que habitan.
También consideró que "es injusto" que los nacidos por técnicas de reproducción asistida puedan conocer al donante sólo cuando existan "razones fundadas" o por motivos de "salud", mientras que los adoptados no deben cumplir con estos requerimientos para conocer a su familia biológica.
Los puntos más conflictivos del debate fueron también el artículo que permite que las deudas estipuladas en moneda extranjera puedan cancelarse con moneda local, el derecho de las comunidades indígenas a las tierras y cuestiones vinculadas al derecho de familia.
Resistencia frente al Congreso
Un conjunto de organizaciones sociales y políticas protesto frente al edificio del Congreso contra los proyectos oficialistas de reforma del Código Civil y Comercial y de responsabilidad del Estado.
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), familiares de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, La Alameda, ong’s como Mujeres por la Paz, la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) y referentes de partidos políticos como Proyecto Sur y Coalición Cívica participaron de la protesta, que se desarrolló en simultáneo a la sesión en ambas Cámaras.
"Esta reforma constituirá un enorme retroceso, que ataca los derechos de todas las mujeres, pone aún más obstáculos a la legalización del aborto y discrimina a quienes tienen que recurrir a la fertilización asistida para tener hijos", dijo la dirigente Myriam Bregman, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que integra el FIT junto al Partido Obrero (PO) y a Izquierda Socialista.
Durante la concentración, que se extendió a lo largo de la jornada con la participación de diversas agrupaciones, hubo coincidencias en la denuncia de que el proyecto oficialista de reforma del Código Civil "fue consensuado con la Iglesia Católica y las cámaras empresariales" y supone "un ataque a las conquistas populares".
La movilización también tuvo como blanco el proyecto que trataba la Cámara de Diputados que -denunció La Alameda- "pretende eximir a los funcionarios, a los Estados y a los contratistas de su responsabilidad por su accionar ilegítimo al impedir la demanda por daño moral y lucro cesante".