Para el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, una legislación que autorizara la eliminación de aeronaves implicada con el tráfico de estupefacientes sería "pena de muerte sin juicio previo" y la "subversión" del Código Penal argentino, así como también "violaría los tratados internacionales" a los que suscribió el país.
Asimismo, consideró que esa medida, impulsada por el Frente Renovador de Sergio Massa y también por el diputado Francisco De Narváez, brindaría una "cuota de tranquilidad" a los narcotraficantes, "porque derriban al piloto y termina muriendo", mientras que si se logra apresarlo se podría "conseguir algún dato o información que permita desarmar todo el entramado".
En la misma senda se pronunció el senador nacional Aníbal Fernández, quien ratificó que sancionar una ley de derribo de aviones es una "pena de muerte sin proceso previo" y opinó que "le hace un favor al narco derribándolo".
Para el representante del Frente para la Victoria en la Cámara alta, los opositores "quieren hacer más grande" el tema del narcotráfico "para sacar ventajitas politiqueras".
"Hay un informe entre 2005 y 2012 que dice que las causas penales vinculadas al narcotráfico y venta de drogas aumentaron un 84,6 por ciento", detalló el legislador quilmeño y preguntó: "¿Están los narcos denunciándose a sí mismos? Las causas crecen porque hay un trabajo de las fuerzas de seguridad", defendiendo la política oficial.
Sin embargo, según un informe de Parlamentario, hubo legisladores de ese sector que presentaron un proyecto de tales características, aunque perdió estado parlamentario.
Se trata de los diputados misioneros del FpV Miguel Angel Iturrieta y Lia Fabiola Bianco, quienes en 2009 presentaron una iniciativa sugiriendo la modificación del artículo 24 de la Ley 17.285, Código Aeronáutico, sobre violaciones del espacio aéreo por parte de aeronaves públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
El proyecto presentado establecía que una aeronave podría ser “pasible del uso de medidas disuasorias por parte de la autoridad aeronáutica”, en una serie de situaciones que incluía la violación de las prescripciones nacionales; o si fuese sorprendido arrojando elementos dentro del territorio nacional en infracción a la normativa vigente en la materia; si invadiera el espacio aéreo argentino sin respetar los corredores establecidos; si se requiriese la verificación de los certificados y documentación de la aeronave; si se requiriese la verificación de la carga o portación de equipamiento ilegal; o si se requiriese la averiguación de posibles ilícitos.
En esos casos enumeraba una serie de reglas que debería cumplir la autoridad y recién en séptimo lugar podrían “disparar como advertencia, en forma paralela al vuelo, con balas trazadoras para que sean visibles los proyectiles”, estableciendo en el siguiente punto que “agotados todos los medios coercitivos legalmente previstos en la normativa nacional e internacional, la aeronave será clasificada como hostil, quedando sujeta a medidas de destrucción o derribo, luego de la autorización del presidente de la República o la autoridad por él delegada”.
La iniciativa quedó perdida en el tiempo, aunque este año hubo tres proyectos presentados sobre el tema.
El más reciente es del diputado Alberto Asseff, quien lo presentó a fines de octubre, repitiendo exactamente la metodología del proyecto de los diputados del FpV. En junio, el jujeño Mario Fiad sugirió un régimen integral de lucha contra el narcotráfico. La iniciativa, que lleva las firmas de los radicales Forte, Rogel, Yagüe, Negri, Alfonsín, Maldonado, Biella Calvet, Tunessi, Benedetti, Giubergia, Bazze y Casañas, establece en su capítulo II un Sistema Integral de Vigilancia y Control Aeroespacial, “cuya función es garantizar la inviolabilidad de la frontera y del espacio aéreo”.
A la hora de citar las medidas de intervención, se establece que las advertencias a la aeronave en cuestión deben darse en al menos de tres oportunidades y “en caso de persistir su actitud de desobediencia a las órdenes impartidas, será pasible del protocolo de inutilización o derribo”.
En marzo de este año, el diputado del Pro Julián Obiglio presentó un proyecto para crear el Plan Nacional de Protección Aérea de la Frontera Norte. En rigor, repitió su iniciativa de 2011, que establece que “en caso de que la aeronave sospechosa persistiera en la desobediencia, se la declarará hostil y se le efectuarán disparos de derribo para su destrucción”. Aclaraba además que “en cualquier momento del proceso, si la aeronave sospechosa demostrase hostilidad hacia el interceptor, este último podrá hacer fuego defensivo sin importar en que etapa del proceso de intercepción se encontrase”.
el 22 de marzo de 2012, Francisco De Narváez volvió a presentar un proyecto de 2010, junto a los diputados Gustavo Ferrari, Natalia Gambaro y Walter Aguilar, para establecer un régimen de Defensa Nacional contra Amenazas Aéreas.
Ya en su primer artículo, el proyecto establece la denominación “aeronave hostil” a aquellas que invadiesen el espacio aéreo según determinaciones comunes con las iniciativas ya mencionadas, y detalla siete “medidas disuasorias”, agotadas las cuales, la aeronave “quedará sujeta a medida de destrucción o derribo, mediando la autorización del presidente de la República o la autoridad por él delegada en el jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, o el comandante de Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina.
Previamente, el diputado radical chaqueño Carlos Urlich presentó junto a sus partidarios Agustín Portela, Pablo Orsolini, Miguel Giubergia y Juan Pedro Tunessi, un proyecto para crear el Régimen para la Intercepción y Control Aéreo del Narcotráfico. En el mismo establece en su primer artículo que “toda incursión aérea en operaciones de tráfico de drogas se considerara como una violación a la soberanía de la Nación y a su integridad territorial, debiendo ser tratado como acto de agresión”.
Respecto a la intercepción, detalla el perfil que debe tener una aeronave para ser considerada sospechosa y advierte luego que “en toda aeronave declarada sospechosa el piloto interceptor deberá asegurarse que no haya niños dentro de la misma”, aclarando que “si lo hubiere las acciones de derribo serán improcedentes”.
El radical correntino Rodolfo Fernández presentó en mayo de 2010 un proyecto sobre el uso de medidas disuasorias a las aeronaves, que tiene más o menos los mismos requisitos que las otras iniciativas, en tanto que el entonces diputado y actual senador por Corrientes José María Roldán presentó junto a su comprovinciano José Arbo en septiembre de 2009 una iniciativa en el mismo sentido y con similares características, basado en “las frecuentes violaciones a nuestro espacio aéreo especialmente en las zonas conocidas como áreas de frontera, gran parte de las cuales están desprotegidas totalmente frente al peligro diario de vuelos de aeronaves de pequeños porte que surcan el cielo argentino, sin ningún tipo de control”.
Las propuestas del Senado
El senador Eugenio “Nito” Artaza presentó un proyecto de ley estableciendo el derribo de aviones ilegales, categoría que corresponde a las aeronaves que “al ingresar al espacio aéreo de la República Argentina se negase a identificarse ante autoridades aéreas tanto civiles como militares”, o aquellas que realicen vuelos “violando normativas nacionales o internacionales” o las que invadiesen el espacio aéreo “no respetando los corredores establecidos por el Control de Tráfico Aéreo y la obligatoriedad de aterrizar en aeropuerto internacional”.
El proyecto detalla que la Fuerza Aérea debe obligar a la aeronave hostil a aterrizar, y en su artículo 6° detalla que agotadas todas las medidas disuasorias se debe proceder al derribo, previa autorización pertinente.
Otro radical, el formoseño Luis Petcoff Naidenoff, presentó en marzo de este año un proyecto de “derribo de aviones ilegales”, muy similar a los ya descriptos por otros legisladores.