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"La democracia es la libertad constituida en gobierno, pues el verdadero gobierno no es más ni menos que la libertad organizada" (Juan Buatista Alberdi 1810-1884. Político, jurista, y escritor. Su pensamiento fue la principal influencia para la elaboración de la Constitución Argentina de 1853).
La imagen que ilustra esta crónica y la frase de Alberdi que abre este escrito dominical anticipan la intención de quien suscribe. El ideario reformador y revolucionario del, peronismo, sin quererlo está a prueba. Desde una perspectiva conservadora se debe entender que el mendocino promedio no esté de acuerdo con la reforma constitucional porque en el vientre de ese emprendimiento está gestándose la reelección consecutiva del gobernador.
A la vez, desde una mirada ciudadana y moderna también deberíamos coincidir en que la única reforma que el mendocino quiere y acepta es la política. Es decir, por espíritu conservador y para intentar que no lo hagan cruzar el río con botas, el mendocino no quiere dar la oportunidad de una reelección consecutiva para el gobernador. Así como por impronta transformadora y para que no lo tomen de tonto, el mismo mendocino quiere que haya, por lo menos, boleta única en el cuarto oscuro.
Por lo que se supone que quien insista con ofrecer algo que nadie va tomar, entonces la responsabilidad del fracaso de esa "venta", será del oferente que no ha cambiado su oferta. O sea, será el fracaso político de Paco Pérez, si él ya sabiendo de antemano el rechazo a la reelección, machaca con ella enmascarándola con una reforma constitucional integral.
En cambio, si verdaderamente al gobernador lo motoriza una motivación reformadora amplia y generosa que incida en el futuro entonces debería extirpar la reelección consecutiva del proyecto de reforma integral de la Constitución de Mendoza. Eso marca la lógica. Eso debería ser así si se aplicara el sentido común.
La dirigencia y la militancia nunca fueron lo mismo
El postulado anterior basado en la lógica ciudadana e ingenua, está lejos de la realidad política que lo tiene al mandatario provincial atado a sus planes y a los avatares de su gestión. Está clara esta situación entoncés por qué la semana que pasó generó tanto escozor en el entorno de Paco que se haya ventilado desde este mismo espacio el anteproyecto de la reforma.
Los planes de Paco se trastocaron aunque intentó continuar con su agenda pero ya no contaba con factor sorpresa para hacer el anuncio de la reforma constitucional. Así terminó ese periplo reuniéndose públicamente con los intendentes peronistas y allí unificar criterio y bajar línea que hay que militar la reforma con reelección incluida.
El impulso interno de los jefes territoriales contiene la expresión política que necesitaba Paco para seguir intentándolo. La recomendación hacia el gobernador de los gurúes que sólo dicen lo que quiere escuchar el mismo Paco es: "Hay que salir por arriba de este problema". Dicho de otro modo, los consejeros pagos le endulzan el oído y sugieren que él no debe hablar de su reelección pero sí debe militar con más énfasis la re reelección de Cristina Fernández. De tal modo, que se de por sobreentendido que si el gobernador quiere la re re de la presidenta, por supuesto que está de acuerdo con su propia reelección.
Pero las voces peronistas que emergen de las bases peronistas, esas que habitan los barrios y que arrastran a votantes cuando se pone en marcha el famoso aparato del PJ muestran otra cara, menos amistosa hacia el gobernador y su plan mayor de la reelección. El rechazo es por la supuesta falta de cumplimiento de parte de la cúpula gubernamental hacia los reclamos de base.
Esa es una tarea que la dirigencia peronista deberá acentuar para convencer a los punteros, los referentes barriales y que la línea baje de manera efectiva. Y ese parece ser una brecha, por ahora, difícil de achicar.
La partida de truco con Cornejo
La partida de cartas está trabada entre el peronismo y sus pares radicales. El PJ pretende avanzar con la ley de la necesidad de la reforma constitucional y para eso ya estableció un puente con el intendente de Godoy Cruz y presidente de la UCR Alfredo Cornejo.
La propuesta peronista es habilitar por ley el desdoblamiento de las elecciones provinciales de las nacionales para estos próximos comicios. A esto hay que sumarle la eliminación de la lista sábana. “En fin… y todo lo que se le ocurra a Cornejo” exageran desde el mismo peronismo dando a entender que en esta etapa todo es negociable.
Sin embargo desde la UCR remarcan que la reelección no pasa de ningún modo por el filtro radical y retrucan que por lo menos se pongan en la misma línea que mostraron los gobernadores radicales cuando intentaron lo mismo y los tres, Felipe Llaver, Roberto Iglesias y Julio Cobos se excluyeron de la posibilidad.
Desde el peronismo guardan silencio pero Paco no está decidido a hacer ese renunciamiento. Sólo remarcan que si la ley sale, entonces, con la Convención Constituyente ya en funciones se podrá abordar el tema reelección y con las limitaciones que el radicalismo pide hacia Paco Pérez.
Por eso están en tablas y mirándose uno a otro para no perderse ningún gesto y la situación es por ahora ley por ley. Dicho de otro modo: necesidad de reforma constitucional por desdoblamiento y reforma política. Hasta ahí, por ahora.
La Corte y la autarquía
Mientras el plan mayor reeleccionario camina a los tumbos Paco se dedicó a avanzar en la autarquía judicial como una muestra de ejecutividad extrema aunque esta vez el escollo a salvar fueron algunos periodistas que se dedicaron a contar este episodio con ojo crítico y resaltaron más las opinión en contra a la idea lo que provocó la ira del Paco.
La verdad es que hubo un proceso de negociación secreta entre los poderes para zanjar diferencias de números, porcentajes y de garantías para llegar a la instancia de la presentación oficial del proyecto de ley para declara la autonomía financiera del Poder Judicial. Antes hay que aclarar que el verdadero motivo oficial es sacarse la mochila que significa la negociación salarial del personal judicial. Este primer año de experiencia le bastó a Pérez para darse cuenta que se encontraron con un conflicto difícil de resolver y muy dañino cuando es prolongado.
El gremio judicial mantuvo una posición inflexible e instaló el sello "Paco deudor" para lastimar el ánimo gubernamental. Ese devenir sólo encontró una salida por el lado de la Iglesia que una vez más hizo de componedora entre los sectores en pugna. Todo este escenario fue la plataforma para que el proyecto de autarquía judicial se lanzara como una consecuencia lógica e insostenible.
Desde la cúpula judicial entendieron el mensaje y desde el arranque hubo un ánimo concordante. Por eso decidieron -con disidencias-, avanzar en ese sentido. Para esto el presidente de la Corte Pedro Llorente sacó reluciente su espada negociadora: Raúl Vicchi. El ex legislador y ex intendente de Capital es el coordinador del Alto Tribunal y en este capítulo ocupó un rol preponderante al punto que terminó sentado junto al gobernador en la presentación formal del proyecto de autarquía.
El acuerdo y la única observación a la letra de la ley
A los más avispados les llamó la atención la presencia de Vicchi en esa escena pero entendieron rápidamente al repasar los antecedentes del radical y el papel que tiene dentro de la Corte. El hombre fue el salvoconducto que hizo que Pérez y Llorente se encontraran a solas y que haya un acuerdo de caballeros para garantizar el futuro de la ley. Los jueces se resguardaron en la figura de Vicchi y por entendimiento con el Gobierno optaron por no participar de la presentación de la autarquía por si aparece algún cuestionamiento propio o ajeno a la futura norma.
En este contexto no hay que dejar de observar la desenfocada posición política social de la Asociación de Magistrados encarnada por su titular Orlando Farruggia que se presentó el mismo jueves en un foro sobre Justicia y Reforma Constitucional en la Legislatura y se fue porque la autarquía judicial no estaba incluida formalmente en el proyecto reformador. Esa imagen será recordada por los asistentes al foro, entre los que se encontraban referentes de organizaciones civiles, como un ejemplo de la distancia que hay entre algunos jueces y la comunidad a la que le deben garantizar justicia. Farruggia podría haber planteado la disidencia pero su salida intempestiva de esa reunión fue tomada como un desplante a los asistentes al foro.
Más allá de esto y quizá le sirva al magistrado para su conocimiento, es que se optó que sea por ley para asegurar que la modificación se producirá irremediablemente y hay un compromiso que si el proceso de la reforma constitucional avanza la autarquía formará parte del paquete de modificación de la Carta Magna.
La única reserva que la Corte hizo a la iniciativa oficial es el origen de los recursos que se destinarán al Poder Judicial. Por eso Alejandro Pérez Hualde, aliado de Llorente en este asunto, advirtió que se debía asegurar la independencia del Poder Judicial. El mensaje traducido es que se debe decir en la ley que será asignado un 8 por ciento del total del presupuesto provincial y no como dice el borrador que los dineros provendrán de distintos ingresos ya sean nacionales o provinciales. Si fuera así como dice el texto original, remarcan los jueces de Corte, podría dar lugar en el futuro que cualquier gobierno de turno pueda esgrimir un aumento de algunos de los impuestos provinciales porque el Poder Judicial exige más dinero para pagar sus sueldos. Si esto ocurriera entonces, interpretan los magistrados que se podría lesionar la independencia judicial proclamada en la Constitución. Está claro el que avisa, no traiciona. Si se hace ese cambio en la letra de la ley, la norma no será cuestionada judicialmente.
La interna de la Corte
No es pareja la opinión dentro del cuerpo de ministros de la Corte. Se sabe el desacuerdo a la autarquía que sostiene el último incorporado al tribunal, Mario Adaro. Llamativamente es el más oficialista de todos los jueces. Desde que asumió Adaro se ha mostrado hiperactivo en este cargo constitucional. Pero en esta historia de la autarquía terminó eclipsado por el protagonismo de Vicchi quien fue elegido por Llorente y Paco como interlocutor válido para esta negociación. Esa elección evidencia una situación incómoda de Adaro, por ahora. Y muestra un distanciamiento entre el gobernador y quien fuera su compañero de gabinete en la gestión de Celso Jaque cuando Pérez era ministro de Insfraestructura y Adaro el ministro político de aquel gobierno que ahora, a casi nueve meses de haber terminado, parece tan lejano.
También Herman Salvini ha dejado ver su disconformismo, pero se ha mostrado disciplinado ante la mayoría. De todos modos la posición de Salvini fue esgrimido en los medios para sostener la supuesta resistencia a la autonomía financiera judicial.
Vicchi llegó al Poder Judicial de la mano de Llorente. El hombre ha vuelto a mostrar su costado de negociador nato en un ámbito político aunque impropio para él. Su incidencia ya se ve en la vida interna judicial y en especial con los sectores gremiales. Por ejemplo, esta semana también causó impresión entre los empleados judiciales cómo el sindicato de funcionarios judiciales logró la legalidad suficiente para sentarse en la mesa de paritarias. Aseguran los conocedores de los entretelones gremiales que esta movida no hace más que confirmar que la autarquía es un hecho. ¿Por qué? Porque -remarcan los informantes gremiales- que quien gestionó la personería del nuevo sindicato es el mismo Vicchi.
La movida se ajusta a la teoría de la atomización de los rivales para negociar mejor la conoce bien Vicchi. En este caso el operador de la Corte dio un paso importante para quitarle fuerza de movilización al tradicional gremio de los empleados judiciales que lidera Carlos Ordóñez al crearle un competidor directo por conseguir afiliados.
Se acerca el Jury y aumentan los temores
En el otro extremo se encuentran otros problemas que la Corte debe enfrentar como el Jury de Enjuiciamiento al suspendido fiscal de Estado, Joaquín de Rosas. En ese tablero hay una pieza floja que hace equilibrio por mantenerse. Se trata del Procurador Rodolfo González que debe acusar a De Rosas en este proceso. Los mismos informantes apuntan que el alto magistrado puede terminar apartándose.
En Tribunales remarcan insistentemente que González siente temor a alguna maniobra mediática en su contra si acusa a De Rosas de haber favorecido la familia empresaria Vila cuando autorizó una ventajosa tasación de unos terrenos de la Reserva de Divisadero Largo a favor del multimediático grupo que, gracias a eso, logró una compensación de deudas con los ex bancos oficiales.
Por eso, ya se especula cuál fiscal de cámara puede llegar a reemplazar a González ante una eventual salida del Procurador del enjuiciamiento de De Rosas.
Sobre el temor y la función hay algo que decir. Se entiende que todo juez o fiscal es bien pago para no ser tentado por el poder económico y equiparar en su consideración íntima a todos los ciudadanos. Justamente la remuneración de los jueces es alta para que no se sienta presionado por los más poderosos. O sea con ello se garantiza la independencia del Poder Judicial, la que reclama Pérez Hualde, por ejemplo.
Pero ante este hipotético cuadro entonces estaríamos ante un encubierto caso violación a un principio constitucional. Por eso, por este caso y por los otros aspectos mencionados anteriormente, por estos tiempos la "Biblia cívica", la Constitución provincial -y la nacional también- sigue junto al calefón. La misma Constitución que el gobernador quiere modificar integralmente para poder reelegirse.