Esta podría ser la historia de cómo una decisión del máximo tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puede desarmarse en un nudo de procedimientos y rulos legales, y perderse en agujeros negros del sistema hasta hacerla incumplible. Sí, es cierto. Un fallo de la Corte Suprema a favor del Estado Nacional y en perjuicio de privados, puede ir al limbo y allí permanecer por muchos años más. Es lo qque ocurre con el fallo que favoreció a la Universidad de Cuyo, obligando a los sucesores del empresario Alfredo Vila a desprenderse de tierras en el pedemonte cercanas a Dalvian, desalojarlas y devolverlas a la casa de altos estudios.
Hay un par de leyendas urbanas sobre Alfredo Vila, el fundador del emporio económico que hoy dirigen dos de sus hijos, Daniel Vila y Alfredo “Freddy” Vila Santander. Don Alfredo, que murió en 2008, era muy conocido por su capacidad en gestionar “procedimientos”. El entrecomillado es porque no hay muchas palabras que definan ciertos modos de hacer. Es conocida la anécdota de cuando chocó a un juez con su automóvil para poder recusarlo más tarde. Pero hay una mejor: Hay quienes aseguran haber visto a empleados de aquel emprendedor cambiar las numeraciones de sus domicilios para no ser notificado de nada, y ganar tiempo. Digamos que Don Alfredo hizo escuela.
El caso que nos ocupa hoy es bastante más complejo que aquellas picardías. Se trata del conflicto por tierras que mantuvieron la Universidad de Cuyo y Vila primero y sus sucesores después, que luego de más de dos décadas de pelea judicial terminó ganando la Universidad, inesperadamente, tras un fallo producido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 18 de setiembre del año pasado. Hace hoy un año, un mes, y tres días. Aquella decisión del tribunal no se puede aplicar aún, porque el Estado y la familia Vila no se ponen de acuerdo sobre las medidas exactas del terreno, o siquiera sobre cuál es la porción de tierras que se debe devolver. De hecho, en este momento el juez que entiende en la causa y que debe ejecutar la sentencia de la Corte, el sanjuanino Leopoldo Rago Gallo del juzgado federal 2 de esa provincia, debe decidir sobre la impugnación que la Universidad de Cuyo hizo de un perito agrimensor que habría medido los terrenos a favor de sus contendientes. En resumen: la Corte ordenó a la familia Vila desalojar un terreno sobre el que la universidad y los empresarios no se ponen de acuerdo respecto de su extensión y de sus límites. No sólo eso. Después de muchos años de litigio, ahora parece que parte de esas tierras son de otras personas, según una de las partes.
Dicen que la mejor forma de pasarla bien en los vericuetos judiciales es aprovechar a fondo las debilidades del sistema, los agujeros de cada administración, los costados que ofrece el Estado en cada conflicto. En resumen, las debilidades: una firma que falta, una dirección que no se puede verificar, un lote que va cien metros más allá o cien metros más acá, un apellido mal escrito, un edicto que no está… Un juez que se puede cooptar, u otro que tarde tal vez demasiado. De eso se trata este caso, de los orificios del sistema, bien aprovechados por especialistas.
Para reconstruir esta historia hemos consultado fuentes legales tanto de la UNCuyo como de la sucesión de Alfredo Vila, el fallo de la Corte, archivos periodísticos, tesis doctorales y otras fuentes directas. Y aun así es imposible determinar exactamente qué pasa, salvo el hecho de que las tierras en disputa en Dalvian siguen así, en litigio, a pesar de que hay un fallo del máximo tribunal del país. Parece de ficción, pero es bien real.
LA HISTORIA
Las tierras del conflicto tienen una historia importante. La ley provincial número 17, de octubre de 1896, dice que la provincia de Mendoza le donó al Gobierno Nacional dos fracciones de terreno de una superficie de 101 hectáreas, 807 m2. Esas tierras eran para la construcción de cuarteles y campos de tiro. Las tierras, decía aquella ley, “se ubicarán al Norte de la Cárcel Penitenciaria en construcción y entre los Canales del Oeste y Jarillal”. Muchos años después, la ley nacional 22.207 sancionada en 1980 y que hablaba del régimen orgánico de las universidades nacionales, incluyó en el patrimonio de las universidades aquellos territorios que estuvieron afectados a cada uno de ellas. Fue así que la UNCuyo se hizo del polígono de tiro. El destino de esas tierras sería la ampliación de la ciudad universitaria. Pero, años después, apareció una demanda de Alfredo Vila por la que debemos aprender una nueva palabra legal: “usucapión”. Básicamente, significa hacerse de la propiedad de un terreno por el paso del tiempo. Eso fue lo que hizo en 1986 el empresario. Se presentó a la justicia con una demanda de usucapión para quedarse con los terrenos en la zona norte del campo de deportes de la UNCuyo.
Por supuesto, poco tiempo después consiguió que la jueza Olga Pura Arrabal primero y la Cámara Federal de Mendoza después fallaran a su favor. El fallo de la Cámara fue el 31 de mayo de 2007 con un condimento que fue duramente castigado después por la Corte. La demanda de Vila fue por 20 hectáreas, y la Cámara les dio 31. La actuación de la jueza merece un paréntesis. Es “la” jueza de los empresarios, al punto que ahora se excusa automáticamente en cada causa que involucra al emporio, luego de que en medio del fragor judicial de la Ley de Medios se supiera que un familiar directo de la magistrada trabaja en una empresa de la familia Vila. Respecto de la Cámara, un dato de color: tres jueces de aquel tribunal que hoy ya no existe luego de las renuncias, remociones y casos de lesa humanidad, vivían en Dalvian.
El asunto es que Alfredo Vila quería extender las fronteras de su barrio privado y mejorar la inversión, y fue por aquellos terrenos. “…con el objeto de obtener el dominio de una fracción de terreno ubicada al Oeste de la Avda. Champagnat, en la ciudad de Mendoza (31 hectáreas y 9.124,53 metros cuadrados) y, en consecuencia, la inscripción a su nombre en el Registro de la Propiedad. Alegó haber poseído el terreno por más de veinte años en forma continua, ininterrumpida, pública, pacífica y con ánimo de tener la cosa para sí…” dice el fallo de la Corte en los considerandos, tras la demanda que inició Vila en 1986 y que sus hijos continuaron a su muerte, cuando el expediente ya había sido aceptado por el máximo tribunal del país. Un punto importante que la Corte debió discernir en su fallo (ver completo) es que aquellos terrenos eran estatales de dominio público y no privado, y que por lo tanto no se podían “usucapir”. La Corte dictaminó que nunca fueron desafectados de su uso público.
El párrafo resolutivo más importante de la Corte llamó la atención, porque los jueces podrían haberse confirmado con denegarle a Vila la pretensión de poner las tierras a su nombre. Fueron más allá y ordenaron el desalojo. Los jueces declararon “procedente el recurso ordinario interpuesto por el Estado Nacional” y en su fallo anunciaron que “se revoca el pronunciamiento de fs. 1163/1182, se rechaza la demanda y se ordena el desalojo del actor del terreno en cuestión”. Por supuesto, esto no pasó, y he aquí parte del dilema. Los abogados de Vila afirman que sí se ha desalojado el terreno tal como la Corte indicó, y los de la Universidad dicen que no lo hicieron, y que a cambio les ofrecieron un lote de 6 hectáreas. “El terreno sí fue desalojado. Los herederos de Alfredo Vila pusieron los terrenos en conflicto a disposición de la UNCuyo inmediatamente de conocido el fallo dictado por la CSJN. Esto se puede comprobar perfectamente en las actuaciones judiciales” dijeron textualmente los abogados de Vila. El terreno que desocuparon y ofrecen a modo de sentencia cumplida está enclavado en medio de otras propiedades de terceros, entre ellos las familias Thomé, Dumit, Toronto, Vetruño y varios más. Dalvian, entre ellos. "Hay que entrar en helicóptero" se quejan en la universidad.
La conclusión de todo este lío, admitida por ambas partes, es que como hay un problema de límites entonces debe demarcarse el territorio a devolver al patrimonio público. No está claro si las obras que está haciendo Dalvian en el sector –un nuevo camino- pertenecen a los terrenos en litigio o no. Los representantes de la sucesión de Vila juran que no. Los de la UNCuyo afirman lo contrario.
Vaya como agregado que los empresarios aseguran en el expediente que parte de los terrenos que la universidad quiere de regreso, en realidad no les pertenecen a ellos, sino a otras personas. “Los herederos de Alfredo Vila han dejado de poseer los terrenos sobre los que tenían posesión, que han sido objeto del conflicto y que son susceptibles de ser devueltos. Como consecuencia de la sentencia de la Corte, los límites se corrieron 100 metros hacia el sur y por eso se disminuye el área susceptible de ser devuelta” explican los letrados, asegurando que durante el proceso los Vila no vendieron ni un metro de esa tierra. ¿Cómo dejaron de poseerlas, entonces? “Los herederos de Vila no pueden dejar de poseer terrenos que no tenían y que pertenecen a terceros propietarios ajenos al conflicto” reafirman los abogados. En castellano: Las tierras que hay que devolver no son las que dice la universidad que se deben restituir y por lo tanto, y aunque parezca increíble, la causa sufriría nuevos enredos después del fallo de restitución de la Corte.
Hay otro nudo en el conflicto: ¿A quién debe pagarle Supermercados Vea el uso del lugar en el que instaló el supermercado de Dalvian? Extraoficialmente, porque no hubo voceros oficiales de Vea ni respuestas a las consultas, se supo que siguen abonando en Dalvian SA y que lo seguirán haciendo. La familia Vila asegura que estas tierras no son las discutidas: “La construcción del Supermercado Vea se encuentra realizada sobre terrenos de Dalvian S.A. que no son objeto de discusión y que no forman parte de la resolución dictada por la CSJN…” dicen sus abogados.
COMO SIGUE LA HISTORIA
Más de un año después del fallo de la Corte, la Universidad no puede hacer absolutamente nada en el terreno que la Corte ordenó devolverles. La restitución no es automática, sino que debía ejecutarla un juez. La causa “bajó” de la Corte a la jueza Olga Pura Arrabal en octubre del año pasado, quien se excusó de manera inmediata. Los abogados de la universidad recusaron a Walter Bento -el otro juez federal mendocino- sin causa, algo que el derecho les permite aunque extraoficialmente se supo que lo hicieron por las posturas favorables de Bento al grupo Vila en los temas relativos a Cablevisión. Por lo tanto la causa fue a dar al puntano Juan Esteban Maqueda, que también se excusó, y el expediente de la restitución acabó en el escritorio de Leopoldo Rago Gallo, titular del juzgado federal 2 de San Juan, en marzo de este año. Este juez debe decidir ahora sobre la recusación de un perito agrimensor designado por sorteo y que en apariencia preparaba un dictamen contrario a los intereses de la universidad, el que llevaba por lo menos dos postergaciones. La UNCuyo le pidió a Rago Gallo que ejecute la sentencia, pero el juez tiene sus tiempos y el caso no se termina de resolver, pese a que –insistimos- hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los pasos a seguir son procesales pero susceptibles de nuevos recursos. Se tiene que decidir o no la remoción del perito, luego se resolverá cual es el límite verdadero del inmueble en litigio y más tarde “se tendrá por cumplida la sentencia tal como lo han manifestado los sucesores de Alfredo Vila” dicen los abogados de los empresarios. La UNCuyo puede oponerse a esas mediciones, algo que hará si las dde las pericias de mensura coinciden con las de los empresarios.
El litigio por las tierras de la UNCuyo demuestra una larguísima manera de gestionar los conflictos asociados a la tierra en el Pedemonte, que don Alfredo Vila primero y sus hijos después pusieron en práctica. El archivo indica juicios, denuncias y polémicas por donaciones de tierras de la Municipalidad de Capital a Dalvian, por la apertura de calles, por las expensas en el cobro del agua, por el control de un acueducto, por un antiguo contrato con Obras Sanitarias Mendoza, por una ordenanza de Las Heras que autorizaba a construir edificios, y hasta por unas palmeras que se secaron en la Avenida Champagnat en 2005. Es decir, son expertos en todo tipo de líos. Por eso no es raro que no se pueda ejecutar el fallo de la Corte. Nadie debería sorprenderse por ello.
Una de las fuentes consultadas dijo que la universidad debió ingresar al terreno ganado con las topadoras al día siguiente de la sentencia, y tomar posesión del lugar a cambio de la “vía lenta” –o mejor dicho, la “vía normal”- que a la vista está, no dio resultados. Pasó más de un año de la sentencia y 27 años desde la denuncia original de Alfredo Vila. Un litigio enorme en el tiempo con algún “gag” en el medio, como cuando Daniel Vila anunció el 18 de setiembre de 2012 en sus medios que desistía del juicio, y apenas horas después se supo del fallo de la Corte. Quién sabe cuánto tiempo más pasará para la ejecución de la sentencia, en un caso típico donde el Estado siempre lleva las de perder. Quién sabe qué piensa el rector Arturo Somoza, un peronista reconocido, de este problema. Para saberlo habrá que esperar a que regrese de México el próximo sábado.
Los abogados del Estado habían tenido dos fallos negativos antes de la decisión de la Corte, que benefició a la Universidad. Pero en la ejecución de la sentencia, entre dilaciones, recusaciones, “peros”, mediciones de terrenos y peritajes, están perdiendo por goleada. De hecho, ni bien se conoció la sentencia de la Corte, el rector Somoza decidió desafectar a los abogados parrticulares que habían trabajado en el caso y la pelea que quedó configurada es algo así como el David público contra el Goliat privado, con su ejército de letrados expertos en las ineficiencias del sistema. Por eso es el título de esta nota, más allá de la voluntad de funcionarios y abogados que trabajan en el caso: Feliz cumpleaños, Estado bobo.