Las medidas de democratización financiera, recomposición empresaria, soberanía energética, federalismo no estamental y autonomismo nacional que la Presidenta tomó sobre YPF pueden –y deben– significar una nueva perspectiva para la hipótesis general de una sociedad argentina emancipada. Los atributos de una democracia capaz de revisar con más fuerza las rigideces y desigualdades de nuestra sociedad siempre tuvieron que ver con la cuestión petrolífera. Esta no fue solo una cuestión de tecnología, perforación y metros cúbicos, sino también de sentido de la economía compartida y equitativamente distribuida. Y un poco más allá, de un llamado a construcciones políticas novedosas enraizadas en la conciencia colectiva. YPF no se equivocaba, desde sus orígenes, en ninguna de las tres letras que forman su sigla. “Yacimientos”, que significaba la economía descubierta en las napas profundas del territorio y una sutil apelación a lo que “subyace” y hay que recobrar; “petrolíferos”, porque la vieja y enigmática palabra que ya tiene varios siglos de antigüedad significaba el óleo que viniendo de rocas y huesos milenarios irrumpía en la era del capitalismo para definir, a favor o en contra, la suerte de los pueblos. En cuanto a “fiscales”, la expresión hoy suena un poco anacrónica o dislocada, entre tanta diversificación de su uso y tantas teorías del Estado decisionistas y no decisionistas. Pero no era así cuando en la época de Yrigoyen se le puso nombre. Fiscal significaba el poder público democrático operante, construyendo escuelas, viviendas, incluso poblaciones enteras y empresas fundadas en el interés público. Y aún hoy debe seguir significando eso.
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