Los seguidos incumplimientos impositivos por parte de la Fundación y la Asociación de Madres de Plaza de Mayo podrían costarles a ambas la personería jurídica. Sin embargo, la Inspección General de Justicia (IGJ) mantiene archivados los casos por razones políticas.
Según publicó diario La Nación la IGJ está en “condiciones técnicas” de quitarles la personería jurídica a ambos organismos pero, según pudo conocer el matutino porteño gracias al acceso a registros internos del ente, “por razones políticas” no lleva a cabo el procedimiento.
Vale recordar que quien lidera la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se encuentra vinculada a un caso de supuesta malversación de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.
De acuerdo con lo que informó La Nación, en el caso de la asociación, el expediente abierto en la IGJ es el número 1663654 y se encuentra activo desde hace casi 13 años. Sin embargo, sólo incluye el acta de constitución, presentada en marzo de 1999.
Desde ese año, el legajo sólo registra un par de movimientos, incluido un oficio que remitió la Justicia. Después de aquel primer movimiento en 1999, la entidad que lidera Bonafini incumplió con toda la normativa vigente y los plazos previstos por la IGJ.
Nunca presentó balances, tampoco acompañó la declaración jurada para el reempadronamiento, no cumplió con la normativa antilavado, ni comunicó los cambios de nombres en su comisión directiva.
Asimismo, según el matutino porteño, la asociación nunca informó con 15 días de anticipación la celebración de asambleas, como dispone la normativa vigente.
Sólo por eso, la IGJ puede requerirle al Ministerio de Justicia que le retire su autorización para funcionar, "como pasa con cualquier entidad que no haya celebrado una asamblea ordinaria durante dos o más períodos", precisó una fuente del organismo oficial a La Nación.
El contraste entre la situación irregular de la Asociación que lidera Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora es notable. Con el número de registro 353014, esta última se encuentra al día con sus presentaciones de asambleas, balances y declaraciones juradas. No tiene oficios, reconstrucciones, ni sumarios, como así tampoco ningún paso por la secretaría privada del número 1 de la IGJ.
La Fundación, por ejemplo, presentó su balance correspondiente a 2008 en agosto de 2009, y de 2009 en mayo de 2010. Pero por esa época, en la que incumplía con plazos y requerimientos, la entidad se presentó ante la IGJ para pedirle que le retirara la personería a la Sociedad Rural Argentina, por algunas de las mismas razones por las que el organismo debería retirársela (de lo que se informa por separado).
Entre sus incumplimientos, y a pesar de los $ 750 millones girados por el Gobierno para distintas obras, la Fundación jamás cumplió con las resoluciones vigentes de la IGJ para la prevención y lucha del lavado de activos. En particular, no informó el origen y licitud de los fondos de las donaciones recibidas ni el carácter de personas expuestas políticamente (PEP) de los miembros de su Consejo de Administración, e incumplió con la obligación anual de presentar una declaración jurada con detalles sobre el estado de cumplimiento de la normativa antilavado. Por el contrario, presentó, ya con el plazo vencido, su declaración jurada que impuso el organismo para el reempadronamiento de las entidades, fueran comerciales o sin fines de lucro.
Finalmente, La Nación llama la atención sobre que el número uno de la IGJ, que responde políticamente a La Cámpora, también mantiene bajo su control directo desde octubre pasado las dos informaciones sumarias que abrió el organismo en junio y julio de 2011, poco después de que estallara el escándalo.
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