En el año 2007, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reclamó que la Argentina dictara una norma de represión al terrorismo y propuso un texto que describía las conductas punibles en forma imprecisa y con excesiva amplitud, lo que llevó al gobierno de entonces a rechazar la propuesta; a cambio, se incorporó al Código Penal el delito de terrorismo dentro de las asociaciones ilícitas siguiendo el modelo alemán y fijando estrictamente cuáles eran las conductas delictivas, con sus correspondientes requisitos. Sin embargo, en diciembre de 2011 y, contrariando aquella lógica inicial, el gobierno nacional aceptó e instó a votar aquella vergonzosa propuesta del GAFI, contrariando incluso las objeciones de los organismos de derechos humanos más prestigiosos.
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