Después de cincuenta años, la Provincia tendrá un nuevo edificio donde serán destinados los adolescentes en conflicto con la ley. El lugar elegido es Cacheuta y forma parte de una serie de reformas iniciadas tras la serie de revueltas ocurridas en 2012 y que incluye principalmente una jerarquización del ex Cose y el estreno de un manual de procedimientos para reglamentar la vida en una institución que suele volverse visible para la sociedad cuando ocurren hechos de violencia.
Esta serie de incidentes –que incluyó protestas, peleas entre operadores y policías, y fugas- hizo evidenciar una vez más que el predio amurallado ubicado sobre Montes de Oca, junto a la Colonia 20 de junio, es una estructura agotada y que tiende a agravar los problemas de los adolescentes que son derivados allí por la Justicia.
Tal como había adelantado MDZ, la nueva unidad de detención se ubicará en Campo Cacheuta, sobre el margen norte de la ruta 84, en un predio que aprovechará la cercanía de la penitenciaría Almafuerte –y la nueva cárcel federal- para dotarse de los servicios públicos que le permitan funcionar.
La nueva unidad de detención se ubicará en Campo Cacheuta, sobre el margen norte de la ruta 84
El anteproyecto fue develado finalmente ayer a la tarde por el ministro Guillermo Elizalde y autoridades de Desarrollo Social, junto con el asesor de gobierno Mariano Pombo –ex ministro de Infraestructura-.
“No hay otro proyecto de estas características en el país”, aseguró Mariano Pombo, señalando las características de la nueva unidad con un plano desplegado sobre la mesa y fotografías satelitales para indicar concretamente en qué zona de Cacheuta se ubicará el predio de 7 hectáreas.
Con la premisa de que no deba ser una cárcel, aunque se tratará de un régimen de privación de la libertad –puesto que allí destinarán a los internos con las causas más graves, actualmente alojados en Máxima Seguridad- , la nueva unidad tendrá un primer módulo de más 1600 metros cuadrados que contará con dos playones deportivos y dos alas de habitaciones. Una de éstas, está proyectada con habitaciones simples de 10 camas y la otra con habitaciones dobles para 20 personas.
“No hay otro proyecto de estas características en el país”, aseguró Mariano Pombo
En total, la capacidad de alojamiento será de 30 camas. En los dormitorios habrá un comedor central y un área común para distintas.
El área de talleres y aulas, la administración y una sala de visitas, la cocina y la enfermería se encontrarán separadas de los dormitorios por el playón deportivo.
“Es un edificio modelo”, ponderó el ministro Elizalde, para remarcar luego que desde la cartera social se busca la reinserción de los adolescentes y no la criminalización de la pobreza.
En los cálculos del Gobierno, está previsto que la construcción comience en marzo para tener lista la nueva unidad en junio. La premisa la dio el gobernador Francisco Pérez, de tener listo este nuevo espacio cuanto antes para descomprimir la situación en el viejo edificio ubicado al oeste de Godoy Cruz.
“Allí se trasladará a los chicos que necesiten más control y seguridad”, explicó Rubén Contreras, director del SRPJ. La seguridad quedará a cargo de personal de la institución, luego de la intervención del Servicio Penitenciario por el conflicto mantenido con los operadores tras una de las revueltas ocurridas en noviembre.
“Allí se trasladará a los chicos que necesiten más control y seguridad”, explicó Rubén Contreras, director del SRPJ.
Cuando la nueva unidad esté lista, el actual edificio en Godoy Cruz será redefinido para poder abordar la problemática de los adolescentes. Y que cruza el factor delictivo con el factor de las adicciones, lo que vuelve más compleja la situación de encierro. “Tenemos una importante cantidad de chicos que cometen delitos con problemas de consumo de sustancias”, remarcó Contreras y para ello buscarán alternativas al encierro –actualmente, funciona la UMA- con regímenes semiabiertos.
La obra que renovará la infraestructura del SRPJ tendrá un costo aproximado de 8 millones y medio de pesos y se financiará con recursos provinciales aportados del Ministerio de Infraestructura.
“Sabemos que hay sectores de la sociedad que sienten enojo por estas inversiones para chicos en conflicto con la ley, pero somos el área que tiene que llevar a cabo estas acciones”, concluyó Dolores Alfonso.
Más jerarquía
Cuando se reinicie la actividad legislativa, Elizalde enviará a la Legislatura el proyecto que otorgará mayor jerarquía al SRPJ. Tal como MDZ lo había informado, para reducir la burocracia y acelerar la toma de decisiones, la institución pasará a depender directamente de la Subsecretaría de Familia. Hasta ahora, ha funcionado bajo la órbita de la Dinaf, que en las últimas gestiones ha visto reducida paulatinamente su dimensión.
Un manual consensuado
El conflicto político-institucional que surgió en medio de las revueltas, con el paro de los operadores –encargados de la seguridad de cada sector y en relación permamente con los internos-, dejó en evidencia la necesidad de contar con una serie de principios para saber cómo actuar en cada momento.
Consensuado con los trabajadores nucleados en los gremios –ATE, Ampros y Atsa-, corregido por la Justicia y superadas las resistencias iniciales, Rubén Contreras ya cuenta con un manual de procedimiento, un protocolo que incluye 24 puntos generales que reglamentarán la vida institucional, desde el momento del ingreso de un adolescente, cómo serán las requisas, las visitas, las emergencias médicas, el reglamento de convivencia, el proyecto educativo y, sobre todo, los momentos de crisis.
Un protocolo que incluye 24 puntos generales que reglamentarán la vida institucional
El protocolo estará listo para ser puesto en práctica a partir de febrero, cuando supere la última etapa de revisión.
Videovigilancia
La fuga de varios internos del sector de admisión –ocurrida por el techo- preocupó a las autoridades. El Gobierno invirtió medio millón de pesos para montar un sistema de video-vigilancia que tendrá un centro de monitoreo. Sin embargo, los funcionarios admitieron que todavía no cuentan con el personal que pueda atender de manera permanente la atención sobre cada cámara y que permita detectar situaciones irregulares.
A ello, le suma obras de electricidad y la implementación de un sistema contra incendios, una inversión por cuatro millones de pesos para poner en condiciones un predio que alberga en la actualidad a 96 internos.