os vínculos entre el kirchnerismo y la YPF privatizada empiezan antes del 2003. Durante los 90s, los actuales interventores Julio De Vido y Daniel Cameron, el ministro de Planificación que no planificó y el secretario de Energía que nos llevó a la crisis energética respectivamente, fueron “miembros activos” -expresión literal del currículum de De Vido- de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). Cuando se privatizó YPF en 1992, Néstor Kirchner era el presidente de la OFEPHI, a la vez que secretario de Acción Política del Consejo Nacional del PJ.
Alessandra, tu síndica
Como parte de los acuerdos con el gobierno nacional de Carlos Menem, la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli, fue síndica suplente entre el 30 de abril de 1996 y el 14 de octubre de 1999. Integró el directorio de YPF durante la venta a Repsol. También durante la estafa a los ex trabajadores ypefianos. Como síndica representaba las acciones del Estado nacional, los provinciales y el 10% que se le había otorgado a los trabajadores por el Programa de Propiedad Participada (PPP) a principios de los noventa. Pero esas acciones nunca fueron repartidas como se había prometido. En la época en que la esposa de De Vido era síndica, el Estado nacional se las apropió para inmediatamente venderlas en la Bolsa de Nueva York, lo que significó la primera compra de acciones de Repsol en YPF. 4.677 trabajadores fueron obligados a desprenderse de sus acciones y cobraron un valor menor al real, mientras que 30 mil ex ypefianos (despedidos durante los 90s, posteriormente al PPP) no vieron un peso. La operación se hizo mediante el decreto 628/97 de Menem, con el aval previo de una reunión del Directorio de YPF que realizó un prospecto en donde se señalaba, falsamente, que se habían recabado las autorizaciones de los trabajadores accionistas. Por tal motivo, Alessandra Minnicelli fue procesada junto con otros funcionarios (el resto del directorio, Cavallo, Menem y otros) en la Causa Penal 8568/99, acusada de ser corresponsable por “acción u omisión” de hechos fraudulentos. A Miniccelli la defendió el estudio de Esteban Righi. Sobreseída por el juez Bonadio en 2006, en 2007 la causa -y la imputación- fue reabierta, y finalmente en 2011 la Sala I confirmó el sobreseimiento, en un fallo dividido ya que un juez (Horacio Cattani) votó por seguir la investigación. Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun utilizaron un curioso argumento: “una mala administración no se traduce en la comisión de un delito” aunque quede claro “la toma de decisiones que, vistas a la distancia, indudablemente no fueron las más convenientes para el universo total de los trabajadores de la empresa”.