El 7D, antes que un día de fiesta para el Gobierno, se transformó en una suerte de pesadilla de la que querrá salir pronto, especialmente por las señales que llegan desde el norte, desde Estados Unidos.
El conflicto por los bonos, pese a la mano que la Corte neoyorquina le dio a Argentina al suspender la decisión de Griesa, no se alivia, puesto que el país ya debe concentrarse en el 17D, la fecha en la que debe normalizar el Indec, según el plazo que le dio el Fondo Monetario Internacional.
Y sobre esto, se conoció hoy una frase lapidaria. "La mentira que hay al respecto en la Argentina es algo que salta tan a simple vista que daña los ojos", dijo Joseph Kadane, académico de la Carnegie Mellon University. "El problema de esa mentira es que, si no la corrigen, estallará tarde o temprano y será peor para todos", añadió sobre la política oficial que lleva adelante el secretario de Comercio, Interior Guillermo Moreno.
Estas declaraciones las realizó durante un coloquio que la American Task Force Argentina (ATFA), el principal grupo de presión de tenedores de bonos de deuda en default, montó en dependencias de la Cámara de Representantes, a días de que el Fondo Monetario Internacional se siente a analizar la “calidad de las estadísticas argentinas, en particular los datos de la inflación, cuestión sobre la que el organismo ya advirtió que podría sacarle “tarjeta roja” al Gobierno.
El 25 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Cristina Fernández replicó a Lagarde por su alusión futbolera a la tarjeta roja. “La Argentina no es un equipo de fútbol, es un país soberano y no aceptará amenazas ni presiones”, y “ya que estamos en orden de comparar fútbol con política y economía, el rol del presidente de la FIFA ha sido más satisfactorio que el rol de los directivos del Fondo”, había destacado la jefa de Estado.
Hoy, La Nación informa que en el Congreso norteamericano no se omitió el reciente avance en ese cuerpo de una norma para sancionar financieramente a la Argentina, así como la próxima evaluación que hará el FMI de las estadísticas oficiales de inflación y de crecimiento económico.
"Nadie puede adivinar ahora si en esta próxima evaluación el FMI decidirá, o no, una sanción para la Argentina. Pero creo que, si no hay correcciones, eso llegará antes o después. La Argentina no puede vivir escapándose", dijo Robert Shapiro, uno de los voceros de la ATFA.
Una treintena de personas siguió la exposición. Entre ellos, miembros de la unidad de investigación del Congreso, un reconocido grupo de estudio independiente que asesora a legisladores.
"La Argentina está informando una inflación mucho menor de la que realmente tiene. Pero, con ser eso muy grave, lo peor es que el gobierno de Cristina Kirchner viola derechos humanos para mantener esa mentira", dijo Kadane.
Entre otros puntos, citó los casos de ex funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que fueron primero expulsados del organismo y luego demandados judicialmente por oponerse a las mediciones oficiales."Hasta el Congreso informa ahora una medición diferente a la oficial. Pero si los legisladores se atreven a hacerlo es porque tienen inmunidad y no pueden ser detenidos", subrayó.
La exposición incluyó la proyección de gráficos en los que se comparó la diferencia entre las curvas de medición oficial y privadas del índice de precios en varios países de la región.
En los casos de Venezuela, Brasil, Chile y Colombia, la diferenciación no era muy grande. En el caso de la Argentina, en cambio, "lastimaba los ojos" por lo aguda. "Hasta Venezuela es más transparente que la Argentina a la hora de medir la inflación", subrayó.
Al otorgar la prórroga hasta diciembre, el FMI había emitodo un comunicado en el que subrayó la “falta de progresos suficientes para implementar las medidas correctivas” en materia de índices desde la reunión del 1 de febrero y expresó a las autoridades nacionales su “preocupación porque la Argentina no ha alcanzado mejoras de conformidad con las obligaciones asumidas bajo el acuerdo del Fondo”. Fue la segunda prórroga que obtuvo la Casa Rosada para que mejore sus estadísticas económicas.