La Argentina y los argentinos estamos malacostumbrados a no resolver los problemas hasta que “explotan”, o a creer que alguien lo va a hacer de manera mágica con el menor esfuerzo posible.
La democracia va a cumplir treinta años ininterrumpidos en las elecciones de hoy, más allá de la zozobra circunstancial a causa de la enorme crisis política y económica de 2001.
Hemos votado desde 1983 en 17 oportunidades contando el referéndum por el Beagle y la Reforma Constitucional de 1994. Pero hay problemas que pasan de un gobierno a otro sin resolverse. Recién después de una dictadura que nos dejó miles de muertos y una guerra perdida, pudimos reconocer el valor fundamental de la democracia. Pocos años después, tuvimos que llegar al pozo de la hiperinflación para descubrir el valor de la estabilidad y que un líder populista y cínico viniera a arreglarla con formulas cuasi mágicas que, sostenidas tozudamente por muchos años, terminaron en una nueva crisis. Diez años después, tuvimos que caer en el precipicio del 2001 para que luego de un ajuste feroz se restableciera el crecimiento y se consiguieran algunos logros en el aspecto social y se volviera a valorizar el rol del Estado. En ambos casos, la dirigencia democrática argentina, que conocía los problemas desde mucho antes, no pudo llegar a un acuerdo básico para solucionarlos antes que explotaran.
La gran pregunta que nos hacemos los argentinos hoy es si en el bienio que viene, y más allá del resultados de estas elecciones que no dejan de ser circunstanciales, los dirigentes políticos, empresariales y sindicales, que, insistimos, conocen los riesgos, volverán a dejar que los problemas se acumulen hasta que explote una nueva crisis o serán capaces de llegar a acuerdos básicos para reordenar la economía y proyectar un país mas previsible y normal. Este es el gran desafío de los tiempos venir.
La economía
La principal deuda de la democracia argentina es que no llega a resolver los problemas a tiempo. No anticipa las dificultades y desperdicia los ciclos positivos de la economía. Lamentablemente, luego de algunos años positivos, el falseo constante de las estadísticas oficiales hace que sea imposible determinar cuánta gente es verdaderamente pobre en la Argentina. Pero la Iglesia y organizaciones no gubernamentales como la del doctor Abel Albino, por ejemplo, sostienen que es más del 40 por ciento de la población, en diversos niveles.
La Argentina necesita volver a la racionalidad económica, a un esquema de relaciones normales con los precios de los bienes y servicios, con el mundo, con el costo del dinero y del crédito, con el desarrollo armónico de sus inversiones y con la sustentabilidad de las explotaciones.
El país necesita un tipo de cambio realista que indique el verdadero valor del peso respecto de las divisas, lo que va a permitir a nuestras economías regionales situarse en un marco de competitividad de sus productos. Hoy se llega al ridículo de que la reconversión vitivinícola, por citar un caso muy cercano y que nos duele, da pasos hacia atrás y trata de vender vino a granel porque es más rentable que el vino de calidad con valor agregado.
Días atrás, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, les dijo a empresarios tratando de convencerlos de que invirtiesen su dinero en alguna de las variantes de los bonos de blanqueo; “la economía soy yo”, advirtió. Y esa es la esencia del problema. Hay un gobierno que cree que un solo hombre puede intervenir Y dominar la economía, sin reglas de juego y sin proyección de largo plazo.
Por otro lado, hemos tenido una oposición que triunfo en elecciones parlamentarias similares a esta en el 2009, consiguió mayoría, pero fracaso estruendosamente en encausar los problemas del país.
Para volver a la racionalidad económica, la Argentina debe resolver su crisis energética. Este año ya se han ido 63.000 millones de pesos entre subsidios a la energía en grandes centros poblados, más la importación de la que ya no se produce, por los errores históricos cometidos en la política de las “precios baratos” que terminan siendo caros. La crisis energética sólo se resolverá con inversión genuina de actores a los que se les aseguren retorno de inversión y una tasa de ganancias razonable, más una tarifa acorde al servicio que presta. Pretender algo distinto o enojarse porque los fondos de inversión prefieren el petróleo de Brasil al nuestro, porque allí pueden liquidar a más de cien dólares el barril, es de una estupidez mayúscula. Debe mejorarse el camino emprendido por YPF en Vaca Muerta, con socios estratégicos que tengan la tecnología y el dinero para explotar el petróleo no convencional con un marco de transparencia y defensa inteligente de los intereses nacionales.
La Argentina necesita volver a la racionalidad económica, tener estadísticas transparentes para que los argentinos y el resto del mundo puedan invertir. Restablecer las relaciones soberanas y normales con el mundo no significa tener relaciones carnales con otros países, ni que estemos entregando la “soberanía popular” sobre los “recursos que son de todos”. Esas son simplificaciones para justificar que no se avanza en la soberanía energética.
Se requieren de al menos dos años de políticas profundas y consistentes -por lo menos- para enderezar una nave que navega menos rápido que las de muchos de sus vecinos, sufre la tercera inflación mas alta del mundo, produce estados deficitarios y no genera nuevas riquezas más que algunos commodities y puntuales industrias en determinadas zonas del país.
Hoy es obvio que el viento de cola no alcanza y que las dificultades están en crecimiento. La venta record de autos usados este año al igual que los de alta gama que se venden como pan caliente batiendo todas las plusmarcas de venta demuestra que la gente trata de ahorrar en bienes durables aunque les signifique gastos, porque no confía en la economía ni en la consecuente moneda que vale cada vez menos. Estamos ante una Argentina que ha destruido su sistema de ahorro genuino y por ende no tiene como financiar inversion.
Seguridad
Desde este medio hemos advertido muchísimas veces sobre la necesidad de un plan integral de seguridad que atraviese el Estado en todos sus niveles, para poder llegar a la población con todos los “fierros” de un estado activo provincia activa que se mueve en pos de resolver el flagelo de la inseguridad. Necesitamos de un estado funcionando en todo los niveles, para dedicar cada vez menos a la parte represiva de la lucha contra la inseguridad. Dar seguridad pública no es cuestión de un ministerio o de la policía, sino del Estado en su conjunto.
El gobierno y los gobiernos de las provincias, también Mendoza, deben dedicar ingentes esfuerzos a la investigación, contención y represión de la narco criminalidad. En la Argentina hemos llegado al colmo de tirotear la casa de un gobernador. El tráfico de drogas es fuente de muchos ochos delitos, y motivación también.
La justicia necesita reformas que le aseguren a la gente un acceso rápido a la protección y reparación de sus derechos. Es el último refugio de los ciudadanos. Con la fallida reforma judicial que intentó el gobierno para quedarse con las porciones de los tribunales que no ha podido cooptar, lo que hemos visto fue una lucha de corporaciones al margen de las necesidades de los argentinos. Una corporación luchó por resistir y mantener su estatus y su funcionamiento defectuoso, y la otra, por quedarse con todo. Hoy, una persona que necesita de asistir un juez, va con certeza hacia las inseguridades más absolutas.
Educación, cultura, inclusión
¿Cuándo podemos decir que una persona está “incluida”? ¿Cuándo ya no necesita que el gobierno le dé subsidios? ¿Cuándo puede vivir de su trabajo? ¿O cuando comprende un texto? La política social inclusiva y reparadora es la que retrotrae la situación de daño y de malas condiciones de vida de una persona, para darle a cambio instrumentos para que consigan habilidades y capacidades de mantener un trabajo digno. No incluimos a aquel al que le damos pescado, sino a aquel a quien enseñamos cómo conseguirlo. Ello debe ir acompañado de un marco educativo de excelencia y de cultura amplio. Vivir la vida con una sola visión de la realidad, la que nos imponen en los sistemas clientelares más duros, es también una forma durísima de la indignidad.
Federalismo
Días atrás, una “cuenta” que alguien hizo escandalizó a gobernadores. El 76 % de los impuestos que se recaudan en el país van a las arcas de los gobiernos nacionales. Es la muestra más clara del federalismo “trucho” que vive la Argentina. Este sistema centralista y perverso que les da súper poderes a los presidentes para que reasignen el dinero como más les convenga, fabrica además gobernadores suplicantes que deben de viajar a la Corte para pedir que no se les impida la comercialización de orín y la fábrica de pesca.
La existencia del conurbano bonaerense es la prueba cabal del anti federalismo que se vive en la Argentina. La gente ha dejado sus lugares de origen para ser concentrados en otros donde igualmente no tienen trabajo. Y es tal la ficción “federal” de este país, que un secretario de segundo nivel puede prohibirle a un gobierno, como de hecho ha ocurrido, tomar un crédito que fue votado por su mismísima Legislatura.
Institucionalidad
La Argentina tiene recuerdos de la institucionalidad desde 1983 a la fecha. Podrá gustar o no pero la constitución de 1994 es prueba de ello, como la Multipartidaria de 1981 a 1983, como imágenes fuertes que han acompañado la historia de estos años: acuerdos inteligentes donde el valor “democracia” era el que se ponía por encima de una institucionalidad destrozada. El país necesita regenerar esa institucionalidad y curar las heridas dejadas por el “vamos por todo” puesto en práctica hasta el paroxismo, con niveles de soberbia difícilmente justificables o comprensibles.
Qué debe ocurrir en Mendoza
Nuestra provincia no es una isla. Los vaivenes de la economía y los desaciertos descritos la colocan en lugar de “sujeto” cuando no víctima de todo tipo de políticas desacertadas. Repetidamente nos hemos referido aquí a los problemas derivados del “anti federalismo” nacional, con una provincia que está penúltima en el reparto y no genera siquiera ventajas por el hecho de tener un gobernador que es “del mismo palo” que la presidenta.
Mendoza se debe aún la discusión madura y solvente sobre qué modelo de provincia queremos. Y cuál va a ser el camino económico y productivo que debe emprender para generar riqueza y empleos genuinos, y dejar de depender de las migajas de planes nacionales que llegan siempre para todo tipo de emergencias, a saber: el clima (heladas, granizo, sequía) o para mejorar compensar la falta de competitividad, pero de una competitividad de manera artificial. Para que se entienda: Mendoza vende productos de exportación, algunos de ellos con valor agregado, con un tipo de cambio que se deprecia año tras año. Eso destrozó la economía regional.
La provincia no puede vivir más sin inversión pública suficiente. En algún momento hay que hacerlo. Del mismo modo hay que volver a hacer eficiente y eficaz al gasto público hasta hacerlo realmente útil. Mendoza tiene un tamaño de Estado que insume presupuestos ya insostenibles con una planta de personal sobredimensionada. Y en esto han sido casi socios el gobierno y los gremios, hasta secar la gallina de los huevos de oro.
Mendoza debe tener un pensamiento grande. Pero para eso hay que tomar dimensión cabal de lo que ocurre antes de tener una provincia inviable. Y generar una reforma política que equilibre las fuerzas. Hoy, un gobernador mendocino que no puede ser reelecto pierde peso respecto del poder territorial de los intendentes que se eternizan pos si mismos o a través de sus familias. Ese equilibrio de fuerzas debe ser restaurado para ir a un sistema de mayor representación que le dé a la gente las chances de decidir sobre el destino y el gobierno, a través de una democracia mucho más participativa.
Pasaron 30 años y es hora de que la dirigencia política, económica y social pueda saldar sus deudas con la comunidad, porque el tiempo de maduración ha sido suficiente. Repasemos apenas los títulos de los últimos dos años de este diario: ¿Cuántos de los dirigentes que aquí aparecen no estaban ya en 1983? Claro que pagar esa deuda implica ponerse de acuerdo en el marco de la racionalidad de las relaciones políticas, especialmente en el peronismo porque gobierna, pero también en el resto de los partidos. Construir acuerdos es muy trabajoso y requiere humildad y esfuerzo.
Es cierto que es muy difícil llegar a la “unidad de los mendocinos” porque tal cosa es casi imposible de lograr. Eso no es malo en sí mismo siempre que haya acuerdos. Amplios acuerdos de los mendocinos para el trabajo y para fijar un horizonte más allá de nuestras peleas cotidianas. Esa es la principal obligación y norte que le debemos exigir a nuestra dirigencia. Los desvíos de ese camino significarán más atraso, más pobreza, menos probabilidades de éxito.