Dos tendencias predominan en la Argentina: una es a considerar que lo que ocurre aquí no sucede en ninguna otra parte del mundo, naturalmente, en sentido negativo. La otra es a opinar lo contrario, es decir, que nuestro país tiene un Dios particular, que es “argentino”, y que los nativos somos de una inteligencia y una categoría superiores, en especial si se nos compara con los nacidos en los demás países de la región.
Las dos tendencias marcan posturas de sectores extremos, pero es interesante verificar lo extendidas que están hasta el punto de convertirse en verdades reveladas para muchos. También es posible encontrar quienes al cabo de un rato de conversación llegan a afirmar las dos tesis sucesivamente.
Como todo cliché estas afirmaciones son hijas de la ignorancia, del prejuicio. “Ni tan calvo ni tan peludo”, advierte el dicho. Pero también lo son de una necesidad imperiosa de entender un país contradictorio, como lo son sus ciudadanos.
Esta introducción debería servir para, a partir de un hecho desgraciado como la tragedia ocurrida este domingo en una disco en Brasil, analizar en profundidad algunas de las razones de la decadencia argentina.
El caso de la disco Kiss, en Rio Grande do Sul, se parece tanto al de Cromañón, ocurrido aquí en 2004, que las similitudes producen escalofríos. El boliche brasileño tenía una sola puerta de entrada y salida, estaba superado el aforo y la habilitación había vencido un año antes. Dos de los integrantes del conjunto que actuaba al momento de iniciarse el incendio –en apariencia por el encendido de una bengala– están detenidos, lo mismo que dos de las tres personas que figuran como dueños de la discoteca. Resta verificar cómo será el proceso judicial y cuáles serán las consecuencias que deberán enfrentar los responsables. Aquí ya se conoce ese resultado, con sus más y sus menos.
En Kiss como en Cromañón dos cuestiones nos hablan de una constante en nuestros países: la falta de respeto a la vida, en primer lugar; y la impunidad con que se manejan algunos. La ausencia de un castigo ejemplar debido a la venalidad o incapacidad de los encargados de administrar justicia son una segunda condena para las víctimas y sus familiares, pero esto sucede una vez que la tragedia se cobró cientos de vidas. Antes, algunos ganan dinero a toda costa, sin importarles las consecuencias de esta actitud inescrupulosa, que incluye coimas a funcionarios menores –o no tanto– para poder infringir las leyes impunemente.
Lo ocurrido en Brasil nos vuelve a mostrar la distancia enorme que separa a nuestras sociedades de aquellas mejor organizadas, aquellas en las que existen pocas leyes pero con un más alto índice de cumplimiento. La distancia entre los países centrales y los periféricos no es únicamente el ingreso “per cápita”: fundamentalmente la lejanía está dada por el mayor nivel de instrucción. La educación es la diferencia. Con ciudadanos más educados, más conscientes de sus derechos y obligaciones, el Estado en su conjunto funciona mejor porque tiene un mayor grado de control social. Por supuesto que proliferan los casos de corrupción, y que cuanto mayor es la riqueza que esas sociedades producen, mayor es la tentación y el monto de los desfalcos, lo que permite –según la legislación local, en cada caso– arreglos que resultan obscenos. Pero la clave es que, más allá de los delitos de “cuello blanco”, los ciudadanos conocen hasta dónde llega la ley, y en particular hasta dónde se cumple.
Nada de esto ocurre entre nosotros. Y, encima, quienes administran el Estado, sea nacional, provincial o municipal, lo hacen evitando los controles y sin considerar que deban informar a nadie de sus actos. En Brasil, precisamente, acaba de llegarse a la condena de importantes dirigentes del Partido Trabalhista (PT, en el poder) en un caso conocido como el “mensalao”. José Dirceu, mano derecha en el Poder Legislativo del ex presidente Lula, fue condenado, junto con otra decena de máximos dirigentes “petistas”. La “cadena de la felicidad” incluía a decenas de legisladores y funcionarios por cientos de millones de dólares. En España acaba de explotar el escándalo de las “cuentas B” del Partido Popular del jefe de Gobierno Mariano Rajoy. En Argentina, la financiación irregular de la campaña presidencial de 2007 tuvo un reflejo judicial en la causa de la efedrina, pero solo indicios de aportes de empresas ilegales.
En nuestro país el caso de la tragedia de Once podría reunir condiciones que se dieron en la causa Cromañon y se perciben en la de la efedrina: la muerte de decenas de personas a causa de la corrupción en la administración del Estado. De hecho, algunas de las querellas no se contentan con los procesamientos de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y reclaman que se llegue hasta su jefe, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, funcionario que fue designado en esa cartera en 2003.
La tragedia de Once dejó al descubierto, quizás como nunca antes, el entramado de complicidades entre funcionarios del Estado y empresarios que permitió que millones de dólares en subsidios terminaran engordando fortunas privadas, lo que supuso paralelamente un proceso de desinversión en la red ferroviaria que, como era previsible y evitable, terminó en la muerte de 51 personas solo en el choque en Plaza Miserere, cifra que se triplica si se cuentan los accidentes anteriores ocurridos en la última década.
Once, por su dimensión, fue un catalizador que obligó a la presidente Cristina Kirchner a tomar una serie de decisiones políticas con el fin de ordenar la calamitosa situación de la red de transporte ferroviario, basada en una errada política de tercerización que se erige como uno de los mayores déficits de la administración kirchnerista.
Es perfectamente posible establecer que una política de Estado –o su ausencia– ha sido la causante del deterioro de la red ferroviaria que concluyó en una serie de accidentes mortales, el de Once el último y más grave. Depende de quienes administren justicia de anudar la cadena de causalidades para llegar a una condena, algo que hasta ahora alcanzó para procesar a Jaime y Schiavi pero que requerirá de una mayor cuota de independencia si se pretende llegar hasta De Vido, el responsable máximo de la aplicación de aquella política de Estado. Podrá afirmarse que al tope de la pirámide de responsabilidades del Estado se encuentra la Presidente, pero aquí seguramente se aplique el criterio de que lo es en el plano político, no judicial, sobre lo cual existe una extendida jurisprudencia.
Una condena ejemplificadora podría abrir el camino hacia una reconstitución de la imagen de la Justicia. Y hasta podría convertirse en un hito en el necesario viaje hacia una sociedad más adulta, más responsable. Una sociedad respetuosa del valor de la vida y de las leyes que seguramente no veremos, pero a la que tenemos que aspirar.
(*) Julio Villalonga es Director de gacetamercantil.com