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La política y los medios están revolucionados. No se ve en la superficie todo lo que pasa,
pero sucede. Y habrá que ver a quiénes conviene. La Argentina de Cristina Kirchner muestra
una notable paradoja: aunque diga lo contrario, la Presidente sospecha del empresariado, lo
considera hostil a su proyecto, conspirativo. Son opositores, dice. Su “espada” económica, el
viceministro Axel Kicillof, cree en un mundo empresario sometido casi completamente a las
reglas del Estado. Sin embargo, de manera soterrada se están generando condiciones para
que se produzcan formidables transferencias de dinero privado, y de poder, de unos que
llegan, otros que se van y algunos que permanecen. Iremos por partes.
La confiscación de las acciones de Repsol en YPF fue una patada en el tablero del mercado
hidrocarburífero, pero no fue la única. A ese golpe le siguió el del decreto 1277, que lleva la
impronta de Kicillof y estableció un comité bajo su órbita que ha comenzado a tomar
medidas en ese sector, ninguna de ellas neutra. Mientras que mejoró la rentabilidad de las
empresas de GNC, afectó con dureza a las productoras de biodiesel, por ejemplo. Ese comité
intervendrá para que las competidoras de YPF no sigan subiendo los precios de la nafta y el
gas oil. La brecha entre los precios de la competencia y de la petrolera de bandera argentina
ya supera el 15 %, lo que –según anticipó el CEO de la compañía, Miguel Galluccio– obligará
a reajustarlos al alza. Esa suba será clave para el plan de inversiones de la empresa
anunciado recientemente.
En medio de sordos reacomodamientos, Eduardo Eurnekián firmó un memorándum de
entendimiento con Galluccio en el que se compromete a invertir 500 millones de dólares en
los próximos cinco años para exploración y explotación de yacimientos no convencionales de
gas y petróleo (shale). Oliendo cierta hostilidad cristinista, el octogenario empresario, un
zorro que no ha perdido las mañas, se apuró a suscribir un acuerdo que lo mantenga bajo la
sombra del poder actual. Pero no fue lo único.
También volvió a un “leit motiv” suyo y sondeó la posibilidad de recuperar el control del Multimedios América, el conglomerado queincluye América TV, la señal de noticias América 24 y radio La Red. Para esto mantuvo al menos dos encuentros con el diputado nacional Francisco de Narváez, que se desprendió de La Rural y no mantiene una fluída relación con sus socios en aquel grupo de medios, los mendocinos Daniel Vila y José Luis Manzano. De Narváez constituyó un fideicomiso en el que depositó sus acciones en el Multimedios: lo hizo por dos razones, porque la dupla cuyana lo alejó del control diario y le despidió a sus gerentes; y porque unas declaraciones suyas lo pusieron bajo la mira de la AFIP, que investiga cómo se produjo su crecimiento patrimonial.
¿Por qué Eurnekián volvió a pensar en manejar medios de comunicación? Porque en su
momento utilizó muy bien aquel multimedios, lo que le permitió acceder a negocios muy
interesantes con el primer kirchnerismo, entre ellos la concesión de 33 aeropuertos en el
país. Y a mantenerlos.
Lo mismo hicieron Vila y Manzano desde esa plataforma de medios. Manzano logró ahora
una interlocución con el poder que, a comienzos de la presidencia de Néstor Kirchner, era
impensada. Con el mismo esquema de “apriete y afloje”, y ofreciéndose como operadores
privilegiados en la Justicia para el Gobierno en su guerra con el Grupo Clarín, la inefable
dupla cuyana avanzó algunos casilleros.
En rigor, la situación del Multimedios Uno no es la misma que la que atraviesa el Grupo
Clarín y esto le permite imaginar a sus conductores un futuro promisorio de negocios. Vila se
reunió hace menos de un mes en su departamento de Buenos Aires con Marcelo Tinelli.
Las fuentes que revelaron el contenido del encuentro señalaron que un alto funcionario del
Gobierno nacional también participó de esa comida. Se habló allí de la posibilidad de adquirir
Telefé con un grupo que incluiría a Cristóbal López, el empresario K que se quedó con el del
Grupo Hadad, con Radio 10 y C5N como medios principales. El obstáculo fundamental es que
Telefónica Internacional, la dueña de Telefé, pretende cobrar por esa venta lo que el activo
vale, unos 380 millones de dólares. Una verdadera desubicación.
Tinelli pondría su popularidad y su capacidad facturadora, Manzano dice que la venia oficial para concretar la operación y López, el dinero, que hasta ahora no alcanza. Allí están tratando de armar una “vaquita” para quedarse con el canal de las bolas. Si lo lograran, claro, deberían vender América TV, pero no es algo que les preocupe: pasarían a jugar en las grandes ligas
televisivas. Y ese canal podría caerle en las manos a Eurnekián y a De Narváez. Un premio
menor, pero que puede ser importante de cara a una etapa política con turbulencias.
Por otra parte, la decisión de Telefónica Internacional de desinvertir en la región es un
hecho. Como a otras empresas españolas, el peso de su deuda, que supera los 57.000
millones de euros, se está haciendo insoportable y la conducción del grupo ordenó retirada.
De cualquier modo, debe ser una salida ordenada y públicamente pretenden que no hay
nada de eso, aunque resulta lógica la postura si aspiran a sacar por sus activos lo máximo
posible.
Otra española que ya se fue es Prisa, la dueña en Argentina de la red de radios Continental,
que fue vendida al fondo Liberty, que nada tiene que ver con Liberty Media, uno de las
accionistas de Fox Sports. Queda por verse cómo quedó la situación legal de Continental a
partir de este cambio de manos por la aplicación de la nueva normativa local, pero sigue
vigente el acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos de “nación más favorecida”, que
obliga a tratar las inversiones de aquel país como si fueran locales y viceversa.
Clarín, entretanto, imagina un “tour de force” desde el próximo 8 de diciembre por parte del
Ejecutivo. Hay solo dos alternativas frente a la inminente aplicación de la Ley de Medios:
una, que se inicie una negociación que le permita al multimedios de Héctor Magnetto una
salida ordenada de aquellos activos que debe vender, en aplicación del artículo 161 de la
norma. A esta altura del conflicto parece difícil que eso suceda. La otra es una intervención
lisa y llana del Gobierno en Cablevisión, la empresa de cable que contiene 2,5 millones de
clientes de TV paga y más de un millón de suscriptores de Fibertel, la empresa de Internet
de banda ancha que absorvió (Sigue su curso la causa iniciada por el Gobierno por la caída
de la licencia de esta empresa desde que fue fusionada con Cablevisión). Los burdos intentos
fallidos de un juez mendocino “manzanista” hasta aquí no han dado ningún resultado.
Los argumentos de la AFSCA para una intervención son conocidos, aunque esa medida no
haya sido explicitada. Clarín desconoció hace muy poco al ente de control porque aduce que
es ilegítimo debido a que su directorio no fue conformado con los representantes de la
oposición. Desde la AFSCA contestan que el multimedios avaló decenas de resoluciones que
lo involucraban en los últimos 18 meses. Para el Gobierno, una acordada de la Suprema
Corte declaró que están vencidos todos los plazos, por lo que el 8 de diciembre se abre
un “abismo legal” para Clarín. Los activos que el Gobierno establezca que están fuera de lo
establecido por la Ley de Medios podrían ser intervenidos para luego llamar a licitación y
venderlos.
Con servilleta, cuchillo y tenedor esperan Vila-Manzano, Alberto Pierri (dueño de Telecentro) y los grupos Electroingeniería e Indalo (el de López), entre otros. Cablevisión explica hoy el 70 por ciento de la facturación del Grupo Clarín. Un desguace, si fuera posible, reduciría sensiblemente su tamaño, y una virtual confiscación derivaría en una serie de juicios millonarios que ni este Gobierno ni el siguiente tendrían que afrontar. El mapa de los
medios y del poder cambiaría para siempre. Si para bien, esa es otra cuestión.
* Director de gacetamercantil.com