En Twitter @villalongaj *
La última advertencia del Gobierno al Grupo Clarín, difundida a través de un aviso televisivo durante el automovilismo y el fútbol “para todos”, este fin de semana, dejó ver, tanto como la
respuesta, sólo una parte de las estrategias del Ejecutivo y del conglomerado de medios que conduce Héctor Magnetto.
Habíamos advertido hace unas semanas que el 7 de diciembre era considerado por el Gobierno como una fecha clave para dirimir el contencioso con el principal grupo de medios de Argentina. También anticipamos que había quienes sostenían en el Ejecutivo que debía avanzarse en la intervención administrativa de Cablevisión con el fin de evitar los meandros judiciales.
Este lunes, desde Nueva York, adonde la presidente Cristina Kirchner viajó para hablar ante la asamblea de la ONU, el diario “La Nación” publicó una nota escrita por Mariano Obarrio en la que se asegura que fuentes del Gobierno le confirmaron que “luego del 7 de diciembre próximo, antes del llamado a concurso público para adjudicar a nuevos dueños las licencias del multimedio que se excedan del cupo fijado por la ley de medios audiovisuales, la Casa Rosada podría intervenir esas licencias para que vuelvan a poder del Estado”.
La confusión se ha convertido en el arma preferida de los dos contendientes, pero si cruzamos el contenido del “spot” oficial y algunos párrafos de la extensa nota de “La Nación” con información fehaciente, es posible hacerse una composición de lugar bastante precisa de lo que finalmente va a ocurrir. La discusión de fondo, dice Clarín en su “contra-spot”, todavía no se ha zanjado, por lo que en el 7-D no debería pasar nada si el Gobierno no quiere vulnerar la Constitución. Se trata de la respuesta más directa que ha recibido la amenaza gubernamental.
¿Qué derecho constitucional podría verse afectado si el Ejecutivo decidiera intervenir Cablevisión? El derecho de propiedad, pero no la libertad de prensa o de expresión, como pretende Clarín, que en este punto se esconde detrás de estos derechos a conculcar para agregarle un “factor social” a la afectación económica. Y no se trata aquí de establecer si una es más grave que la otra. Como ya advirtió la Suprema Corte, si el Estado debiera resarcir a un
privado por una intervención, debería enfrentar el pago del daño que legítimamente cause.
Nada más.
Cablevisión es una empresa que da servicios audiovisuales de comunicación. Gracias a su red, ofrece el servicio de televisión paga a 2,5 millones de hogares argentinos. Tras absorber a la empresa Fibertel, a 1,5 millones de esos clientes les ofrece el acceso a internet. Cablevisión no es un medio de comunicación, aunque la ley le asigna algunas responsabilidades para que no se vea afectada la libertad de prensa. ¿Cuáles? Como explotadora de una licencia que da el Estado, éste se ha garantizado por ley que las operadoras de cable les ofrezcan a sus clientes los canales de aire (2, 7, 9, 11 y 13); también las señales de noticias (Crónica TV, A24, C5N, TN y Canal 26) dentro de las primeras señales de la grilla. Para el resto, Cablevisión es dueña de ofrecer las señales que desee en condiciones habituales de mercado.
Está claro que no es lo mismo Cablevisión, en tanto operador de TV por cable, que el diario Clarín, radio Mitre o Canal 13. No hay normativa que habilite al Estado para intervenir estos medios. Si alguno de los audiovisuales quebrara, la licencia se revertiría y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) debería llamar a concurso para peadjudicarla. Según la nota de “La Nación”, “la intervención le permitiría al Estado desplazar de la grilla canales de cable del grupo, como la señal de noticias TN, y los de aire, como Canal 13, que se mantienen independientes del gobierno”. Este es un buen punto. El Grupo Clarín acaba de perder un juicio por los cambios en la grilla de canales. La propia Corte Suprema ratificó el fallo que lo condenó a aceptar el nuevo ordenamiento establecido por la Ley de Medios. No acató la instancia administrativa, en su momento, cuando la AFSCA se lo exigió, y perdió en sede judicial hasta en la última instancia. Pero aún hoy sigue sin cumplir con la orden de la Corte. El argumento es que todavía no dio por perdido el caso por la inconstitucionalidad
del artículo 161 de la ley, el que lo obliga a desinvertir.
Es cierto que Cristina Kirchner aseguró hace un mes que la “cadena nacional del desánimo tiene fecha de vencimiento”, y que esa fecha era, dijo, el 7 de diciembre. Nada dijo sobre cómo podría sobrevenir esa caducidad, pero la frase disparó la paranoia entre los de Magnetto, que cambiaron la estrategia pública y comenzaron desde entonces a autovictimizarse. De hecho, la nota en la “La Nación” sale a defender a su “primo”, “Clarín”. El secretario de Medios, Alfredo Scoccimarro, le advirtió al enviado a Nueva York que el aviso gubernamental “no habla de
intervención”. Pero el periodista asegura luego que, “sin embargo, otras fuentes vinculadas con la Secretaría de Comunicación Pública, que dirige Scoccimarro, confirmaron a ‘La Nación’ que
el gobierno prepara una intervención” a Cablevisión. Para más datos, “añaden que ‘ese acto administrativo’ podría ser ejecutado con la intervención de la fuerza pública”.
Si no fuera porque la cuestión es muy seria, podríamos aventurar que si las fuentes existen, le jugaron una broma pesada al cronista. La posibilidad de que la Gendarmería o la Prefectura sean utilizadas por el Gobierno para concretar una intervención administrativa de la empresa de cable es casi nula. Ya se vieron las dificultades que entrañaría en aquel patético intento de un juez mendocino en la sede central de Cablevisión. Distinto, aunque el fin sea el mismo, es que el Ejecutivo consiga una medida judicial que avale su postura de que deben entenderse
como caídos todos los plazos de la cautelar por el artículo 161, y que, por esto, debe designarse un interventor o un síndico veedor hasta que se concreten los concursos. A esta altura, lo que está claro es que Clarín no piensa presentar el plan de adecuación que le exige la norma. Si insiste en esta postura, si se mantiene contumaz en su negativa, lo que peligra es el mantenimiento de la multiplicidad de señales. Y esta sí es una razón suficiente para dar por caducadas las licencias. Pero Clarín se juega a que la Cámara de Apelaciones declare la
incontitucionalidad del 161. Es muy probable que esto ocurra. Y el gobierno, a que la Corte opine lo contrario. Lo cual también es muy probable.
Existen algunas variantes a la intervención administrativa lisa y llana de la que hablamos hace semanas, y en la que “La Nación” repara ahora. Ninguna prevé un circo público como el que imaginan algunos febriles cronistas. A esta altura, la única sorpresa posible, el 7-D, sería que Clarín adecue la grilla. Pero sería una sorpresa.
*Director de gacetamercantil.com