En Twuitter @villalongaj
La discusión política de estos días es una batalla de trincheras, como en la Primera Guerra. De un lado, el kirchnerismo acusa a la corporación mediática de insuflarle vida a la marcha de la
bronca del jueves pasado, una manifestación que, según señala, no fue espontánea y tiene, de
nuevo, un objetivo destituyente, como hace cuatro años lo tenían las manifestaciones a favor
del campo. Desde los medios opositores se afirma que Cristina Kirchner se encamina hacia
una “chavización” sin retorno.
En realidad, las enormidades son la moneda común de unos y otros. Y sería ocioso reproducir
aquí lo que a diario se lanzan desde las barricadas en un “in crescendo” que tiene como melodía
de fondo, perfectamente identificable, una brutal disputa por el poder que no permite entrever
una solución civilizada. Esta certeza es la que abona las versiones de todo tipo que hoy recorren las redacciones y los corrillos políticos.
Si esto es así, la principal incertidumbre se dirige a establecer si Cristina Kirchner tomará la
crucial y definitiva decisión política de intervenir Cablevisión, la empresa de TV por cable que
explica el 70 por ciento de la facturación del Grupo Clarín. La “salida judicial”, ya lo sabe el
Gobierno, sólo serviría para que Héctor Magnetto y sus socios ganen tiempo. En la Casa Rosada
casi descartan que los abogados del grupo presentarán una nueva medida cautelar antes de que
se produzca la caída de los plazos de la ley de Medios, el próximo 8 de diciembre. Esa cautelar
estaría dirigida a establecer, en última instancia la Corte, si esa norma es constitucional, lo que,
apelaciones mediante, le daría cerca de un año más a Clarín para evitar la desinversión a la que
lo obliga el mentado artículo 161. Y no está claro si al final de esa vía el Supremo Tribunal le
daría la razón al Gobierno. Tienen un antecedente preciso para pensar de esta manera. El 19
de agosto de 2010, el ministro de Planificación Julio De Vido firmó la resolución 100/10 que le
ordenaba a Fibertel cesar de dar servicio de internet en 90 días. Lo hacía basado en el hecho
cierto de que, cuando Clarín fusionó esa empresa con Cablevisión, en 2007, Fibertel perdió la
licencia que tenía para dar servicios de acceso a Internet. En los meandros judiciales se frustró
esa pretensión del Ejecutivo.
La única salida, entonces, sería la política: una intervención de Cablevisión basada en la
aplicación de la ley de Medios. Esta opción encuentra algunos obstáculos serios, incluso
asumiendo que Cristina tomó la decisión de llevarla adelante. El primero, y no menor, es la
manera poner en práctica la orden. ¿El Gobierno enviaría a la Gendarmería o a la Prefectura
para hacer cumplir la orden? ¿Está dispuesto a enfrentar una resistencia de los trabajadores
y los directivos de la empresa? ¿Y de enfrentar las consecuencias políticas de ese acto, tanto
internas como externas?
Los interrogantes podrían continuar, pero vamos a tratar de desmenuzar la cuestión apuntando a responder solo estos. Parece improbable que la Presidente vaya a ordenar una entrada violenta a las instalaciones de la compañía en Clarín en el barrio porteño de Barracas. Los intentos del poco presentable juez mendocino que buscó hacer cumplir su orden de intervenir la empresa se encontraron con una resistencia activa que fue profusamente divulgada, como era previsible, por los medios del grupo y afines. La última pregunta puede contestarse afirmativamente, aunque el antecedente de YPF –como advierten cerca del jefe de Gabinete– no sea enteramente aplicable a este caso. La confiscación de una petrolera en control de un grupo español tenía como consecuencia natural una campaña internacional de Repsol dirigida a trabar de todas las maneras posibles el nuevo plan de inversiones de la petrolera de bandera. Y el previsible disgusto explicitado por el Gobierno ibérico al argentino. Muy poco más.
Pero, como dijimos, no es lo mismo ocupar el edificio corporativo de YPF en Puerto Madero,
incluso con algunos efectivos de una fuerza de seguridad rodéandolo, que entrar por la fuerza a
una empresa que dispone de una fuerza de choque entrenada y motivada.
En las oficinas del tercer piso de Tacuarí al 1700, en el “bunker” de Magnetto, consideran que
una movida judicial combinada con el calentamiento del clima social le permitirían dar vuelta la situación en la que se encuentran, y hasta dudan seriamente de la alternativa “interventora”. “El Gobierno busca meter miedo con el 8 de diciembre y le va a salir el tiro por la culata”, aseguran los operadores de Clarín.
Pero la designación de Martín Sabbatella para integrar el directorio de la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA, ex COMFER) parece otro mensaje amenazador. El nuevo control de ese ente por parte de “La Cámpora” y la salida de los últimos “mariotistas” anuncia una radicalización en un organismo clave para hacer cumplir la ley de Medios.
De manera todavía más dramática que en 2008, durante el conflicto con el campo, Clarín con
sus defensores de un lado, y el Gobierno del otro, aprontan sus fuerzas para un enfrentamiento
en toda la línea. A fuego no tan lento, se cocina un guiso con comensales extrañamente juntos.
Hugo Moyano, todavía al frente de la CGT, no descarta salir a la calle que, según dice, ya perdió
el Gobierno, de la mano de Pablo Micheli, el líder de la rama izquierda de la CTA. Si Cristina
se puede apoyar en los “gordos” Gerardo Martínez, Oscar Lezcano o Armando Cavallieri en su
armado sindical, por qué Moyano no puede aparecer al lado de Micheli, se preguntan cerca del
líder camionero.
Entretanto, José Manuel de la Sota comió este martes en Buenos Aires un asado con dirigentes
del peronismo disidente. Junto al ex mandatario Juan Schiaretti habían comprometido su
asistencia Francisco de Narváez, Graciela Camaño, Enrique Thomas, Claudia Rucci, Carlos
Brown y Alberto Asseff. El gobernador de Córdoba es, junto a Moyano y Mauricio Macri, parte
del “tridente” de dirigentes que se lanzaron ya a una pre-campaña electoral con los comicios
de 2013 en la mira. La disputa de fondo entre los modelos antagónicos que representan
el “cristinismo” y todo lo que se le opone exacerba la confrontación.
En medio de este marasmo, algunos tratan de pensar que hay un después del 2015. Por
ejemplo, el Grupo Olmos acaba de concretar dos operaciones que lo instalarán como un jugador importante en el negocio de los medios en el futuro cercano. Adquirieron una rotativa en España que lo convertirá en el tercer impresor de diarios de la Argentina y cerraron un acuerdo para quedarse con Amfin, la sociedad editora del diario Ámbito Financiero, sus ediciones en el interior y el periódico en inglés Buenos Aires Herald. Los Olmos ya contaban con una fuerte presencia en el mercado: son los dueños del diario Crónica, de la señal de noticias Crónica TV, del diario BAE y del 30 por ciento de Underground, la productora de Sebastián Ortega que tiene en el aire de Telefé la tira más vista de la televisión argentina, “Graduados”. Los Olmos están ligados a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuya obra social gerencian. Como el metalúrgico Antonio Caló, estos empresarios se reivindican peronistas, no kirchneristas, y exhiben un pragmatismo a toda prueba. Y a diferencia de lo que ocurre con otros grupos asociados al Gobierno, como el de Sergio Szpolski, el de los Olmos puede exhibir números de ventas y audiencia importantes, lo que lo pone a salvo de cualquier contingencia política. Se trata de un modelo novedoso en el universo kirchnerista, donde no predominan las sutilezas a la hora de reclamar alineamiento.