En la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la UE se analizará un proyecto de ley que busca evitar los fallos del Ciadi. El Gobierno persigue con esto dejar de someterse a organismos supranacionales como el BM. Las disputas se dirimirían en un tribunal argentino o sudamericano.
Según informó Cronista, se busca dejar de depender de la decisión de tribunales arbitrales internacionales, como el Centro Internacional de Arbitraje de Inversiones (CIADI) que depende del Banco Mundial o de otros organismos supranacionales.
Asimismo, el oficialismo pretende lograr la anulación de 59 tratados bilaterales de inversión que establecen al Ciadi como fuero para la resolución de disputas entre el Estado argentino y las multinacionales.
Tal como informó el portal de noticias, este dato no es menor considerando que la Argentina enfrenta actualmente 43 demandas en este tribunal.
Las empresas demandantes (la última en presentarse fue Repsol) le exigen al país indemnizaciones por unos 65 mil millones de dólares. Y entre estos 43 casos hay cinco en los que el Ciadi ya emitió laudos finales contra la Argentina, que el país no acató.
Cronista informó que desde hace tiempo el Gobierno viene barajando esta posibilidad de dejar de someterse a los fallos de organismos supranacionales.
En los últimos días –luego del embargo de la Fragata Libertad por parte del fondo buitre NML– le solicitó a un grupo de abogados y al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que exploren una solución para el tema. Entre los especialistas que trabajan en la cuestión se encuentra el abogado defensor de los derechos humanos, y asesor de la Cámara de Diputados, Eduardo Barcesat que tiene buena llegada a la presidenta Cristina Fernández.
La nulidad de los tratados internacionales que presentaría el Gobierno está prevista en el artículo 27 de la Constitución Nacional.
Allí se indica que no puede firmarse ningún acuerdo o tratado internacional que afecte los intereses nacionales. Con este recurso jurídico el Gobierno peleará el proyecto de ley.
Con esto se busca modificar o anular el artículo 1 del actual Código Civil y Comercial que da la posibilidad al Estado nacional de someterse a una ley extranjera para lograr inversiones.
Según informó Cronista, esta fue una modificación introducida por José Alfredo Martínez de Hoz durante la dictadura, para someter al país a la ley del estado de Nueva York. El cambio vendría dentro del anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial que comenzó a discutirse a fines del año pasado en el Congreso y que este año podría ver la luz.
La iniciativa surgió en Ecuador. El presidente de Ecuador Rafael Correas sostuvo que “tenemos que rebelarnos los pueblos latinoamericanos contra estos tratados internacionales, al criticar el fallo del tribunal. Estos son ejemplos (por el caso Chevron) de cómo en todas estas instancias tiene primacía el capital financiero sobre los estados y los seres humanos. Y no es suficiente denunciar los tratados, directamente hay que anularlos”.
Las disputas serían atendidas por juzgados argentinos o en su defecto por un tribunal sudamericano que atienda las causas de todos los países del cono sur.
Estas posibilidades se evaluarán en la cumbre con los países latinoamericanos a celebrarse el fin de semana próximo en Chile donde participarán representantes de 60 países.