Por Julio Villalonga @villalongaj
Para el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, la presidente Cristina Kirchner “quiere implementar un país con un modelo chavista”. Lo dijo en un programa de televisión el martes por la noche y su equipo de comunicación lo tuiteó. También insistió en que el Gobierno nacional quiere que la Ciudad “entre en quiebra” y resaltó que “lo único que quieren es dañar a la Ciudad , es una matriz de trabajo joder a los porteños”.
Tras la mayor huelga en la historia del subte porteño, el gobernador de la Ciudad apuntó que que en el arreglo del conflicto “la Presidente o alguien de su gabinete intervino y dijo ‘levanten el paro’, porque los ‘metrodelegados’ son un invento del kirchnerismo”. Para Macri, el Ejecutivo nacional, la Presidente y sus principales ministros, “lo único que quieren es dañar la autonomía de los que piensan distinto”, no dan oportunidad de hablar y su “propia mediocridad los hace agresivos porque no pueden demostrar una idea y siempre descalifican lo que hace uno”.
Este es el balance del jefe de Gobierno porteño tras la huelga salvaje de los “metrodelegados”, huelga que ni ellos, ni los gobiernos nacional y porteño imaginaron nunca que derivaría por donde derivó, ni que terminaría de la manera que terminó. Tal grado de imprevisión deja al descubierto la forma improvisada en que toda la dirigencia se ha manejado y se maneja en la Argentina de hoy, con las consecuencias de tensión y autismo político que están a la vista de todos.
El paro en sí mismo no dejó nada. O, si se quiere, dejó un saldo devastador para todos en un esquema que no es de suma cero porque empobreció, más o menos, a todos los involucrados. Un millón de personas de rehenes de una pelea de dirigentes no puede impactar sino negativamente en los responsables de tamaño desatino. Los “metrodelegados” dejaron ver su inexperiencia y el complejo entramado político que les dio vida, en el que el kirchnerismo clasista de Luis D’Elía (Luis Segovia) y el moderado del diputado nacional Martín Sabatella (Roberto Pianelli) terminaron abrazados al trotskismo del PST (Daniel Dellacarbonara). Un cóctel semejante no podía augurar nada bueno.
La empresa Metrovías, que también gerencia ahora tres líneas de ferrocarril tras la caída de la concesión a TBA, puso sobre la mesa un dato incontestable: que sólo podía hacer frente al aumento de salarios reclamado por los trabajadores si había un aporte del concedente, el Gobierno nacional, que a su vez advirtió que ya había traspasado el servicio a la Ciudad.
Este minué patético podría haber seguido eternamente, pero el guiso que se cocinaba a fuego no tan lento, y con consecuencias políticas ya previsibles, obligó a parar el paro. ¿Quién tenía la llave? Básicamente el Gobierno nacional, que aunque lo nieguen sus portavoces llamó a Pianelli para que dejara de lado su intransigencia y se allanara a acordar algunas condiciones de trabajo para abrir un compás de espera que les permita negociar en otro contexto menos violento.
Con el paso de los días la crisis del subte comenzó a salirse de madre, algo que no convenía a ninguna de las partes. En primer lugar, algunos sectores de las bases comenzaron a criticar amargamente a los dirigentes de los “metrodelegados” por la falta de resultados de la estrategia de dureza elegida. A la vez, estar tantos días en los medios comenzó a derribar la cuidada estrategia del Grupo Roggio, el dueño de Metrovías, que en los últimos años se las arregló para mantenerse detrás de esa “marca” sin aparecer en los recurrentes conflictos sindicales que ha venido viviendo el Subte.
Con la UTA, ahora conducida por Roberto Fernández, el grupo de origen cordobés tenía todo atado, pero la aparición de los “metrodelegados” respondió, precisamente, a que los trabajadores se percataron de que ese sindicato los había entregado y, naturalmente, buscaron otra representación. Hoy esa dirigencia combativa crujió desde sus cimientos por primera vez desde 2006.
Como en otros conflictos que enfrentó, la situación de la Administración Macri lució débil. ¿La razón? Su sempiterna falta de política. El grave error que él mismo admitió en medio de esta crisis, el de haber tomado posesión aunque sea parcial del Subte con el acto jurídico de aumentar las tarifas, llevó al macrismo a un callejón sin salida. Ante las primeras mediciones que indican que el kirchnerismo estaría pagando en parte de los sectores medios su decisión de disciplinarlo económicamente, Macri habla ahora de la “desproporción” entre el poder del Ejecutivo nacional y el de los mandatarios provinciales. “No somos un país normal.
Las relaciones de fuerza entre el Gobierno Nacional y los Gobernadores son muy desiguales”, apuntó este martes. Se trata del primer argumento político de peso que esgrime desde que comenzó la huelga. Y probablemente desde que se inició su mandato. Es un argumento que puede incomodar a la Presidente porque por allí, por su excesivo ejercicio del poder, pueden filtrársele muchos de los votos que consiguió cuando en las últimas elecciones votaron sólo pensando en el bolsillo.
El micro de la Presidencia en la tanda de “Fútbol para Todos” cayó definitivamente mal en esos sectores, que no soportan los votos propios sino que son aquellos “flotantes”, estratégicos para ganar cualquier elección. Más allá del contenido del “spot”, al que el macrismo contestó con otro de urgencia en el que desnudaba sus “mentiras”, los críticos apuntaron al uso de un espacio televisivo público para denigrar a un opositor político. En esto se basa Macri para agitar el fantasma, también excesivo, del chavismo.
En tren de enormidades, las operaciones del Gobierno y el Grupo Uno para encontrar un juez capitalino que acepte el insólito planteo de un juez mendocino para intervenir la sede central de Cablevisión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rayan lo ridículo. Si el próximo 7 de diciembre comienza el año de plazo para que comiencen a vender activos los multimedios que se encuentren fuera de lo establecido por el artículo 161 de la Ley de Medios, no hay modo de que el Grupo Uno no se vea alcanzado por esa norma. Clarín y el conglomerado Vila-Manzano fueron los únicos que se presentaron con una cautelar para ir en contra de ese artículo de esa norma. Ellos dos lograron postergar la aplicación del famoso artículo. Todos los demás grupos que están en falta debieran haberse desprendido de los medios que no pueden controlar antes del 28 de septiembre pasado. No se conocen todavía las razones por las que no se los ha intimado a hacerlo, pero está claro que se acumulan así incumplimientos legales peligrosos si lo que se busca es aplicar la norma sin diferencias.
El próximo desafío de la Administración Kirchner será mostrar que la ley es la misma para todos, lo único que podría darle la autoridad moral para mantener la distancia que la separa de su enemigo público número uno, el Grupo Clarín. Hacer otra cosa supondría equipararse éticamente, como usar la tortura para castigar a un torturador.
*Director de gacetamercantil.com