El fallo de la Corte Suprema que se firmará hoy busca evitar que las mujeres víctimas de violación que resultan embarazadas y reclaman su derecho a interrumpir esa gestación forzada deambulen por los tribunales para obtener una autorización judicial, que ninguna ley vigente exige pero que habitualmente se impone como requisito en hospitales públicos para realizar ese aborto no punible. Ese tortuoso periplo, al que son empujadas muchas mujeres, lo tuvo que recorrer A.G., una adolescente de 15 años, que a comienzos de 2010 debió llegar hasta el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut para poder poner fin a un embarazo que, según denunció, era producto de un abuso sexual cometido por su padrastro –a quien ella creía su padre–, un policía que la sometía desde que tenía 11 años. A.G. tuvo que ir a la Justicia después de que en el hospital de Comodoro Rivadavia se negaran a realizar la práctica. Su reclamo también fue rechazado en primera y segunda instancia judicial. “Es terrible lo que han hecho.”
Un caso que dio pie al nunca más
Mariana Carbajal opina en Página/12 sobre el fallo de la Corte en torno a los abortos.